Los rectores andaluces, contra el plan de reajuste de la Junta de 135 millones para las universidades

Para hacer frente a este ajuste financiero se ha autorizado a las universidades a recurrir a sus remanentes de tesorería no afectados y se han acordado otras medidas complementarias: pago de la deuda contraída por la Junta con las universidades desde el año 2015 y autorización de inversiones con cargo al resto de sus remanentes por valor de 125 millones de euros.

Pero los rectores andaluces señalan al consejero que no comparten la forma ni la medida que se ha planteado para contribuir desde las universidades a ese fondo. Los remanentes de tesorería de las universidades que el consejero quiere desviar a este fondo constituyen los ahorros de las universidades, son partidas presupuestarias no ejecutadas en el ejercicio correspondiente y con las que se suelen afrontar inversiones estratégicas.

Dicen los rectores andaluces no compartir las formas y la medida en sí pues el ajuste propuesto «no solo comporta una reducción patrimonial neta para las universidades públicas andaluzas, sino que genera incertidumbre sobre el futuro al tener que afrontar el mismo, si se aplica la solución propuesta, con un fondo de contingencia que se verá reducido de manera considerable».

Por otra parte, y en términos plurianuales, el uso de remanentes de tesorería no afectados para hacer frente a gastos corrientes «supone una reducción de la financiación del conjunto del sistema universitario público andaluz, algo que ya ocurrió en el año 2019. Así, por tanto, siendo cierto que la capacidad de ejecución del presupuesto de las universidades para este ejercicio económico 2020 no se resiente, la capacidad financiera de las universidades en términos plurianuales se reduce en la cantidad de 135 millones de euros».

Y señalan que los remanentes de tesorería «suponen una salvaguarda para la estabilidad de las universidades frente a contingencias». La reducción en un solo año del 31,8% de estos remanentes para su uso en gastos corrientes (que es lo que representan los 135 millones de euros respecto al total de remanentes del sistema a finales de 2019) «supondrá una merma importante en el patrimonio de las universidades públicas andaluzas y, por tanto, en su capacidad de respuesta ante nuevas eventualidades, especialmente en un contexto económico de especial dificultad como el que se prevé para el ejercicio económico de 2021».

Plantean a la Junta la necesidad de explorar otras posibles soluciones que, teniendo un resultado equivalente en la aportación de las universidades públicas andaluzas al Fondo de Emergencia, «no debilite la posición financiera de las mismas para futuros ejercicios económicos». Y hacen una propuesta concreta: mantener el aplazamiento del pago de la deuda de la Junta con las universidades, de manera que esos 126,9 millones de euros sean los que se destinen al Fondo de Emergencia, autorizando en paralelo el uso de solo 135 millones de euros de remanentes para su uso en inversiones, lo que además tendría igualmente el efecto de ayudar a reactivar la economía andaluza después de los efectos muy negativos de esta crisis de la Covid-19.

Señalan en su carta que el futuro de Andalucía «necesita unas universidades viables, con un modelo de financiación estable y sostenible. No podemos seguir sujetos a vaivenes que pongan en peligro el desarrollo de la universidad y, con él, el de la sociedad andaluza. Las universidades necesitan ahora más que nunca una apuesta institucional y económica firme, responsable y coherente, acorde a los tiempos que nos ha tocado vivir y con la altura de miras que exige un nuevo modelo de desarrollo para Andalucía».

Por esto, los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas solicitan al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la revisión de estas medidas, de forma negociada con las universidades, buscando un consenso que permita a las universidades demostrar su corresponsabilidad con la situación actual, pero sin poner en riesgo el desarrollo digno de sus funciones y su estabilidad futura.