Los VTC siguen ganando terreno y ya superan a los taxis en la Costa del Sol

Y más aún que puede aumentar a raíz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que rechaza la principal limitación vigente en España para proteger al taxi frente a los VTC, la que establece que no se pueden conceder nuevas autorizaciones en aquellos territorios donde haya 1 VTC por cada 30 taxis. Un fallo judicial que abre la puerta a la entrada masiva de nuevas concesiones administrativas para este tipo de vehículos.

Con la última estadística publicada por el Ministerio de Transportes en la mano, actualmente hay 2.427 vehículos de este tipo censados en suelo malagueño, cifra que comparándola con los 2.740 taxis operativos según el Instituto Nacional de Estadística (las tablas de Transportes sólo recogen los 2.650 que tienen autorización para prestar servicios interurbanos) da como resultado una proporción de 1 VTC por cada 1,1 taxis. Se trata de la ratio más baja del país por delante incluso de Madrid (1/1,8), Barcelona (1/4), Sevilla (1/5) y otras grandes capitales como Valencia (1/12) y Zaragoza (1/11).

Pero la realidad sobre el terreno está más apretada aún en la Costa del Sol occidental, que es donde se concentra la práctica totalidad de la actividad de los VTC. De hecho, ya superan claramente a los 2.250 taxis que hay en la franja comprendida entre la capital y Marbella. A esto hay que unir que en Andalucía hay otras 1.008 autorizaciones (483 en Sevilla, 208 en Granada, 113 en Cádiz, 89 en Almería, 72 en Huelva, 39 en Córdoba y 4 en Jaén) que tienen libertad plena para operar por toda la geografía regional, siempre que lo hagan previa contratación.

Pero la competencia puede ser aún mayor en momentos puntuales, puesto que las otras 15.055 autorizaciones activas en el resto del país también tienen la opción de trabajar en otras comunidades siempre que estos servicios no rebasen el 20% de la facturación por trimestre.

Esa proporción de 1/1,1 en Málaga echa por tierra el 1/30 que la legislación estatal marca como tope a la hora de conceder nuevos permisos y que la justicia europea acaba de rechazar. Pero la realidad es que siguen llegando. No por vía administrativa, puesto que la Junta de Andalucía (la concesión corresponde a las comunidades autónomas) lleva años con el grifo cerrado para intentar controlar su expansión, pero sí con un goteo continuo a través de los tribunales, ya que se trata de autorizaciones que fueron tramitadas al amparo de la liberalización del sector que estuvo vigente entre 2009 y 2015.

Desde el sector del taxi no ocultan su «preocupación» por este incremento de la competencia, del que responsabilizan directamente a la Junta de Andalucía por el decreto aprobado en septiembre de 2022 que permite a los VTC que trabajan para plataformas como Uber, Cabify y Bolt seguir realizando trayectos íntegramente urbanos. Pero más preocupa todavía lo que pueda llegar en el futuro. «Estos VTC con sus aplicaciones van con la idea de ganar dinero únicamente. Si nadie les regula, se irá haciendo populares poniendo precios por debajo de costo para así hacerse con el mercado y, una vez terminen con el taxi y gobiernen las calles malagueñas, sus precios se doblarán o triplicarán como hacen a día de hoy cuando llueve, hay un concierto o una noche con alta demanda», advierte el presidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat), Miguel Ángel Martín.

Desde el otro lado, el presidente de la patronal autonómica VTC Andalucía, Pablo García, recuerda que las nuevas autorizaciones que van entrando actualmente son de sentencias que siguen coleando. Otra cuestión son las que puedan empezar a llegar a raíz de la sentencia de la justicia europea. En cuanto a la competencia, el representante del sector aboga por «una convivencia equilibrada donde taxis y VTC puedan trabajar en el ámbito del transporte urbano e inteurbano generando una mayor calidad de los servicios». «Y respetando siempre que el taxi tiene sus tres formas de coger clientes (en parada, a mano alzada y con precontratación) y el VTC sólo con precontratación», remarca.

Con el objetivo de garantizar ese equilibrio, el Ejecutivo andaluz aprobó en febrero de 2021 un decreto de modernización y flexibilización del taxi que, entre otras medidas, contempla la posibilidad de contratar el servicio a precio cerrado para que el cliente sepa de antemano cuánto le va a costar la carrera (igual que Uber, Cabify o Bolt) o la posibilidad de compartir taxi en trayectos con origen o destino en puntos de gran afluencia como aeropuertos, estaciones o recintos feriales, aunque para poder aplicar la contratación por plaza con pago individual deberá primero plasmarse en la ordenanza de cada municipio.

Con más retraso, y prácticamente sobre la bocina, el 1 de octubre de 2022 entraba en vigor el decreto autonómico que regula la actividad de los VTC, condición fundamental para que desde entonces pudieran seguir realizando trayectos urbanos en las ciudades andaluzas tras expirar la moratoria de cuatro años concedida por el Gobierno central en 2018 por la que, sin normativa regional, las autorizaciones de estos coches pasarían a ser únicamente interurbanas (sólo podrían cubrir carreras entre distintos municipios).

Por tanto, desde entonces pueden seguir operando como venían haciéndolo, pero el decreto establecía una serie de restricciones para intentar asegurar esa convivencia con el taxi, como la prohibición de acercarse sin estar precontratados a zonas de gran demanda de viajeros como aeropuertos, estaciones, hoteles o centros comerciales; o la eliminación de la geolocalización que permite al cliente conocer la ubicación del vehículo antes de contratarlo.

Además, pensando en el usuario, en el desarrollo reglamentario de la norma que todavía no ha visto la luz se planteó limitar los precios de estas aplicaciones para evitar que se disparen en momentos de alta demanda como ferias, conciertos u otros eventos multitudinarios.