Nadie conoce a Braulio Medel

Medel, que llevaba al frente de la caja desde 1991, pilotó ambas instituciones hasta 2016, cuando agotó el plazo que la ley ofrecía para simultanear la presidencia de la fundación y el banco. El economista pasó entonces a presidir la Fundación Bancaria Unicaja, aunque con el plan de no perder del todo el control sobre Unicaja Banco, de la que la Fundación era y sigue siendo máxima accionista. Su gestión había estado marcada por un conservadurismo que la crisis del ladrillo demostró inteligente, aunque también por una desmesurada influencia de la política sobre sus consejos de administración, integrados por miembros que a menudo carecían de conocimientos del sector financiero y cuyo único mérito aparente era la pertenencia, casi siempre histórica, a un partido. Y de cualquier sigla posible, porque Medel supo atraer a todas las fuerzas representadas en la Junta hasta convertir los principales órganos de Unicaja en un espejo del Parlamento: mayoría socialista con concesiones al PP, Izquierda Unida y el Partido Andalucista.

Así, rodeado de altos cargos afines, aunque fuera a costa de evitar profesionalizar sus equipos, Medel blindó su presidencia y despejó el camino de posibles obstáculos. Pero el Banco de España, durante una inspección en 2007, descubrió que los miembros de los órganos de gobierno de Unicaja habían cobrado 305.000 euros el año anterior, en 2006, por su participación en consejos de administración de otras sociedades. Los inspectores concluían que no era posible determinar la legalidad de estos cobros porque la normativa impedía que los presidentes de las cajas realizasen cualquier otra actividad retribuida, salvo en representación de la entidad, en cuyo caso el importe recibido debía ser ingresado en las cuentas de la caja. El Banco de España envió aquel informe a la Junta, que lo guardó en un cajón durante diez años, primero con José Antonio Griñán y luego con Carmen Martínez como consejeros de Economía y Hacienda.

Sólo en 2017, con María Jesús Montero como consejera, el Gobierno andaluz movió ficha. Por entonces ya todo había cambiado: Unicaja había dejado de ser una caja de ahorros para convertirse en un banco y Medel ya no ocupaba la presidencia de la entidad aunque seguía, como ahora, al frente de la Fundación. Conscientes de estos vaivenes, desde la Consejería solicitaron información a la Fundación Bancaria Unicaja por «una posible información discordante en materia de incompatibilidades». El requerimiento de la Junta recordaba que la presidencia ejecutiva de las cajas de ahorros debía ejercerse «en régimen de dedicación exclusiva» y que la presencia en consejos de administración estaba limitada por ley. Resulta ilustrativo que la Junta no se dirigiese a Unicaja Banco sino a la Fundación: Medel era el claro destinatario de aquella solicitud.

La Fundación envió una alegación de 36 páginas para defender «la completa regularidad» de los cobros recibidos por Medel basándose en «la interpretación razonable de las normas jurídicas». La institución considera que su presidente recibió indemnizaciones permitidas en concepto de «dietas», aunque las cantidades superan por mucho cualquier cobertura de posibles gastos derivados de la representación en cualquier consejo: sólo entre 2004 y 2010, según los informes anuales a los que ha tenido acceso este periódico, estos cobros ascendieron a más de tres millones de euros. El aviso del Banco de España, que también alertaba del excesivo control de Medel sobre la caja de ahorros y recomendaba «el deslinde» de las responsabilidades, se repitió en 2009. Según informa El Confidencial, los inspectores señalaron en esta segunda ocasión que la cúpula de la caja, principalmente Medel, había recibido 408.000 euros cuya legalidad no era posible concluir. La Comisión de Control de Unicaja, encargada de fiscalizar la gestión de la entidad, estaba presidida en aquellos años por Ramón Sedeño, condenado por un caso de facturas ficticias. El secretario general, nexo entre el consejo de administración y la comisión de control, era Ángel Fernández Noriega, acogido a una prejubilación voluntaria tras declarar por el supuesto pago de cerca de un millón de euros a Ausbanc para conseguir que retirasen la imputación a Medel en caso de los ERE.

A las remuneraciones en consejos de administración se suman los posibles cheques irregulares al portador que Medel cobró de Iberdrola, una de las decenas de empresas de cuyo consejo de administración ha formado parte, y que están siendo investigados en el marco del 'caso Villarejo'. También su papel en la reciente fusión de Unicaja y Liberbank está rodeado de sombras después de apoyar en privado al CEO del banco asturiano, Manuel Menéndez, frente a la aspiración del presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, que en las negociaciones trató de atornillar que el banco conserve su identidad andaluza y su sede en Málaga en el futuro.

La retirada de la subvención al club de baloncesto por parte de la Fundación supone por el momento la última grieta del barco. Pero todos miran hacia otro lado cuando se trata de hacer públicas las críticas que lanzan entre dientes. La Junta de Andalucía, representada en el Patronato por Antonio Jesús López Nieto, mano derecha de Elías Bendodo, mantiene su silencio atronador. Tampoco el Ministerio de Economía, encargado del protectorado de la Fundación, considera que el asunto le competa. La Diputación, presidida por Francisco Salado, y el Obispado, igualmente partícipes en la entidad, no se posicionan pese a que tienen en su mano la solicitud de una reunión extraordinaria. Mientras tanto, los patronos esperan que amaine la tormenta. Que cada noticia caiga, como siempre hasta ahora, en la amnesia institucional.