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Juan Cano y Jon Sedano
Málaga
Lunes, 9 de octubre 2017, 00:44
La familia de Lucía Vivar sigue buscando una explicación que aclare cómo una niña que acababa de cumplir tres años pudo recorrer los 4.200 metros que separan la estación de Pizarra, donde desapareció la noche del 26 de julio, del lugar donde se encontró ... su cuerpo, que yacía entre los raíles con un traumatismo craneoencefálico severo. Para avanzar en la investigación, los padres han pedido ayuda a Pizarra, Álora y Alhaurín el Grande, tres municipios marcados de un modo u otro por la tragedia.
La teoría oficial dice que la niña de tres años se apartó de su familia, que cenaba en el bar de la estación, se desorientó y caminó esos 4.200 metros de noche hasta que, agotada, se tumbó en las vías, donde habría sido golpeada por el tren. Los padres nunca han dado crédito a esta versión, ya que consideran «imposible» que la menor recorriera sola, en sandalias y a oscuras –la visibilidad lunar era del 8,4% esa noche– semejante distancia y que su cuerpo no presentara las lesiones propias de las múltiples caídas que, según esa hipótesis, debió de sufrir.
La familia, que ha reclamado públicamente que la investigación oficial llegue hasta el fondo del asunto, ha aportado al juzgado varios informes con pruebas complementarias y testigos para aclarar si, como ellos sospechan, hubo terceras personas detrás de la desaparición y muerte de la niña. Para ello, los padres han mantenido una reunión con los alcaldes de los tres municipios implicados en el caso: Pizarra (donde desapareció la niña y posteriormente se encontró su cadáver); Álora (localidad a la que se dirigía el tren de Cercanías que supuestamente la golpeó); y Alhaurín el Grande (donde reside la familia).
En el encuentro, que se celebró hace 15 días, se abordaron dos cuestiones: la ayuda que cada uno de los municipios puede brindarles y la participación de éstos como acusación popular en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga. En cuanto a lo primero, los tres regidores lo tienen meridianamente claro: sus pueblos se volcarán en ayudarlos. «Además del apoyo moral que ya se está dando, en el caso de que necesiten infraestructuras básicas para realizar una campaña con la que exponer su versión de los hechos, se les dejarán», expuso el alcalde de Álora, José Sánchez.
La familia de Lucía no descarta la posibilidad de tener que organizar actos benéficos para buscar fondos con los que financiar la investigación privada que están desarrollando. El regidor de Pizarra, Félix Lozano, explicó que en realidad «no es mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora, ya que se les ha ofrecido apoyo desde el primer momento, pero logísticamente se pondrá a disposición de ellos lo que haga falta». Antonia Ledesma, alcaldesa de Alhaurín el Grande, añadió que al sobrevenirles todos los gastos, que afrontan con el presupuesto limitado de una familia, «les facilitarán todo lo que les sea necesario, como por ejemplo el teatro, la televisión o la radio municipales».
En lo referente a personarse como acusación popular en la causa, el alcalde de Álora confirmó que «están estudiando hacerlo para evitar que se cierre el caso». Ledesma subraya que, por el momento, «no se ha planteado ninguna acción directa contra Adif, ni contra nadie».
Aunque al igual que los padres se muestra poco convencido de la hipótesis oficial del suceso, el alcalde de Pizarra, por su parte, añade que por el momento, no se contempla ninguna acción inmediata al estar abierta la investigación de la Guardia Civil. De ser necesario, «tendrían que valorarlo los ayuntamientos presentes, se harían los trámites y se plantearía», aunque no ve problema en personarse en la causa, ya que «estamos a favor de la familia» en todo lo que están pidiendo para aclarar lo que ocurrió aquella noche.
Aparte del apoyo institucional, han sido muchos los vecinos de la comarca que han mostrado su apoyo a la familia, que ha recibido más de cien correos electrónicos en la cuenta sosluciavivar@gmail.com con información y posibles pistas de qué pudo suceder.
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