Las personas que soliciten el ingreso mínimo vital y resulten beneficiarias de esta prestación entre junio y diciembre de este año no pagarán matrícula universitaria en el curso 2020-2021. Así lo establece el Real decreto-ley 20/2020 publicado este pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La disposición tiene únicamente tres puntos. El primero establece que los beneficiarios estarán exentos del pago y el tercero explica que se compensará a las universidades. Es el segundo el que explica la medida: «La exención prevista en esta disposición se aplicará a los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesión de una beca del sistema estatal para cursar estudios postobligatorios en dicho curso por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa correspondiente«.
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Esto significa que si la solicitud de la beca de la Administración General del Estado fue rechazada en su día por motivos económicos (para solicitar una ayuda para los estudios se tiene en cuenta el nivel de renta del año fiscal anterior al curso para el que se pide esa beca, o sea, para el año universitario 2020-2021 se calcula la renta del año 2019), pero ahora el solicitante es beneficiario del ingreso mínimo vital por una caída de ingresos sobrevenida este año, no deberá abonar «los precios públicos por servicios académicos universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial durante el curso 2020-2021».
Dado que los tres tipos de becas que ofrece el Gobierno incluyen el pago de la matrícula (la diferencia entre unas y otras está en la ayuda económica directa), para que una familia pueda ser beneficiaria de esta medida debió superar en 2019 el umbral máximo de renta contemplado (38.831 euros anuales para una familia de cuatro miembros o 32.697 euros para una de tres miembros) y, a la vez, haber sufrido un desplome de sus ingresos durante 2020, de manera que tenga derecho al ingreso mínimo vital.
Desde el Gobierno destacan que se trata de una medida extraordinaria encaminada a evitar al «abandono escolar de personas que se hayan visto gravemente afectadas por la pandemia y se encuentren en una situación de precariedad económica«. El Ministerio de Universidades calcula que, según se desprende de los datos de la última convocatoria de becas, unas 700 familias se beneficiarán de esta medida, que tendría un coste para las arcas públicas de 645.426 euros.
A estas ayudas se suma la actualización de los umbrales de renta para acceder a las becas aprobados por el Gobierno, por el cual el próximo curso el umbral de renta será más bajo para favorecer que «las familias con menos recursos» accedan a la beca completa. Así, se podrá tener una beca de estudios completa con una nota media de 5, cuando hasta ahora se exigía un 6,5 para tener derecho a la cuantía por residencia y parte variable de la beca. También hay un importante incremento del presupuesto para becas, de un 22 por ciento, hasta alcanzar los 1.900 millones de euros.
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Más familias podrán beneficiarse de estas ayudas al estudio gracias a la actualización de los umbrales de renta exigidos, que se mantenían invariables desde hace diez años. El umbral 1, que da derecho a todos los componentes de la beca (matrícula, cuantía fija ligada a la renta, desplazamiento y parte variable) quedará casi equiparado al «umbral de la pobreza», lo que en la práctica supondrá elevar este umbral de renta de manera y aumentar por lo tanto la cobertura a los estudiantes de las familias con menos recursos, que al pasar de un umbral 2 al umbral 1 accederían así a la cuantía fija de la beca ligada a la renta.
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