El Covid-19 se ensaña con los geriátricos

El número de víctimas mortales que el coronavirus dejó en las 5.457 residencias de ancianos españolas (públicas, concertadas o privadas) superó las 22.000 personas nueve meses después del estallido de la pandemia en España.

Frente a las dolorosas estadísticas que arrojaron algunas comunidades autónomas como Madrid o Cataluña, con más de 6.000 y 4.000 decesos, respectivamente, en sus residencias de mayores, Andalucía contuvo la expansión y con alrededor de 6.000 residentes confirmados como casos positivos de SARS-CoV-2, registró 1.376 fallecimientos hasta el 16 de diciembre.

El caos inicial abrió las puertas a una enfermedad mortífera, que empezó a correr a sus anchas por los centros de mayores. Se cebó con la población más vulnerable. «Entre marzo y agosto de 2020, al menos la mitad de las personas fallecidas en España con Covid-19 o sintomatología compatible, lo han hecho en estos centros. Si hubiera habido medidas para prevenir la entrada del virus y controlar los contagios en las residencias, la cifra de fallecidos en España podría haber sido menor». Así lo recoge el 'Informe Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de Personas Mayores y Covid-19 en España: dificultades y aprendizajes', elaborado por el CSIC.

En la «tormenta perfecta» que derivó en el horror vivido en primavera en las residencias de mayores influyeron cuestiones que no pueden cambiarse, según un documento elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, como que el virus golpeó más fuerte a los mayores o su alta contagiosidad. Pero se hizo referencia también a otros problemas como que, cuando se cerraron los centros, el virus ya estaba dentro; que las ratios de personal eran insuficientes o la mala coordinación con el sistema sanitario.

Desde el inicio de la pandemia, el personal se vio sobrepasado, sin recursos para la atención médica en los centros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el Ejército había encontrado ancianos fallecidos conviviendo con otros residentes en estos centros, pero la investigación judicial fue derivada a las fiscalías de cada región.

En el 'mea culpa' que entonó el Gobierno sobre las medidas de aislamiento aplicadas, aseguró en su informe que no siempre tuvieron en cuenta que, aunque la prioridad era evitar contagios y salvar vidas, los confinamientos pudieron provocar también «efectos graves» en la salud de las personas, más allá del riesgo del Covid-19.

La mayoría de los países estableció restricción de visitas, pero -se destacó en el informe- esta política por sí sola no protegió a las residencias de las infecciones y por eso se consideró «cómo hacer que las visitas fueran más seguras, reconociendo su impacto en el bienestar de las personas».

El fallecimiento de cientos de ancianos en soledad, sin que sus familiares hubieran podido acceder a la residencia para ver su estado o poder llevárselos a un centro hospitalario si así lo consideraban, puso en entredicho la gestión llevada a cabo por algunos de estos centros de mayores, que finalmente fueron denunciados.

En Málaga, la Fiscalía finalmente archivó las diligencias de investigación preprocesales abiertas sobre la residencia Santa Isabel, ubicada en el Puerto la Torre, después de que murieran 13 ancianos al no existir indicios de actuación negligente o inapropiada. De estos fallecimientos, siete ocurrieron tras el traslado al hospital y en estos se detectó la presencia de coronavirus; mientras que de los seis fallecidos en la residencia, solo uno de ellos se confirmó el contagio de Covid-19.

Aunque la situación fue muy diferente en la segunda ola y se establecieron protocolos para impedir que el virus volviera a ensañarse con la población de mayor edad, en Málaga, 186 personas fallecieron en el centenar de residencias de ancianos que tiene esta provincia, es decir uno de cada cuatro decesos se produjo en estos centros. Del total de fallecimientos en Málaga, 745 a fecha de 16 de diciembre, un 88 por ciento fueron personas mayores de 65 años.

Con objeto de evitar el caos de la primera oleada, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía puso en marcha varias medidas de control encaminadas a evitar el contagio de los residentes: habilitó dos pabellones en el Hospital Civil para ingresar en ellos aquellos ancianos que daban positivo tras practicarles una PCR o un test rápido de antígenos y que en sus residencias no podía aislarlos, y se empezaron a realizar test con frecuencia a los trabajadores de las residencias y a los mayores que vivían en ellas para controlar la posible aparición de un brote.

Aunque resultaron inevitables, en lo que se refiere a los 1.107 centros en toda Andalucía, el año cerró con el 94,8% libre de Covid-19 entre sus usuarios después de haber hecho desde abril hasta diciembre 563.938 test a residentes y trabajadores, arrojando un total de 9.645 positivos. Solo en las residencias de Málaga, hubo más de 400 empleados contagiados por Covid-19.

En esta segunda oleada, las residencias han estado mejor preparadas y desde Salud aseguraron que de los 22.000 mayores víctimas en residencias en España, solo un cinco por ciento correspondieron a Andalucía.

Al cierre de este anuario, todas las miradas estaban ya puestas en la llegada de las primeras vacunas Pfizer y Moderna. Sanitarios y ancianos serían los primeros en ponérselas. El principio del fin de un año tan histórico como aciago había llegado.