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La justicia debe determinar si el tiempo transcurrido ha saldado por prescripción las cuentas que el exconcejal de Marbella Carlos Fernández tiene con la justicia. Pero la cuenta monetaria está saldada desde hace nueve años. Al menos, la correspondiente a la única sentencia ... firme que pesa sobre el exedil, huido de la justicia en junio de 2006 y detenido el pasado viernes en la ciudad argentina de San Juan, donde vivía de incógnito, y que establecía que debía devolver al Ayuntamiento de Marbella 80.000 euros.
Fernández fue condenado en 2005 por la Audiencia Provincial de Málaga, y dos años más tarde en sentencia firme por el Supremo, a dos años de prisión por malversar esa cantidad del club de fútbol Unión Deportiva San Pedro, entidad que en el momento de producirse los hechos, cuando era concejal de Deportes de Marbella por el GIL, pertenecía al Ayuntamiento. Según la sentencia, en 1998 el entonces concejal se apropió de esa cantidad de dinero, que procedía de subvenciones municipales y estaba destinada al pago de los salarios de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro.
La sentencia, por un delito de malversación de caudales públicos, fue dictada en diciembre de 2005 y fijaba en dos años, la mitad de lo solicitado por el fiscal, la pena de prisión para Fernández al tomar en cuenta la dilación indebida en la resolución de la causa, que se prolongó durante siete años.
Al no tener Fernández antecedentes penales en aquel momento, el exedil no entraría en prisión, aunque para ello debía satisfacer la indemnización de 80.000 euros en favor del Ayuntamiento de Marbella de manera solidaria con otro condenado, un empleado municipal. Tras aquella sentencia Fernández abandonó su escaño en el Ayuntamiento y cuando la misma adquirió firmeza, en 2007, el exedil ya llevaba un año prófugo. Sin embargo, el 25 de enero de 2008 se produjeron en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales correspondientes a la Audiencia Provincial de Málaga sendos ingresos relacionados con esta causa. Uno de 41.519 euros a nombre de Carlos Fernández y otro de 38.819 euros a nombre del trabajador municipal también condenado.
Según fuentes de la defensa de Fernández, el pago a nombre del empleado municipal fue realizado con dinero procedente de un crédito solicitado por el padre del exedil.
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