Carlos Fernández, enviado a prisión en Argentina hasta que se resuelva su extradición

Fernández, que huyó de Marbella en junio de 2006, durante la segunda fase de la ‘operación Malaya’, se encontraba prófugo desde entonces. Según la Policía Federal Argentina, se había sometido a varias intervenciones quirúrgicas con el fin de cambiar su fisonomía y pasar inadvertido ante las autoridades. Así consta en el parte emitido ayer por la División Crimen Organizado y Trata de Persona de esa fuerza, al que ha tenido acceso este periódico.

La detención, que según la información de las autoridades argentinas se produjo en el domicilio de Fernández, tiene lugar al día siguiente de que se conociera que su defensa había reclamado la declaración de oficio de las causas en las que está inmerso. Fue practicada por la Agencia Regional de Cuyo del citado cuerpo de seguridad a las dos de la madrugada, según ha podido confirmar este periódico de fuentes argentinas. En la operación no se encontraron ni dinero, ni vehículos, ni objetos de valor, según refleja el parte policial.

El Ministerio de Seguridad de Argentina explicó ayer en un comunicado que el operativo se realizó tras una «exhaustiva investigación criminal» que incluyó seguimientos y tareas de campo. «La cooperación internacional que promovemos en el ámbito de Interpol arroja resultados concretos. Este arresto fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Argentina y España», aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Fernández no tenía cargos pendientes en Argentina, según consta en la documentación a la que accedió este periódico, aunque sí figuraba como buscado con categoría ‘índice rojo’ para su detención a solicitud de las autoridades españolas y también a requerimiento de Interpol desde el año 2014.

Aunque el entorno de Fernández informó ayer de que el exedil se había entregado por su propia voluntad, la documentación de la policía argentina refiere a una actuación realizada para su individualización y detención. La orden de detención contra Fernández estaba siendo tramitada con un sumario fechado en este año por un juzgado federal argentino. Un juzgado de la provincia de San Juan se ha hecho cargo del caso. Ahora, la justicia argentina deberá resolver sobre su extradición una vez que las autoridades españolas informen sobre si las causas que tienen pendientes han prescrito. Ayer, el exconcejal, que cuenta con los servicios de sendos equipos jurídicos a ambos lados del océano, prestó declaración en el juzgado sanjuanino y posteriormente fue enviado al penal de Chimbas, del Servicio Provincial de Prisiones. Fuentes consultadas por SUR explicaron que la duración de los trámites depende ahora de lo que se demoren las autoridades españolas en enviar la información.

Tras producirse la detención en Argentina, el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, donde se instruyó el ‘caso Malaya’, recibió ayer la comunicación formal por parte de la Interpol de la detención del Fernández en el país sudamericano. El Juzgado analizará en los próximos días si los delitos por los que está procesado han prescrito para iniciar o no el proceso de extradición.

La defensa del exedil ha explicado que con su entrega voluntaria a las autoridades del país sudamericano, Fernández persigue que se inicie el proceso de extradición y de esa manera conseguir que se declare la prescripción de las causas en la que se encuentra inmerso. Así podría regresar a España sin ser detenido. La defensa de Fernández, que ejerce su hermano Antonio, decidió optar por esta estrategia después de que los juzgados en los que el exedil tiene causas pendientes no le permitieran personarse en las mismas. El letrado presentó escritos en dos juzgados de instrucción de Marbella, el 3 y el 5, para solicitar la declaración de oficio de la prescripción de las causas, al haber pasado más de diez años desde que se declarara la busca y captura. Sin embargo, la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, que actuó como tribunal del ‘caso Malaya’, no permitió la personación del abogado al considerar que no contaba con los poderes para ello. Ello dio lugar a que el letrado presentara un recurso de queja y optara por cambiar de estrategia. Antes de huir de la justicia, Carlos Fernández firmó poderes de representación a un letrado, que ejerció su defensa en ausencia hasta hace tres años, cuando la familia del exconcejal decidió que la representación legal la asumiera su hermano Antonio. El anterior letrado le dio la venia y con ello Antonio Fernández considera que basta para que se le permita ejercer la defensa.

Al no conseguirlo, explicó, ha optado por la estrategia de entregarse en el lugar donde se encuentra y que de esa manera, al iniciarse los trámites de extradición, pueda obtenerse la declaración de oficio de la prescripción de las causas y al mismo tiempo estar permanente informado del estado de la tramitación.

Sobre Fernández pesan al menos tres causas pendientes en España. Una condena firme de dos años y medio de prisión por malversación de caudales públicos en perjuicio del Ayuntamiento de Marbella, el procedimiento del ‘caso Malaya’ y un tercer procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella. En ‘Malaya’, Carlos Fernández estaba señalado como posible autor de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y cohecho pasivo, aunque nunca llegó a ser formalmente imputado porue huyó antes de ser detenido en la segunda fase de la operación. Los acusados que estaban en una situación similar a la suya y a quienes el fiscal señalaba como un idéntico grado de responsabilidad en la estructura de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella -Marisol Yagüe e Isabel García Marcos.