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La Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto que permitirá a las operadores de VTC como Uber, Cabify y Bolt seguir realizando trayectos urbanos a partir del próximo sábado. Tras apurar las conversaciones con todos los sectores implicados hasta la noche del lunes y por la vía de urgencia ya que ni siquiera figuraba en el orden del día, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde 'in extremis' a esta nueva normativa que vendrá a regular la actividad de los VTC, ya que en cumplimiento del decreto del Ejecutivo central aprobado en 2018, sin normativa regional, las autorizaciones de estos coches pasarían a ser únicamente interurbanas (sólo podrían cubrir carreras entre distintos municipios) a partir del próximo 1 de octubre.
En Andalucía podrán seguir operando como hasta ahora, pero con una serie de limitaciones para intentar garantizar la convivencia con el taxi, como la prohibición de acercarse sin estar precontratados a zonas de gran demanda de viajeros como aeropuertos, estaciones, hoteles o centros comerciales; o la eliminación de la geolocalización que permite al cliente conocer la ubicación del vehículo antes de contratarlo.
Pero también se reforzará la vigilancia para el cumplimiento de la normativa, que hasta ahora prácticamente quedaba limitada a la labor de los inspectores autonómicos. A partir de ahora, la pelota también estará en el tejado de los ayuntamientos, porque una vez entre en vigor este decreto también tendrán potestad sancionadora. Y, pensando en el usuario, en el desarrollo reglamentario de la norma se va a trabajar en la limitación de los precios de estas aplicaciones para evitar que se disparen en momentos de alta demanda como ferias, conciertos o, como ocurrió el pasado fin de semana, durante los paros de los taxistas. Para la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ésta es la herramienta para garantizar el equilibrio entre taxis y VTC "pensando siempre en el usuario". Para el gremio del taxi, es insuficiente y para el de los VTC, demasiado restrictiva. Estas son las principales medidas previstas para regular la actividad de los VTC en Andalucía.
Los VTC no podrán estacionar ni circular para la captación de clientes en puntos de gran demanda de viajeros. Así, se propone una distancia mínima de estacionamiento de 300 metros para aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses y de 150 metros desde la puerta de otros espacios como hospitales, hoteles de al menos cuatro estrellas con más de cien plazas, juzgados o lugares donde se celebren eventos. Esta limitación geográfica no impide al cliente pedir a través de la 'app' un coche de Uber, Cabify o Bolt en cualquiera de estos espacios. Lo que no podría hacer el chófer es estacionar dentro de esta zona con las aplicaciones abiertas ni circular propiciando la captación. En cambio, un VTC con un servicio precontratado sí que podría moverse con total libertad por estos puntos para recoger o dejar a sus clientes.
En el caso de Málaga, estas zonas gran afluencia de viajeros abarcarían equipamientos como el estadio La Rosaleda, el Palacio de los Deportes Martín Carpena o el Palacio de Ferias, todas las grandes superficies comerciales de la ciudad y unos 25 hoteles. Igualmente, la referencia sanitaria se extendería tanto a los cuatro hospitales (Regional, Clínico, Civil y Materno) como a los CARE José Estrada (avenida Manuel Agustín Heredia) y San José Obrero (Barbarela). En cuanto a los juzgados, afectaría a la Ciudad de la Justicia y a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga, ubicada en la avenida Manuel Agustín Heredia.
Las aplicaciones móviles deberán suprimir la geolocalización previa a la contratación para tratar de impedir la captación de usuarios. Lo que se pretende es evitar que aparezca en la 'app' y el usuario, al comprobar que alguno de estos coches está cerca, solicite sus servicios mientras va circulando por la zona. En este punto, conviene precisar que los VTC sólo pueden trabajar bajo precontratación, a diferencia del taxi que sí puede captar viajeros en la vía pública en cualquier momento o a mano alzada.
Los conductores de VTC deberán superar una prueba de aptitud similar a la que exigen los ayuntamientos para ser taxista. Además, se dará un plazo de validez para el certificado de capacitación.
La Junta de Andalucía, hasta ahora administración responsable de las inspecciones, compartirá con los ayuntamientos la potestad sancionadora, de forma que la Policía Local estará obligada a vigilar y controlar la actividad de los VTC en las ciudades e imponer las sanciones correspondientes a quienes incumplan la normativa. Esa recaudación vía multas se quedará en las arcas municipales.
Mientras el taxi está sujeto a las tarifas que fija cada ayuntamiento para los trayectos urbanos y a los que establece la Junta de Andalucía para los interurbanos (entre distintos municipios), los VTC funcionan con precios dinámicos, partiendo de unos precios base aunque pudiendo multiplicarse incluso por tres en picos de alta demanda como puede ser la feria, la Semana Santa o las noches de los fines de semana. Ante esta realidad que vienen denunciando taxistas y consumidores, la Consejería de Fomento también tiene intención de tomar medidas. Aunque no está concretado en el decreto, sí está previsto que en el desarrollo reglamentario de la norma se incorporen fórmulas para evitar estas prácticas abusivos.
A las plataformas intermediarias entre los VTC y el cliente (Uber, Cabify o Bolt) se le va a exigir una responsabilidad imdemnizatoria para compensar al viajero cuando contrate un servicio por los daños, perjuicios o cancelaciones que puedan sufrir.
Los coches no podrán tener más de diez años de antigüedad y deberán ser negros para diferenciarse del taxi. Además, se les va a exigir una longitud mínima a los VTC atendiendo a su clasificación ambiental. A los vehículos ECO (como los híbridos) se les exigiría 4,70 metros de longitud, a los etiqueta Cero (como los eléctricos) 4,50 metros; y con carácter general una medida mínima de 4,90 metros (gama alta).
La Junta pretende que las flotas con más de cien autorizaciones deberán contar con al menos un 5% de los vehículos adaptados a personas con movilidad reducida. Queda por determinar los plazos para lograr este objetivo y si, como reclama el sector, se conceden ayudas a las empresas para el cambio de vehículos.
Al igual que los ayuntamientos regulan los descansos de los taxis, el decreto también deja en las administraciones locales la posibilidad de hacer lo propio con los VTC, de forma que haya algún día de la semana en los que la flota de vehículos disponibles se vea reducida. El máximo serán 52 días anuales y no podrán coincidir con periodos de gran demanda, como los fines de semana.
A modo de referencia, en Málaga capital los taxis tienen asignados dos días en los que cada coche no puede trabajar (uno de lunes a viernes y otro el sábado o el domingo), aunque en función de la demanda se aplican excepciones. De hecho, desde comienzos de julio hasta finales de septiembre se aprobó una resolución que levantaba estas restricciones y daba libertad a los taxis para trabajar todos los días del verano y así dar respuesta al incremento de la demanda.
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