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Málaga fue el año pasado la segunda provincia española tras Madrid en número de solicitudes de protección internacional, con un total de 10.517, lo que supone prácticamente triplicar la cifra del año 2022, cuando las peticiones de asilo se limitaron a las 3.418, ... volumen que entonces la situaba en sexto lugar en el ránking nacional, de acuerdo con datos presentados ayer por Fany Barrabino, responsable de servicios jurídicos de Andalucía Oriental de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En España, las 163.000 solicitudes –un 37% más que en 2022– suponen un nivel récord. Y Andalucía es a su vez la segunda comunidad autónoma receptora de personas necesitadas de protección por razones políticas, por ser objeto de persecución o víctimas de violaciones contra los derechos humanos, con más de 25.000 –también más del doble que un año antes–.
Bajo estas cifras subyace la situación de conflicto que vive el mundo, con la guerra de Ucrania, que persiste, con sus consecuencias también en el país invasor, Rusia, de donde la gente huye del reclutamiento forzoso, la persecución política y la represión del colectivo LGTBI+. A ésta se le ha unido el asedio israelí sobre Gaza. Además de la crisis sociopolítica sin fin en Senegal, que comenzó en 2021 pero que vivió su punto más caliente en 2023. También, la emergencia en Canarias por el récord histórico de llegadas marítimas de personas de África Occidental, en su mayor parte huyendo del conflicto de Somalia. O la vuelta de los talibanes a Afganistán, que coarta las libertades sobre todo de las mujeres. De hecho, CEAR ha detectado que se ha incrementado de manera muy importante el número de solicitudes presentadas por mujeres que alegan persecución por género y también por parte de niños y niñas.
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En lo que llevamos de 2024, España sigue siendo el tercer país europeo en número de solicitudes de asilo, con más de 73.100; Andalucía es la segunda comunidad autónoma, con algo más de 11.000; y Málaga baja al tercer puesto en el ránking provincial, con 3.632, tras Madrid y Barcelona.
Pero si España es uno de los países que más personas solicitantes de asilo atiende, con Venezuela y Colombia como los principales países de origen, es el último Estado de la Unión Europea en materia de reconocimiento de protección: sólo el 12% de las 88.042 personas cuyo expediente se resolvió obtuvo protección internacional, un porcentaje inferior al del año anterior y muy lejos del 42% de la media comunitaria.
Como recordó este martes en rueda de prensa Carmen Rueda, coordinadora de intervención, políticas y campañas de CEAR en Andalucía Oriental, de los 120 millones de desplazados que hay a nivel mundial ya en 2024, un récord histórico, 43 millones son refugiados que han tenido que abandonar sus países, mientras que otros 63 millones son desplazados internos: no han tenido la posibilidad de cruzar sus fronteras. En todo caso, añadió Rueda, la mayoría de las personas buscan refugio en sus países vecinos, que suelen ser Estados empobrecidos y en los que sus ciudadanos también son víctimas de violaciones de los derechos humanos. Así que quienes llegan a Europa, a España y a Málaga son una pequeña muestra de quienes sufren tanto como para tener que marcharse de sus pueblos, ciudades o países de origen. Además, Rueda puso el acento en una cuestión relevante y es que están aumentando los desplazamientos por motivos climáticos, lo que supone una dificultad añadida para las personas que se ven obligadas a realizarlos, ya que esas circunstancias no tienen encaje legal en la mayoría de los países receptores.
Además, CEAR aprovechó la presentación de su último informe anual para poner de relieve que entre los retos para la acogida y la inclusión social de las personas migrantes y refugiadas en España se encuentran las dificultades para obtener una cita de asilo, empadronarse o abrir una cuenta bancaria, entre otros obstáculos que afectan a la falta de igualdad real en el acceso a los derechos de vivienda, empleo, sanidad o educación.
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