Aluvión de peticiones de VTC en Málaga tras la puerta a la liberalización abierta por la justicia europea

A día de hoy son 2.468 las autorizaciones vigentes en suelo malagueño (2.740 taxis), según los datos que maneja el Ministerio de Transportes. Pero esta cifra podría verse desfasada y multiplicada al menos por dos a raíz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado 8 de junio tumbaba la principal limitación vigente en España para proteger al taxi frente a los VTC como es la que establecía que no se pueden conceder nuevas autorizaciones en aquellos territorios donde haya 1 VTC por cada 30 taxis.

A ojos de los magistrados europeos, imponer ese tope por el mero hecho de proteger al taxi y sin que esté justificado para garantizar la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público o la protección del medio ambiente es contrario al derecho comunitario.

Este fallo judicial abría la puerta a un aluvión de nuevas autorizaciones y, aunque de momento aún no se han materializado, sí que ha despertado un desmesurado afán de empresas y particulares por hacerse con nuevos permisos en zonas con tanto tirón como la Costa del Sol. En el primer mes, la Junta de Andalucía ha recibido 2.830 solicitudes sólo para la provincia de Málaga. Basta con presentar el escrito, indicar una matrícula (no habrá que acreditar la del coche definitivo hasta la concesión) y abonar la tasa administrativa, que es de 26,83 euros. A partir de ahí, empieza a contar un plazo máximo de cinco meses para la resolución de la solicitud, teniendo en cuenta que el silencio administrativo supondría una respuesta positiva.

Desde la Consejería de Fomento aseguran que pese a este «importante volumen», por ahora no afecta al panorama actual porque «no se ha autorizado ninguna de las solicitudes presentadas». Pero tampoco es una garantía definitiva. Y así lo demuestra la historia reciente. Cierto es que la Administración autonómica lleva desde 2015 sin conceder nuevas tarjetas de VTC amparándose en que esa ratio 1/30 estaba más que superada en Málaga puesto que el escenario es de una equiparación real (actualmente es de 1 VTC por cada 1,1 taxis) debido a la liberación del sector que estuvo vigente entre 2009 y 2015. Pero también lo es que ese grifo cerrado a nivel administrativo no ha impedido desde entonces un goteo continuo a través de los tribunales, ya que se trataba de autorizaciones que fueron solicitadas y tramitadas durante aquellos seis años de vacío.

¿Podría repetirse este escenario? «Claro que sí. La situación es similar, aunque con distinto argumentario. Ahora mismo no se están autorizando, pero en el momento que lleguen las denegatorias posiblemente acaben en los juzgados», advierte José Luis Ortega, abogado de la consultora especializada en transporte Mobility Think Tank y profesional que, en representación del sector de los VTC, participó en el procedimiento judicial desarrollado en Luxemburgo que desembocó en la citada sentencia europea. De acabar concediéndose estas autorizaciones, serían más de 5.000 las tarjetas de VTC activas en la provincia.

Para intentar blindar precisamente al taxi, y ante la amenaza de una gran movilización, el Gobierno central trató de volver a blindar al gremio tradicional en tiempo récord con un real decreto aprobado el 27 de junio que, ante la rendija que abría la sentencia del TJUE, incorpora nuevas herramientas para limitar la oleada de nuevas autorizaciones tomando como referencia el citado fallo judicial. Así, la nueva normativa establece que la autorización será denegada alegando criterios de reducción de emisiones de CO2 o de gestión del transporte, del tráfico o del espacio público.

De momento, esta regulación afecta únicamente a autorizaciones de VTC estatales que habilitan para la prestación de transporte interurbano con recorridos que deben iniciarse en la comunidad autónoma donde estén domiciliadas. Por tanto, para regular los servicios urbanos deberán ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos los encargados de dar ese paso. «No deja de ser un remiendo, porque introduce motivos medioambientales o de tráfico para limitar los VTC pero se olvida que hacerlo también para el taxi», destaca Ortega.

Por su parte, desde la Consejería de Fomento aseguran que «Andalucía siempre trabajará para garantizar un clima de convivencia entre la oferta de ambas modalidades de transporte (taxi y VTC) atendiendo a las necesidades del usuario y de la movilidad de las ciudades y, a su vez, cumpliendo la normativa vigente».