Los 1.120 pisos turísticos que Málaga veta siguen abiertos por burocracia

El proceso se topa con una burocracia con la que salvaguardar las garantías jurídicas y desarrollar todo el procedimiento de cancelación dentro del marco legal establecido. Es decir, que estos 1.120 pisos turísticos siguen operativos y seguirán activos incluso durante meses. La delegada de Turismo de la Junta en Málaga, Gemma del Corral, asegura que no se puede concretar el periodo en que estos inmuebles mantendrán su actividad dado que hay que ir caso a caso y que cada uno de ellos es diferente. Del Corral explica que están en permanente contacto con el ayuntamiento para buscar y establecer nuevas herramientas con las que agilizar el procedimiento de cancelación de inmuebles turísticos en base a las limitaciones que establezca cada municipio, como es el caso de estos 1.120 pisos de la capital. «Estamos ante una situación nueva», avanza.

Y es que cualquier particular que quiera destinar su vivienda al alquiler turístico no tiene más que realizar una declaración responsable en la que confirma que el inmueble en cuestión cumple con lo establecido en la norma andaluza que regula esta actividad. Después, la labor inspectora verifica la realidad o no de esas declaraciones responsables, dando de baja las que no cumplan con los preceptos de la ley. Sin embargo, ahora, desde el decreto del pasado mes de febrero, en el que se contemplan herramientas para que los municipios puedan regular y limitar esta actividad, los ayuntamientos comienzan a actuar y a fijar criterios propios, pero el paso definitivo de cancelar la licencia corresponde a la Junta y para su ejecución hay que superar más de un trámite.

Del Corral señala que el primer paso es recibir el listado de pisos que el Ayuntamiento de Málaga considera que no cumplen con los requisitos dispuestos en el Plan General en lo relativo a Servicios Terciarios, es decir, disponer de acceso y servicios independientes. Cabe recordar que la limitación aprobada por el Ayuntamiento, a través de una instrucción, establecía que todas aquellas declaraciones responsables presentadas por los propietarios de viviendas de uso turístico para su alta en el Registro de Turismo de Andalucía, desde la entrada en vigor en febrero del Decreto 31/2024, debían cumplir el requisito establecido en el Plan General para los usos terciarios. En concreto, se trata del capítulo 6 que define el uso del servicio terciario como el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, a las empresas y a los, que incluye como usos pormenorizados terciarios distintos al de oficinas el de hospedaje, recreativo, hostelería, comercio y gran superficie minorista y define el temporal a las personas, tales como hoteles, moteles, paradores, pensiones o residencias. Además, desde el Ayuntamiento de Málaga añaden que este mismo capítulo se refiere a que «una actividad de este grupo podrá desarrollarse en edificio destinado total o parcialmente a viviendas, sólo en el caso de que disponga de elementos de acceso y evacuación adecuados independientes de los del resto del edificio, así como de instalaciones generales de luz, agua o teléfono, asimismo totalmente independientes de las del resto del edificio».

Pues bien este listado a mediados de la semana pasada aún no había llegado al Registro de Turismo, según Gemma del Corral. Después, una vez conocidos los inmuebles en cuestión hay que iniciar un procedimiento de cancelación que lleva implícito la apertura de un periodo de alegaciones, que marcarán el tiempo en que se mantendrán operativas estas viviendas. Después habrá que analizar caso a caso hasta concluir con la cancelación de las mismas. «Es imposible adelantar si será cuestión de pocos o de más meses. Dependerá de cada expediente», afirma, para avanzar que trabajan con los ayuntamientos que ya han planteado actuaciones para limitar las viviendas turísticas como es el caso de la capital, de Torremolinos o de Marbella para fijar herramientas que agilicen este proceso.

Mientras tanto los pasos a dar son los estipulados por la burocracia administrativa. Y entre tanto, las viviendas cuentan con su número de registro que les da luz verde para comercializarse en las principales plataformas de alquiler vacacional.