Los veterinarios de Málaga, en pie de guerra contra la nueva ley de medicamentos

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El encarecimiento de los tratamientos, por la obligación de más pruebas diagnósticas hasta ahora innecesarias, ya está aumentando los casos de abandono por no poder hacer frente a las abultadas facturas, según denuncian desde diversas protectoras.

La concentración, que ha tenido lugar este jueves, ha venido acompañado de un paro de su actividad y ha sido convocado por el Colegio oficial de Veterinarios, la Asociación Malagueña de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía y la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios, contra el Real Decreto 666/2023 y por la salud pública y la atención integral de los animales.

«Todos los veterinarios del país y de todas las especialidades, junto con nuestros pacientes y sus responsables, nos sentimos gravemente afectados por la vigente ley de medicamentos», denuncia el presidente del Colegio, Juan Antonio de Luque. A su juicio, la normativa impuesta por el Ministerio de Agricultura afecta a los veterinarios pero también pone en riesgo el bienestar y la salud animal.

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«El ministro Luis Planas falta flagrantemente a la verdad al afirmar en el Senado que 'apoya a los veterinarios', cuando la realidad es que ni nos escucha ni nos recibe. Dice que tenemos libertad de prescripción y es falso. Para el ministro, los veterinarios no existimos». El Gobierno habla de una «transcripción de la normativa europea», cuando, para estos profesionales, la legislación en España ha sido injustificada, desproporcionada y contraria a otros países del entorno.

«Como profesionales científicos, los veterinarios fundamentamos nuestros tratamientos en la evidencia científica, los avances médicos y los consensos internacionales, no en fichas técnicas desactualizadas que, en muchos casos, no reflejan el conocimiento actual. La imposibilidad de ajustar dosis o vías de administración, según las necesidades del paciente, dificulta la eficacia de los tratamientos y pone en riesgo su salud», advierte.

En especial, las protestas van contra lo que consideran un «bloqueo injustificado a los tratamientos veterinarios». En Europa, los veterinarios pueden suministrar directamente los medicamentos necesarios para garantizar la eficacia y continuidad de los tratamientos. En España, en cambio, la falta de acceso directo a estos medicamentos obliga a los propietarios a recorrer establecimientos dispensadores en busca de fármacos, con el riesgo constante de no encontrarlos o recibir sustituciones inapropiadas, poniendo en riesgo la salud de los animales.

Además, los veterinarios de Málaga vuelven a denunciar que en España su actividad se mantiene gravada con un IVA general del 21%. «Esto encarece considerablemente los tratamientos, perjudicando especialmente a los propietarios más vulnerables y afectando negativamente al bienestar animal. Por eso, reclamos un IVA reducido», como ya tiene el resto del sector sanitario.