El juez argentino debe decidir en 30 días sobre la extradición de Carlos Fernández

En estos 11 años nada se supo de él y ahora poco a poco se va conociendo cuál ha sido su periplo. Las autoridades argentinas, según ha sabido este periódico, saben que ha vivido al menos en las provincias de Mendoza y San Juan, ambas situadas en el oeste del país austral.

Durante todo este tiempo, muy diferente ha sido la experiencia vital de quienes fueron sus compañeros de fechorías en el Ayuntamiento de Marbella. Detenidos primero, juzgados después y encarcelados la mayoría, purgan actualmente las penas impuestas tras un juicio que se prolongó durante dos años y arrojó 26 condenas de cárcel en una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga el 4 de octubre de 2013 y corregida por el Tribunal Supremo dos años después con un agravamiento en las condenas que les correspondían a los ex concejales.

Aún es pronto para saber si Fernández, detenido en la madrugada del pasado viernes en su domicilio familiar de la localidad de Rivadavia, en el conurbano de la ciudad argentina de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre, seguirá la suerte de sus antiguos compañeros en el Ayuntamiento de Marbella. De momento, según informaba en sus ediciones de ayer la prensa local de San Juan, en su declaración ante el juez el exconcejal mostró su rechazo a que se practique la extradición solicitada por España y que motivó su detención.

En el pedido de captura internacional girado por la justicia española, figuran los cargos de falsificación y fraude contra la administración pública, según documentación a la que ha accedido este periódico. Fernández no tiene cuentas pendientes con la justicia de Argentina, donde llevaba una vida normal tras haber formado una familia con una mujer sanjuanina. Ante el juez, fundamentó su petición en el arraigo en su tierra de acogida y su situación familiar.

El juez que entiende en la causa, titular de un juzgado federal con sede en San Juan, tras escuchar la declaración de Fernández lo envió a prisión, donde el exconcejal de Marbella deberá esperar a que se resuelva la causa abierta para su posible extradición. Para ello, según consta en documentación a la que ha tenido acceso SUR, cuenta con un plazo de 30 días.

Ahora deberán pronunciarse las partes. Por un lado, el fiscal federal argentino; por el otro, la defensa, un equipo jurídico formado por dos abogados que reclamará que no se materialice la extradición con el argumento de que los delitos por los que España lo reclama han prescrito.

Para tomar su decisión, el juez deberá analizar la documentación que le remita la justicia española y comprobar que los delitos por los que se le reclama están contemplados en la legislación argentina y no han prescrito. Hasta que el asunto se resuelva, Fernández seguirá en prisión.

Según reflejan los medios argentinos, que citan fuentes de la investigación,Carlos Fernández ingresó en el país por el aeropuerto internacional de Ezeiza el 2 de julio de 2006, es decir cinco días después de que la policía se presentara en su domicilio de Marbella para detenerlo. Aparentemente, el fugitivo tuvo claro desde el principio que debía evitar las grandes aglomeraciones urbanas. Según esa versión, se estableció primero en la provincia de La Pampa, más tarde en Mendoza y finalmente en San Juan, donde fijó su residencia definitiva.

Su verdadero domicilio era un secreto celosamente guardado. Cuando algunas personas de su entorno más cercano viajaba con regalos para sus hijos, Fernández se trasladaba a la provincia de Mendoza para recibirlas, aparentemente para evitar que su lugar de residencia fuese localizado.

La versión de la Policía Federal Argentina que recogen los medios locales señalan que tras tener indicios de que Fernández vivía en San Juan se hicieron labores de inteligencia para detenerlo. Sostiene también que a los agentes les costó identificarlo por las cirugías a las que se había sometido. Según las fuentes citadas, su aspecto no guardaba similitud con el de las fotos contenidas en el pedido de captura internacional.

La policía argentina niega que el prófugo se haya entregado voluntariamente. Asegura que los agentes se presentaron en su vivienda de madrugada –el parte de detención, al que accedió SUR, señala las 2:05 como hora de la operación– y que el propio Fernández abrió cuando los efectivos llamaron a la puerta.

A los pocos minutos se presentó uno de los abogados para asegurar que se estaban realizando las diligencias para entregarse voluntariamente. En el momento de la detención, la orden de captura con código rojo de Interpol, la de máximo nivel, estaba vigente.

También después de conocerse la sentencia del ‘caso Malaya’ escapó el empresario y testaferro de Roca Juan Hoffmann, condenado a cinco años de prisión por su participación en la trama de blanqueo montada por el exasesor urbanístico. Hoffmann huyó días antes de que venciera el plazo dado por el tribunal para que el 27 de enero del año pasado todos los condenados a cumplir penas de prisión entraran en algún establecimiento penitenciario. En noviembre del año pasado, Hoffmann fue localizado en Alemania, cuyas autoridades comunicaron a las españolas que no procederían a su extradición. El fiscal solicitó entonces al tribunal que transmitiera al país germano, del que el prófugo es nacional, la ejecución de la pena de privación de la libertad.

El empresario Andrés Liétor, condenado en ‘Malaya’ a cuatro años y cuatro meses de prisión, huyó de España en 2014 tras conocerse la sentencia. Estuvo tres años huido hasta que fue detenido en Venezuela, cuyas autoridades lo extraditaron a España en mayo del presente año. Desde entonces está encarcelado.

Peor suerte corrió el exedil del GIL Francisco Javier Lendínez. Imputado en Malaya y en otros casos de corrupción y condenado en otros muchos relacionados con el urbanismo y la mala administración de fondos públicos, escapó a Bali en diciembre de 2008 cuando algunos de sus compañeros de fechorías comenzaban a entrar en prisión. Estuvo cinco años huido y al regresar fue enviado directamente a prisión. Aún sigue ahí. Se le juzgó por ‘Malaya’, donde lo condenaron a cuatro años de prisión, y por otros asuntos pendientes. La última condena lo obliga a devolver al Ayuntamiento de Marbella 13 millones de euros.

Durante la instrucción, un oscuro personaje ligado a resonantes estafas, entre ellas la de Fórum Filatélico, José Manuel Carlos Llorca, escapó cuando se ordenó su detención por el ‘caso Malaya’. Su pista se perdió en el Caribe y nada más se supo de él. Llorca es conocido por la policía como ‘el hombre de las mil caras’ por las múltiples identidades que utiliza. Se sabe que ha recurrido a la cirugía estética.

Carlos Fernández no fue el único implicado en el ‘caso Malaya’ que intentó eludir la acción de la justicia poniendo tierra de por medio. Tanto durante la instrucción del macroproceso como una vez celebrado el juicio, se produjeron otros cuatro casos de huidas, con suerte dispar.