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Incumplir las normativas de turismo en Andalucía costará muy caro. El anteproyecto de la Ley de Turismo Sostenible que ha aprobado este martes el Consejo ... de Gobierno contempla un régimen sancionador severo para quienes no actúen en forma a lo legislado. El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, ha explicado que la nueva norma establece un refuerzo importante en la inspección con el uso de herramientas tecnológicas innovando en sistemas como el big data y eleva sustancialmente las sanciones para quienes incurran en infracciones graves y muy graves teniendo que hacer frente a multas de hasta 600.000 euros por incumplimientos que en la actual norma estaban penalizados con un máximo de 150.000 euros. Bernal ha señalado que se determinarán también infracciones continuadas que además del castigo económico tendrán también consecuencias como las de no poder inscribirse de nuevo en el Registro de Turismo de Andalucía.
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El consejero ha explicado que en la actual Ley del Turismo, que data de 2012, las sanciones graves pasarán de ser sancionadas en una horquilla de 2.000 a 18.000 euros a multas de entre 10.000 a 100.000 euros. Y las muy graves de los 18.000 a 150.000 euros actuales se dispararán a entre los 100.000 a 600.000 euros que se incluyen en el anteproyecto aprobado este martes.
Hasta 25 son las causas que se recogen como infracciones muy graves, pero el consejero ha puesto el foco en que acciones como las de ofrecer un servicio turístico de forma clandestina o faltar o alterar datos en el Registro de Turismo de Andalucía serán penalizadas con estas altas cuantías. «La nueva norma quiere poner negro sobre blanco en la gestión en turismo de la Comunidad», ha precisado.
En las novedades en materia de inspección, el anteproyecto de la Ley de Turismo Sostenible se hace un reconocimiento expreso de actuaciones de la inspección y se suprime el acta de obstrucción, así como se determinan las infracciones continuadas y se introducen nuevas en la calificación de graves. Además de actualizar las cuantías de las sanciones, establece un importe específico para los incumplimientos por clandestinidad, que conlleva además la prohibición de formalizar una declaración responsable para la misma actividad durante un año.
También se modifica el régimen de prescripción de las infracciones y se especifican las competencias sancionadoras, asignando funciones específicas tanto al consejero competente en materia de turismo como a la Dirección General responsable de la ordenación turística, garantizando una aplicación más eficaz y rigurosa de la normativa.
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