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En la mañana del lunes 4 de mayo, un terremoto político sacudió la política malagueña con unos efectos que aún colean a finales de este atípico año. Ese día, Juan Cassá anunció que abandonaba el que había sido su partido desde 2013, Ciudadanos, pero ... que continuaría en la política desde su puesto de no adscrito tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la Diputación Provincial, donde su formación es clave para garantizar la gobernabilidad, en especial en la Casona del Parque. A medida que pasaron las semanas y se fueron desarrollando los acontecimientos, esa decisión destapó los movimientos que se habían producido sobre una posible moción de censura entre el PSOE y los liberales en las dos principales instituciones de la provincia.
Desde antes de las últimas elecciones municipales, las relaciones de Cassá con su partido no eran buenas y el político asturiano aprovechó la celebración de la asamblea general de primavera que ratificó el liderazgo de Inés Arrimadas en sustitución de Albert Rivera para romper amarras con la formación naranja. «Ciudadanos comienza una nueva etapa y considero que ha terminado un ciclo para mí. Ya no siguen liderando el partido las mismas personas con las que empecé ni los planteamientos y principios son los mismos que yo compartía plenamente y que me llevaron a participar con gran ilusión en el proyecto», anunció en sus redes sociales.
En un primer momento, esta decisión dejaba en minoría al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, y tenía menor repercusión en la Diputación ya que allí al presidente Francisco Salado le bastaba con el apoyo del otro diputado naranja, Juan Carlos Maldonado para mantener la mayoría absoluta. Pero el PP no quería sorpresas y maniobró con un acercamiento a Cassá que se tradujo en su nombramiento como portavoz del equipo de gobierno en la institución provincial (hasta entonces era coportavoz) y diputado de Relaciones Institucionales, amarrando la estabilidad en ambas instituciones.
Sin embargo, este movimiento político llevó a Ciudadanos a amagar con romper sus pactos de gobierno con el PP en el Consistorio y la Diputación, pero, hasta el momento de cerrar esta edición, ni Noelia Losada ni Juan Carlos Maldonado han dado ningún paso en ese sentido, así como tampoco la dirección de los naranjas, que acusa a Cassá –al igual que hacen el PSOE y Adelante Málaga– de ser un tránsfuga.
Pero la madeja del 'caso Cassá' tiene más hilos que se fueron conociendo tras su decisión. El principal es que dejó al descubierto los movimientos que se habían producido a finales de diciembre del pasado año –tras el batacazo electoral de Ciudadanos en las generales– cuando Maldonado, vicepresidente de la Diputación, y el propio Cassá se reunieron con los socialistas Francisco Conejo (integrante de la dirección andaluza del PSOE y José Bernal (portavoz en la Diputación). Contactos que suelen ser habituales en política pero que en esta caso tenía un valor trascendental ya que se llegó a especular sobre una moción de censura en la Diputación y con efecto dominó en el Ayuntamiento que llevara a los socialistas al poder en ambas instituciones. Los contactos vía mensajes continuaron y llegaron a oídos del PP, que maniobró atrayendo a Cassá a su terreno para desactivar cualquier movimiento político.
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Las nuevas responsabilidades de Cassá en el equipo de gobierno de la Diputación contaron en un primer momento con el visto bueno de Maldonado y de la dirección regional –ahí Elías Bendodo convenció a su compañero de gobierno en la Junta y líder naranja en la región, Juan Marín–, pero hacía falta el beneplácito de la dirección nacional del partido. Y ahí afloraron las divisiones internas de los naranjas por el enfrentamiento entre las cúpulas de Madrid y Sevilla. Ello llevó a que desde las filas liberales, incluido Maldonado, se empezara a llamar tránsfuga a Cassá.
Otro de los hilos de este caso llega hasta la Ciudad de la Justicia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga admitió a trámite el recurso presentado por el PSOE en la Diputación contra la convocatoria y los acuerdos adoptados en el pleno extraordinario y urgente del 24 de junio de este año, en el que se modificó la estructura organizativa de dicha institución para formalizar las nuevas atribuciones del diputado no adscrito. A todo ello se une el debate sobre el sueldo del concejal y diputado no adscrito (ronda los 93.000 euros entre lo que cobra del Ayuntamiento y la institución provincial).
El año termina con Juan Cassá desempeñando sus responsabilidades de gobierno, con la vía judicial aún abierta y un Ciudadanos que a pesar de su amago continúa en los equipos de gobierno del Ayuntamiento y la Diputación Provincial.
Un Ciudadanos que este año ha estrenado liderazgo en Málaga con la designación del diputado nacional Guillermo Díaz como coordinador provincial en sustitución de quien hasta ese momento venía ocupando el cargo como portavoz del partido, el parlamentario autonómico Carlos Hernández White.
Díaz es un político de la máxima confianza de Inés Arrimadas, de cuya dirección nacional es integrante, y con este nombramiento ve fortalecido su papel en Ciudadanos en Málaga, donde se ha marcado como prioridades mejorar la comunicación interna con los afiliados y escucharlos y continuar la expansión e implantación territorial.
Otro partido que estrenó este año liderazgo en la provincia fue Vox, aunque fue breve. La formación ultraconservadora convocó primarias que tuvieron que repetirse por la denuncia de presuntas irregularidades de los candidatos que nunca fueron precisadas. En la segunda convocatoria, el aspirante del sector crítico, Enrique de Vivero, se impuso al de la corriente oficial y hasta entonces presidente provincial, José Enrique Lara.
Sin embargo, cuando no llevaba ni un mes en el cargo, De Vivero presentó su renuncia al cargo aduciendo desavenencias «irreconciliables» con miembros de la dirección y denunciando que no tenía el apoyo de la cúpula nacional. Su decisión reabrió la crisis interna de Vox en Málaga y la dirección encabezada por Santiago Abascal decidió crear una gestora en la provincia, al frente de la cual situó a una persona de su máxima confianza, la diputada en el Congreso por Málaga, Patricia Rueda, quien deberá formar un equipo para pacificar a la formación.
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