Moncloa siembra dudas sobre los datos de menores migrantes de Madrid y da una semana más de plazo

Rego siembre, así, dudas sobre las cifras enviadas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que aseguraba que sufría actualmente una sobre ocupación del 132% en su sistema de atención a los menores extranjeros no acompañados, que el año pasado asistieron a 2.442 jóvenes y en lo que va de 2025, a más de 950. Según ha explicado la ministra, la Comunidad de Madrid sí que ha remitido la información, pero no lo han hecho en base a los criterios exigidos por Juventud. Se ha dado una «cifra general» que, según ha explicado la cabeza de área, no sirve para establecer la cifra de reparto en la actualidad. «Le hemos pedido a la Comunidad de Madrid el número de camas ocupadas y lo que nos han enviado es el número total de personas que alguna vez han hecho uso de un hospital, del sistema de salud», ha apuntado.

Por este motivo, Juventud dará un plazo que, previsiblemente, se extenderá hasta el jueves de la próxima semana, cuando está previsto que se vote en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley que permitirá reformar la ley de extranjería de manera que se pueda coordinar desde Moncloa el traslado de los 4.400 menores extranjeros que saldrían de los territorios más tensionados, Canarias y Ceuta a partir de «verano». En caso de que las comunidades no envíen los datos solicitados por el Ministerio, Rego ha asegurado que los cálculos de reparto se harán teniendo en cuenta las últimas cifras oficiales, que corresponden a diciembre de 2023, cuando Madrid contaba con 294 plazas para menores migrantes no acompañados y Aragón 150.

«Si una comunidad no envía los datos en base a los criterios que habíamos pedido, dificulta nuestro trabajo», ha asegurado Rego. Ante esta situación, ha anunciado que se va a abrir el plazo unos días« a falta de que se celebre una nueva reunión interministerial el martes de la próxima semana y de que el decreto llegue a la Cámara baja. La ampliación de este tiempo respone a la necesidad que tienen los servicios técnicos de conocer bien todos los datos para poder »dimensionar« correctamente el sistema de acogida en todo el país. Y aunque Rego ha considerado que la ausencia de la información requerida podría tener relación »con una ideología ligada a cuestiones racistas«, confía en que lleguen a tiempo.

De todas maneras, la ministra de Infancia ha asegurado que los datos que han recibido hasta el momento no se alejan «de la fotografía inicial» con la que el área que lidera realizó algunas proposiciones de reparto. «Vamos a trabajar con la comunicación con las comunidades y creo que en muy pocos días vamos a poder hacer la propuesta», ha asegurado. Entramos dentro de un rango previsto de datos. No está habiendo sorpresas.

La Comunidad Valenciana ha anunciado que va a presentar un recursos en el Tribunal Consistucional el decreto anunciado hace dos semanas con el que el Gobierno prevé trasladar a 4.400 menores extranjeros no acompañados desde Canarias y Ceuta a otras comunidades. Se une, así, a otros territorios que ya habían dado a conocer su intención de llevar a los tribunales la medida como la Comunidad de Madrid o Baleares. Andalucía, por su parte, ha señalado que es «probable» que sigan el mismo camino, ya que consideran que es «un atropello».

Un anuncio que llega un día después de que se acabase el plazo dado por Moncloa para que las comunidades informasen al Ministerio de Infancia y Juventud, encabezado por Sira Rego, del número de jóvenes migrantes que habían atendido en 2024, los que se encuentran actualmente en el sistema de acogida y el número de plazas con el que cuentan. Está previsto que, en base a estos datos y según los diferentes criterios explicados por el Gobierno -en un pacto firmado con Junts-, se establezca el número de menores extranjeros que serán repartido entre las diferentes regiones.

El decreto para el reparto de menores extranjeros no acompañados también ha llegado, de nuevo, al Consejo de Ministros de este martes, 2 de abril, después de que la mayor parte de las comunidades notificasen al Gobierno que sus sistemas ya sufrían una sobreocupación de las plazas disponibles para los menores migrantes o que están muy cerca de completar el aforo que tienen. «Los datos han llegado en las últimas horas y en las próximas horas se va informar sobre los siguientes pasos que se van a dar», ha asegurado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. También ha explicado que el Ejecutivo «va a seguir trabajando en el decreto» para llevarlo al Congreso de los Diputados, pero que «primero» deben analizar los datos que ayer enviaron las autonomías.

La portavoz del Gobierno también ha lamentado, reiterando las declaraciones hechas por la ministra de Infancia, que «una comunidad no haya enviado los datos», Aragón, y ha dicho que «espera» que «no sea por la cercanía -del Ejecutivo regional- para aprobar los presupuestos con la extrema derecha». Respecto a este asunto también se ha pronunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras particiapar en la Comisión Interministerial de Inmigración que se ha celebrado a primera hora de este martes. Ha señalado que desde el equipo de Rego se va a solicitar a algunas comunidad «aclaraciones» respecto a los datos enviados ayer para que, posteriormente, el decreto pueda llegar al Congreso y ser convalidado el próximo jueves, 10 de abril.

Torres también se ha referido a la sentencia publicada la semana pasada por el Tribunal Supremo en el que requería que en un plazo de 10 días el Gobierno central se hiciese cargo de más de un millar de menores extranjeros que, hasta ahora, estaban bajo la tutela de Canarias. El ministro ha asegurado que van a celebrar una reunión «en los próximos días» con el presidente del archipiélago «para avanzar en un acuerdo o un convenio que dé respuesta a dicha sentencia».

En línea con este asunto, la ministra de Infancia ha explicado que desde su área se está trabajando en el auto emitido por el TS y ha confirmado que el millar de menores extranjeros no acompañados de los que tendrá que hacerse cargo el Ejecutivo central «forman parte de los 4.000 niños» que están previstos que salgan de Canarias una vez que entre en vigor el decreto.