La Junta de Andalucía apura los plazos para permitir a Uber, Cabify y Bolt seguir trabajando en las ciudades

Pocas sorpresas en la que, en principio, sería la última reunión entre Junta de Andalucía, taxistas y VTC antes de que vea la luz el decreto autonómico que permitirá que los coches de operadores como Uber, Cabify y Bolt puedan seguir realizando servicios íntegramente urbanos (dentro de un mismo municipio) a partir del próximo 1 de octubre. En principio, porque durante el resto de la jornada se han mantenido los contactos para intentar llegar a un acuerdo de mínimos con el taxi, que sigue exigiendo que la precontratación de los VTC se tenga que realizar con al menos 15 minutos de antelación para evitar la captación de viajeros. Una propuesta que no contempla el Gobierno regional. Y así, desde el taxi ya contemplan retomar las movilizaciones ante lo que consideran «una traición». Por lo pronto, han convocado una gran manifestación en Sevilla el próximo miércoles que, como ha venido sucediendo en las últimas protestas, tendrán su repercusión en cuanto a reducción de la flota en Málaga.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, llegó a cancelar el resto de su agenda para negociar «hasta el último minuto», ya que la intención es que el decreto sea aprobado en el Consejo de Gobierno de este martes para que pueda publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su entrada en vigor. Desde el sector del taxi lamentan que «no se ha avanzado en nada» ni en las cinco horas de reunión ni en las conversaciones posteriores.

La convocatoria del Consejo Andaluz del Taxi de este lunes fue sustituida por una reunión por una cuestión administrativa, pero en la práctica fue lo mismo porque en la mesa, además de ambos sectores, también se sentaron sindicatos, empresarios y asociaciones de consumidores.

Tras las aportaciones de los distintos colectivos participantes en este foro se contempla la posibilidad de introducir algunas modificaciones ligadas fundamentalmente a aumentar la protección al usuario como incrementar la flota de vehículos adaptados, que el viajero pueda reclamar directamente a las operadoras o incluso limitar las tarifas para que no se disparen en picos de alta demanda. Pero en los aspectos centrales todo apunta a que el nuevo texto apenas diferirá del borrador dado a conocer en los últimos días.

Así que, aunque sobre la bocina, habrá regulación de los VTC para que puedan seguir trabajando en las ciudades a partir del próximo sábado, día en el que expira la moratoria de cuatro años que incluía el decreto del Gobierno central aprobado en 2018 por el que, sin normativa regional, las autorizaciones de estos coches pasarán a ser únicamente interurbanas (sólo podrían cubrir carreras entre distintos municipios). Pero no seguirán como hasta ahora, ya que tendrán una serie de restricciones para intentar proteger al taxi.

La principal es que, para evitar que los VTC capten viajeros en plena calle (estos coches sólo pueden trabajar bajo contratación previa, a diferencia el taxi que sí que puede recoger viajeros en la vía pública en cualquier momento) se les impediría parar o estacionar sin estar precontratados en el entorno de zonas de gran demanda de viajeros como hospitales, estaciones, centros comerciales u hoteles. Estas «zonas de especial protección» serán de 300 metros para aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses; y de 150 metros hasta la puerta de otros espacios como hospitales, hoteles de cuatro estrellas o más, juzgados o instalaciones que alberguen eventos deportivos, culturales, sociales o de cualquier índole que tengan gran potencialidad de generación o atracción de usuarios.

En este punto, conviene precisar que esta limitación geográfica no impide al cliente pedir a través de la 'app' un coche de Uber, Cabify o Bolt en cualquiera de estos espacios. Lo que no podría hacer el chófer es estacionar dentro de esta zona con las aplicaciones abiertas ni circular propiciando la captación. En cambio, un VTC con un servicio precontratado sí que podría moverse con total libertad por estos puntos para recoger o dejar a sus clientes.

Con esta precontratación espacial que hasta ahora no está recogida en ninguna normativa autonómica, el Ejecutivo andaluz pretendía (sin éxito) satisfacer a los taxistas sin tener que imponer a los VTC una limitación temporal (tiempo mínimo de antelación con el que se solicita el servicio) que sí que han aplicado otras comunidades como Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Baleares o la Comunidad Valenciana exigiendo entre 15 y 60 minutos y que han sido impugnadas en los tribunales por el sector con resoluciones judiciales contradictorias en toda España. Ante estas dudas jurídicas, en Andalucía apuestan por fijar una barrera geográfica.

En esta misma línea de impedirles la captación de usuarios, la Junta también plantea a los operadores de VTC que en sus aplicaciones móviles se elimine la geolocalización previa a la contratación que permite al cliente conocer la ubicación del vehículo. ¿Para qué? Pues para evitar que aparezca en la 'app' y el usuario, al comprobar que alguno de estos coches está cerca, solicite sus servicios mientras va circulando por la zona. En esto choca con las asociaciones de VTC, que entienden que el usuario tiene que tener la mejor información para elegir qué medio de transporte le conviene en cada momento.

A partir de ahí, también se incorporan una serie de medidas para tratar de mejorar el servicio que prestan, como exigir a los conductores de VTC la superación de una prueba de capacitación profesional similar a la que hay que aprobar para ser taxista; reforzar las inspecciones y el control de su actividad; endurecer las sanciones; o que los automóviles tengan unas medidas mínimas atendiendo a su clasificación ambiental. A los vehículos ECO (como los híbridos) se les exigiría 4,70 metros de longitud, a los etiqueta Cero (como los eléctricos) 4,50 metros; y con carácter general una medida mínima de 4,90 metros (gama alta). El objetivo es diferenciar el servicio que ofrecen VTC y taxis.

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