Más de un millar de taxistas de la provincia de Málaga, según las organizaciones del sector, han participado en la concentración que el gremio a nivel andaluz ha protagonizado este jueves en Sevilla en protesta por la decisión de la Junta de aprobar un decreto autonómico que permitirá a las empresas de VTC como Uber, Cabify o Bolt ... seguir realizando trayectos íntegramente en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. La afluencia ha sido masiva, pero a costa de un paro parcial que durante la mañana ha dejado a la mitad las flotas de la capital y de toda la Costa del Sol, provocando que conseguir un taxi en las horas punta haya sido una odisea y con decenas de viajeros esperando en las paradas más céntricas. «Pedimos disculpas a los viajeros que hayan podido verse afectados. Si hemos apoyado esta protesta es porque ahora mismo nos estamos jugando nuestro futuro», comenta el presidente de la Confederación de Taxis de la Costa del Sol, Miguel Ángel Martín.
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En cuanto al conflicto en sí, el sector se mantiene firme en sus exigencias de que se impongan más restricciones y un mayor control sobre la actividad de los VTC. Coincidiendo con la protesta, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha mantenido un encuentro con los representantes del gremio y han quedado en retomar las conversaciones el próximo lunes. Previamente, durante la sesión de control al Gobierno regional en el Parlamento, Carazo pedía «confianza» y reiteraba su ofrecimiento al «diálogo» con el sector del taxi ante la regulación de la actividad de los VTC.
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En la misma línea, el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, se comprometía a seguir negociando «hasta el último minuto, hasta la extenuación» para la regulación de las VTC, consciente de la necesidad de buscar «un acuerdo razonable», aunque «nunca se contente a todos».
Medidas planteadas por la Junta
A falta del documento definitivo, la principal medida que contempla la Junta de Andalucía para limitar la actividad de los VTC es el establecimiento de «zonas de especial protección» en las que estos vehículos no podrán parar ni circular a la espera de clientes, proponiéndose una distancia mínima de estacionamiento de 300 metros en aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y autobuses; y de 150 metros para otros espacios como hospitales, hoteles de cuatro estrellas o más, juzgados o instalaciones donde se celebren eventos.
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En esta misma línea de impedirles la captación de usuarios, la Consejería de Fomento también pretende prohibir la geolocalización de los vehículos previa a la contratación. En paralelo, también ha puesto sobre la mesa otras medidas como exigir a los conductores de VTC la superación de una prueba de capacitación profesional como la que hay que aprobar para ser taxista; reforzar las inspecciones y el control de su actividad; endurecer las sanciones; o que los automóviles tengan unas medidas mínimas, de manera que siempre se utilicen para este fin berlinas de representación, y no utilitarios convencionales.
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