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Unos 75.000 malagueños, que aglutinarían a unas 28.000 familias de la provincia, podrán beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital, según los cálculos del PSOE de Málaga, que ha destacado la aprobación por parte del Gobierno de esta nueva prestación social que supone « ... un paso más» para acabar con la pobreza de miles de familias españolas.
Así lo ha expuesto esta mañana el secretario general socialista, José Luis Ruiz Espejo, en una comparecencia junto a las diputadas Fuensanta Lima y Mariló Narváez, donde ha anunciado que el PSOE iniciará una campaña en la provincia para dar a conocer la prestación, los requisitos y plazos para acceder a la misma y por ello se han ofrecido a ofrecer charlas explicativas no sólo en las agrupaciones del PSOE sino en cualquier entidad o colectivo social que lo solicite.
Ruiz Espejo ha subrayado que el Ingreso Mínimo Vital está llamado a ser una de «las piedras angulares» para atajar la vulnerabilidad social existente en el país, agravada de forma coyuntural por la pandemia del coronavirus y ha explicado que los objetivos son dos: la redistribución de la riqueza y erradicar la pobreza, por un lado, y la inserción social y laboral, por otro. «Esta prestación pone a España en la vanguardia de los países que protegen a quienes peor lo pasan», ha recalcado.
El dirigente socialista ha sostenido que el Ingreso Mínimo Vital es la última conquista social en España y se sitúa al mismo nivel que las desarrolladas por gobiernos del PSOE a lo largo de la historia como la universalización de la educación (1985), el sistema de salud pública (1986), la universalización de las pensiones (1990) y la ley de dependencia (2006).
José Luis Ruiz Espejo ha criticado que la Junta sopese recurrir ante el Tribunal Constitucional la gestión de este Ingreso Mínimo Vital y ha dicho que le produce «tristeza» el papel que viene desempeñando el vicepresidente primero del gobierno andaluz, Juan Marín (Ciudadanos) con posiciones de «confrontación» con el Gobierno de España.
Cuestionado por este periódico sobre el hecho de que la reclamación de la Junta tiene que ver con el trato preferencial que se le ha dado al País Vasco y Navarra en la gestación de esta prestación social, Ruiz Espejo ha respondido animando al gobierno andaluz a preparar el convenio con el Ejecutivo central para poder hacerlo a partir de 2021 y ha justificado que el País Vasco y Navarra tengan ya esta gestión en el régimen foral y económico distinto y desvinculándolo del apoyo del PNV al Gobierno de Pedro Sánchez a la prórroga del estado de alarma.
Fuensanta Lima, por su parte, ha remarcado que el Ingreso Mínimo Vital es «una nueva conquista de un derecho de ciudadanía» y ha cuestionado el papel de la Junta de Andalucía, mientras que Mariló Narváez ha asegurado que es una medida «muy esperada de justicia social y de dignidad de las personas» en la que el PSOE llevaba varios años trabajando.
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