Enseñar y aprender en la distancia

El confinamiento en casa fue una dura prueba para profesores y alumnos. Los docentes tuvieron que ponerse al día en las nuevas tecnologías, en Clasroom, Meet o Moodle. Y los estudiantes a saber utilizarlas. En muchos casos los padres también se vieron involucrados en la formación de sus hijos, ayudando en esta situación inédita.

Pese a los esfuerzos realizados por autoridades y profesores, la pandemia dejó a muchos alumnos atrás. Según cálculos de la propia Consejería de Educación, cerca de 90.000 alumnos se 'desconectaron' en el tercer trimestre. De ellos, unos 30.000 por falta de medios digitales. Andalucía cuenta con casi 1,8 millones de estudiantes. Durante el confinamiento, la Consejería repartió 7.400 tablets y 7.800 tarjetas SIM a alumnado en riesgo de exclusión. Por su parte, muchos centros educativos enviaron a casa de sus alumnos los portátiles que estaban disponibles.

La Universidad también apoyó a los alumnos en peor situación económica, o que por la pandemia habían empeorado la misma. Así, se repartieron 117 portátiles y 321 tarjetas de memoria. Otra de las acciones puesta en marcha por la UMA fue retrasar los plazos para el pago de las matrículas universitarias.

Aunque el estado de alarma se levantó en mayo, el curso no recuperó la normalidad hasta septiembre. La evaluación final en un curso tan atípico, con el tercer trimestre sin clases presenciales, fue un nuevo choque entre la Consejería y el Ministerio de Educación. La ministra Celaá propuso relajar las exigencias y prácticamente el aprobado general (que el suspenso fuera algo excepcional), algo a lo que el consejero Javier Imbroda se negó: el tercer trimestre serviría para subir nota y mejorar las calificaciones y se negó a otorgar aprobados generales. Discrepancias de criterio que se han vuelto a poner de manifiesto con la nueva ley de Educación.

La pandemia obligó a retrasar la selectividad y puso a prueba la capacidad organizativa de las universidades. En el caso de Málaga, se habilitaron más sedes y más correctores. A los exámenes se presentaron más alumnos que en cursos anteriores. El cambio en el modelo de examen (se pasó de una prueba con dos opciones para elegir y desarrollar una, a un examen con varias preguntas a elegir) favoreció que más alumnos aprobaran y que mejorara la nota final. En concreto, en la convocatoria ordinaria (que se retrasó a los primeros días de julio) aprobaron el 92,8% de los alumnos, con una nota media de 6,57, dos décimas superior a la del año anterior. También en la convocatoria extraordinaria de septiembre mejoraron los datos: con un menor índice de aprobados (el 74%) la nota media fue de 6,26, cuando el año anterior había sido un 5,96. Para este año se mantiene el mismo sistema de examen.

Las circunstancias extraordinarias por las que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia siguen condicionando la acción educativa. El curso 2021/21 comenzó con muchas incógnitas, dudas y cambios de última hora. Padres y docentes mostraban a comienzos de septiembre sus dudas respecto a las condiciones de seguridad en los colegios. Durante el verano comenzaron actuaciones en 57 centros, de 24 localidades de la provincia por un importe de 6,3 millones de euros. El plan especial para hacer frente a la pandemia ha añadido otras 193 actuaciones, en 160 centros educativos públicos de 54 localidades, y por valor de 4,3 millones de euros. Antes de comenzar las clases, los 27.000 docentes y personal de los centros educativos malagueños pasaron una prueba Covid. El test se repetirá a la vuelta de las vacaciones de Navidad.

La dotación de material también ha sido muy importante en el nuevo curso: en Málaga se han repartido 17.300 ordenadores en 600 centros educativos. Y la inversión en personal: La Consejería de Educación ha incorporado a los centros educativos andaluces un total de 6.949 efectivos para hacer frente a la pandemia, lo que supone un incremento del 6,81 por ciento de la plantilla docente del sistema educativo público. También se ha incrementado la plantilla de los centros concertados, en otros 1.200 maestros y profesores, y la de los servicios de limpieza de los centros que dependen de la Consejería, 1.200 personas.

A pesar de las dudas de muchos, el primer trimestre ha transcurrido con gran normalidad, poniendo de manifiesto que los centros docentes son espacios seguros y el gran nivel de responsabilidad que muestran los alumnos.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha puesto en pie de guerra a la enseñanza concertada y privada con la ley educativa que ha impulsado, la LOMLOE, también rechazada desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular. La ley superará sin problemas el trámite parlamentario. Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la LOMLOE, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido. Por el momento, porque su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarma. Por la forma, porque esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados. Pero, sobre todo, porque es «una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza», señalan estas organizaciones. Los sindicatos también tienen posiciones encontradas. El apoyo a la ley de Comisiones Obreras y UGT contrasta con el rechazo desde CSIF o ANPE, sindicatos mayoritarios en la enseñanza, que destacan que se ha perdido una oportunidad para trabajar en el necesario pacto educativo.

La enseñanza privada y concertada ha salido a la calle para mostrar su rechazo a una ley que consideran ataca la libertad de elección de centro. El consejero Javier Imbroda mantiene sin embargo que, en Andalucía, la enseñanza concertada no corre ningún tipo de riesgo.