La Justicia condena 10 años de corrupción socialista en la Junta

La Justicia ha sido implacable contra la corrupción socialista durante una década en la Junta de Andalucía. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado en la pieza política del 'caso ERE', el de mayor corrupción del país, a la cúpula de los gobiernos socialistas, a 19 excargos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a penas durísimas, incluida seis años de cárcel a este último. La sentencia considera probado que los condenados idearon y utilizaron desde 2001 a 2009 un sistema ilegal que agilizara el pago de 679,4 millones de euros en ayudas a empresas sin control, que propició que muchas de estas subvenciones fueran fraudulentas o llegaran a quienes no iban destinadas.

Para el tribunal, presidido por Juan Antonio Calle Peña, los expresidentes y el resto de condenados por prevaricación y malversación «eran plenamente conscientes de la patente y palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron».

Manuel Chaves ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada, uno menos del que pedía la Fiscalía anticorrupción; y José Antonio Griñán, a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por el mismo delito y malversación de fondos públicos. La diferencia estriba en que a Griñán el juez le atribuye, como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, el conocimiento de las alertas de la Intervención General sobre lo inapropiado del procedimiento y como responsable del diseño presupuestario y sus modificaciones «no evitó que los fondos fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados».

El tribunal asume así la tesis de la Fiscalía anticorrupción en la instrucción del juzgado sevillano. El expresidente Griñan fue primero investigado por el Tribunal Supremo cuando era aforado hasta 2015 y allí el juez instructor le acusó de prevaricación, pero no vio delito de malversación, que conlleva cárcel. La sentencia es recurrible y las defensas ya han dicho que acudirán al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra sobre el fraude de los ERE. Por ello, los condenados a prisión podrán evitar la misma por ahora. Los dos expresidentes salieron cabizbajos de la Audiencia de Sevilla y rehusaron hablar a los numerosos periodistas presentes.

La condena ha sido casi unánime. Solo dos de los 21 acusados han sido absueltos, el exinterventor Manuel Gómez que emitió las 15 alertas de irregularidad en el sistema; y el ex jefe de los servicios jurídicos de la Junta Francisco del Río. La Fiscalía solicitaba para el primero seis años de cárcel e inhabilitación para el segundo.

El fallo del tribunal ha sido más duro con los cargos de Empleo. A los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera, autores del convenio desde el que se fraguó el sistema fraudulento, la sentencia condena al primero a la pena de 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta de 19 años, 6 meses y un día; y al segundo, a 7 años y 1 día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación. Javier Guerrero, exdirector de Empleo, es condenado a la misma pena que Fernández. Ambos son los únicos de los condenados que han estado en prisión preventiva, en 2012 y 2013.

Y eso que el tribunal apunta a Chaves y considera «impensable» que la ideación del sistema ilegal de las ayudas partiera solo de Empleo. Con cierto parecido a la teoría de la pirámide que apuntó la primera instructora, Mercedes Alaya, el tribunal explica el modus operandi político: La decisión de una fórmula para el pago de ayudas de manera ágil «no partía solo de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto; el área de Empleo tramitaba y organizaba los expedientes» con cargo a la partida 31L y Economía y Hacienda no evitó que los fondos fueran utilizados con destino distinto al de unas subvenciones excepcionales. El tribunal, no obstante, rechaza la petición del PP del delito de asociación ilícita para delinquir.

Así Empleo y Hacienda, junto con Innovación, reciben las condenas de cárcel: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, seis años y dos días de prisión y quince de inhabilitación; Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, siete años y un día e inhabilitación de 18 años. La que fuera ministra de Fomento y exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, y Gaspar Zarrías, peso pesado de los gobiernos de Chaves solo han sido inhabilitados, como Chaves y Antonio Lozano. Ninguno recibió las alertas de la Intervención. Otros excargos técnicos, Jacinto Cañete, Javier Aguado y Lourdes Medina, se han librado de la prisión.

La pieza política o del procedimiento específico juzgada puede sentar precedentes en las otras 146 piezas y 507 investigados que acumula la macrocausa de los ERE. Nueve años después de iniciada la instrucción, este primer fallo de 1.821 folios, despeja controversias acuñadas durante los largos años de la investigación. La sentencia, de forma muy didáctica, explica cómo el origen de todo estuvo en las subvenciones excepcionales que la Junta de Andalucía concedía a finales de los noventa en plena crisis de deslocalizaciones de empresas. La Intervención General puso pegas a la concedida a la industria cárnica Hamsa (familia Molina) de Jaén. Para solventar situaciones como esta, se ideó un cambio para que las subvenciones fueran consignadas en el Presupuesto de Empleo en las partidas 31L y 22E, pero pagadas por la agencia pública de IFA/IDEA para una mayor agilidad, pero evitando el control previo de la Intervención.

La sentencia no solo considera el uso de las transferencias de financiación inadecuadas; también que el convenio firmado entre Empleo y el IFA ni siquiera fue publicado en el BOJA. Aunque la intención fue la de crear una norma reguladora de las ayudas, nunca se hizo pese a las veces que se habló de ello en los consejillos presididos por Gaspar Zarrías. También deja claro que el sistema dejaba en manos del director general de Trabajo sin estar autorizado legalmente a ello la decisión discrecional de las ayudas, sin publicidad ni concurso y a veces sin expediente alguno.

Lo acordado fue «un cambio no menor» que omitía la fiscalización previa y generó «un descontrol absoluto». Consta en las actuaciones que no fue fiscalizado «ni uno solo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas», dice la sentencia. En la nota del ponente de la misma facilitada a los medios resume: «La Consejería de Empleo disponía de los fondos públicos del programa 22E/31L, sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía. En definitiva, permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social».