Un virus corrupto

La sentencia de los ERE es un rotundo golpe contra la corrupción en la administración pública durante una década de gestión socialista al frente de la Junta de Andalucía. La historia, implacable, recordará a dos ex presidentes del Gobierno andaluz y a seis ex consejeros condenados por malversación y prevaricación, en algunos casos con penas de prisión. No se juzgaba si los ahora condenados metieron la mano en la caja o se enriquecieron ilícitamente; de hecho, está probado que no se beneficiaron personalmente. Incluso que sus situaciones personales, en algunos casos, son hoy bastantes delicadas económicamente. Lo que se ha juzgado es que hubo un menoscabo de dinero público por una administración irregular e ilícita. Quizá en este país no estamos acostumbrados a que el cargo público conlleva una responsabilidad y exige diligencia y vigilancia para preservar el buen uso y administración del erario público. La condena es dura, sí; pero la malversación y la prevaricación fue incontrolada durante una década sin que nadie hiciera nada por evitarlo.

Si el PSOE aplicara su propia medicina en este caso, la polvareda política no dejaría ver ni el árbol ni el bosque. El impacto en la línea de flotación socialista en Andalucía es incuestionable y será una rémora que les acompañará durante muchos años. Quizá la actual secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, no debe temer tanto a la oposición, tanto del PP como de Unidas Podemos de Andalucía, como a sus propias filas, porque este caso deja manos libres a Pedro Sánchez para decidir el futuro del socialismo andaluz. En bandeja de plata.

La sensación de pesadumbre e incredulidad que llegaba ayer desde la Audiencia de Sevilla, no sólo entre los socialistas sino incluso en algunos periodistas y medios, es el síntoma inequívoco de cómo llegó a aceptarse un modelo de gestión, como se inoculó un virus corrupto en el sistema, que desembocó en la administración irregular e ilícita de más de 600 millones de euros.