Ha puesto todo de su parte para evitar un patronato extraordinario, pero a Braulio Medel se le agota el tiempo antes de dar explicaciones sobre la retirada de fondos al Unicaja Baloncesto. El presidente de la Fundación Unicaja ha convocado una reunión ordinaria este ... viernes al filo del mediodía, aunque en un nuevo intento por contener la corriente crítica acrecentada en los últimos meses no ha incluido el asunto en el orden del día. Ni rastro de la ayuda revocada que mantenía con oxígeno al club de Los Guindos. El detalle no ha pasado desapercibido entre los patronos, que reclaman información y la apertura de un debate sobre el impacto real de la medida, que deja al equipo que lleva su nombre en la cuerda floja. Las protestas por la falta de un punto específico sobre la situación económica del Unicaja han sido amortiguadas hasta ahora por la Fundación, que remite a un informe que presentará el propio Medel, momento en que el tema podrá ser discutido.
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Desde la Fundación justifican su silencio alegando que «la normativa de las fundaciones determina que las materias tratadas en sus patronatos están sometidas al deber de confidencialidad tanto por parte de los patronos como de la propia Fundación». Pero este periódico ha podido saber que varios patronos han mostrado su disconformidad por la falta de un punto concreto en el orden del día que aborde este asunto y demandan información previa a la reunión, con el objetivo de poder analizarla y plantear posibles dudas.
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José Vicente Astorga
Alberto Gómez
Medel ha construido un muro en apariencia inexpugnable en torno a su gestión, más cuestionada que nunca después del aluvión de críticas recibidas por el trato dispensado al club de baloncesto del que la Fundación Unicaja es propietaria, entre ellas de representantes públicos como Noelia Losada, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Málaga. Para los patronos, en cambio, el silencio parece una orden. «No puedo hacer ninguna declaración», resume Javier Arcas, representante del Obispado en el Patronato.
En privado muchos aseguran ser partidarios de mantener el apoyo al baloncesto. «No quiero que se rompa la vinculación con el club», defiende uno. «El equipo es una de las señas de identidad de la Fundación», añade otro. Pero son escépticos sobre la posibilidad de rectificación: «¿Tú has visto alguna vez perder una votación a Braulio Medel?». Otro insiste sobre el control que el presidente tiene sobre cualquier asunto: «Esto es otro truco. Esconde el conejo y sólo deja a la vista la chistera».
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Pero Medel también cuenta con apoyos hasta ahora incondicionales. El más inesperado, al haber sido elegido por la Junta de Andalucía, es Antonio Jesús López Nieto, convencido de que el asunto «se debatirá seguro». El exárbitro, mano derecha de Elías Bendodo, reduce la polémica a un «invento» mediático y mantiene que votó «en conciencia» cuando la retirada de la ayuda fue aprobada, en diciembre. «Sabía lo que votaba. Hablé con quien tenía que hablar y lo entendió perfectamente», explica, dando a entender que el propio Bendodo y por tanto el Gobierno andaluz conocían la retirada de fondos al equipo. López Nieto solicita además que se dirija el foco «a la situación financiera del club», aunque no aclara por qué, e insta a los implicados a aportar «soluciones viables» una vez analizada «la situación de la Fundación, del Banco y del equipo».
En el entorno de Bendodo recuerdan que no hace «declaraciones específicas» y remiten a sus comparecencias como portavoz del Gobierno autonómico, donde «os atiende sin problema». También la Diputación está representada en la Fundación. Fuentes de esta entidad sostienen que el tema «puede y debe salir» y recuerdan que el presidente Francis Salado «ha estado en contacto con los presidentes del Banco y de la Fundación, quienes le han trasladado un mensaje de tranquilidad con respecto al futuro del equipo».
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La retirada de la subvención al baloncesto profesional supone el último capítulo de la crisis que atraviesa la Fundación, salpicada por los cobros de Medel como consejero en otras empresas cuando la ley exigía que cualquier remuneración ajena a la entonces caja de ahorros fuera ingresada en la entidad. El asunto ha salido a la luz más de una década después al conocerse el contenido de los informes del Banco de España, cuyos inspectores concluyeron que no era posible determinar la legalidad de estos cobros.
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