Profesionales externos para tramitar licencias: el convenio de Marbella y el Colegio de Arquitectos ya acorta plazos

El análisis del caso de Madrid ha dado paso a una segunda mesa de expertos, más centrada en el contexto normativo. Con la conducción del periodista de SUR Jesús Hinojosa, ha sido turno para José Andrés Moreno, director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Consejería de Fomento; Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, y Susana Gómez de Lara, decana del Colegio Oficial de Arquitectos.

El representante autonómico, José Andrés Moreno, ha destacado la importancia de la participación de colegios profesionales y entidades de certificación, algo previsto en la LISTA. «¿Qué tareas? Cualquier tarea instrumental o de apoyo que no invada las potestades públicas. Sin perjuicio de la capacidad inspectora de la Administración. Estamos hablando de entidades muy serias verificadas por la ENAC. Y hay que destacar principios como responsabilidad, confidencialidad e imparcialidad», ha dicho. «Málaga tiene que decidir en cada municipio a través de las ordenanzas cómo implantar el sistema. Hace falta una reflexión interna: ¿cuántos funcionarios tengo?, ¿en qué campos me interesan más?, ¿quizás la obra nueva para funcionarios y las otras para las entidades?... Todas esas reflexiones hay que hacerlas», ha explicado al tiempo que ha reconocido que el modelo de Madrid no tiene por qué ser equiparable al de un pequeño municipio.

Violeta Aragón ha anhelado el modo de funcionamiento de lugares como Madrid. Y ha defendido que el modelo de entidades certificadoras no es una agresión al funcionariado. «Estamos trabajando entre profesionales. El promotor ya tiene contratado a un profesional como el arquitecto. Ya una declaración responsable suya debería valer», ha explicado. «Es la única forma de desatascar lo que tenemos. En Málaga irnos a seis meses nos parecería una alegría. Estamos tardando de media un año y muchas veces es habitual año y medio. Y esto no puede ser», ha indicado.

En la tramitación de una licencia intervienen toda las administraciones, ha dicho la representante de la ACP. Es una clave importante la intercomunicación entre instituciones.

Susana González, como representante colegial y entidad colaboradora potencial, ha remarcado el hecho de dar agilidad. El Colegio de Arquitectos de Málaga implantó en 2009 el visado digital y esto marca la filosofía que mueve al ente: «Algunos ayuntamientos adaptaron rápido y pudimos firmar convenios de tramitación digital, lo que daba cierta seguridad en lo referente a que el proyecto que recibían era el original. Hasta en la época digital se dan casos de falsificación de visados de proyectos. Marbella o Vélez fueron algunos de los que firmaron convenios». En suma, se crea un servidor del Colegio con acceso a los originales por parte de los ayuntamientos.

Ya en 2018, el Colegio hizo un sondeo a partir de las quejas sobre la dilación de plazos. La radiografía concluyó que Marbella, Málaga y Mijas extendían más los tiempos. A partir de ahí, los Arquitectos propusieron una serie de mejoras: «Tenemos un convenio con Marbella de supervisión urbanística de proyectos. Se han ido tramitando entre 40 y 70 al año y ha servido de rodaje. Muchas veces las licencias se dilatan por informes sectoriales o por falta de documentación, incluso unidad de criterios de interpretación de las ordenanzas municipales. Para esto ha servido. Y hemos hecho una nota técnica con todos los criterios de interpretación: superficie de ocupación, rasantes, alturas... Y también el Ayuntamiento de Marbella ha hecho un protocolo para presentar licencias». El peso de la actuación colegial es un 20% aproximadamente de la actividad urbanística marbellí.

Marbella también está redactando la ordenanza para las entidades colaboradoras, al igual que Málaga. Y hay contactos permanentes con el Colegio de Arquitectos. Aquí ha reseñado la importancia de las plataformas digitales de intercambio bien coordinadas, acordadas y estructuradas.

En Marbella se han recortado plazos entre tres y seis meses, ha indicado la presidenta del Colegio. Es un informe, además, que será sustitutivo porque se adaptará a la LISTA. Al principio no era así.

José Andrés Moreno ha definido la LISTA como una «caja de herramientas». Cada municipio debe coger las que le sean necesarias: «Es una ley muy municipalista».

Aragón ha puesto el acento en el «cuello de botella» que se puede generar en la creación de ordenanzas y pedía más presión autonómica hacia los ayuntamientos para que la aplicación sea unánime.

Ha participado en este punto Rosa Roca, de Addient, que ha reclamado una visión no sólo enfocada al municipio, sino también hacia el promotor y el ciudadano. «Los tiempos de legislar son muy lentos. Y aquí sólo se han subido al carro Málaga y Sevilla», ha dicho.

Aragón ha insistido en las carencias en digitalización. «Deberíamos automatizar procesos. No hay ni un ayuntamiento que tenga digitalizado totalmente todo el procedimiento de licencias. Málaga ha avanzado pero hay que dar un paso más. Si compras un boli en Amazon estás viendo a qué hora salió del almacén, este es el vuelo, este es el transportista, el tiempo de entrega... Y eso en licencias me parecería fundamental», ha demandado. Es necesario, a su juicio, un trabajo conjunto.

Hay solo dos empresas certificadoras en el registro autonómico, ha apostillado el moderador, Jesús Hinojosa. «Hasta ahora había un problema en la falta de reconocimiento del valor de informe que podían dar», ha intervenido Moreno. En este punto, la representante de Addient, ha avanzado que hay cinco o seis empresas interesadas pero ha reconocido que el tiempo en acreditarse, con todos los requisitos, se tarda un año.

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