¿Qué cambia y en qué afecta al cliente la sentencia de los VTC?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de rechazar limitación vigente en España para proteger al taxi frente a los VTC. La sentencia, conocida este jueves, viene a establecer que la decisión de no conceder nuevas autorizaciones a estos vehículos que trabajan para Uber, Cabify o Bolt en aquellos territorios donde haya una proporción de 1 VTC por cada 30 taxis es contraria a la normativa europea siempre que se establezca por el mero hecho de salvaguadar al taxi como ocurre ahora. En cambio, sí que podría tener cabida si es para garantizar una buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como la protección del medio ambiente.

El fallo judicial también pone matices a la segunda autorización de ámbito regional que han aprobado comunidades autónomas como Andalucía para que los VTC pudieran seguir seguir realizando trayectos íntegramente urbanos en las ciudades desde el 1 octubre del año pasado, fecha en la que las autorizaciones vigentes sólo serían válidas para servicios interurbanos. No se opone a ellas, pero sí que exige que estén justificadas y basadas en «criterios objetivos». Por tanto, la sentencia abre la puerta a la concesión de nuevas autorizaciones, pero no entra a regular la actividad de los VTC, cuyas principales medidas en Andalucía son las siguientes:

Captación de clientes

Los VTC sólo pueden trabajar bajo precontratación. A diferencia del taxi, que puede captar clientes de tres formas (en las paradas, a mano alzada en la vía pública o con contratación previa), los VTC sólo puedan prestar servicio si han sido contratados previamente y con la hoja de ruta debidamente cumplimentada antes de que el coche se ponga en marcha. Por tanto, tienen prohibido circular buscando clientes.

Movilidad geográfica

Los VTC tienen libertad plena para prestar servicio en cualquier territorio de la comunidad autónoma en la que tenga concedida la autorización. Además, también puede trabajar en el resto del país siempre que esos servicios no superen el 20% de la facturación por trimeste. En cambio, un taxi sólo puede recoger viajeros en el municipio donde tenga concedida la licencia, con las únicas excepciones de aeropuertos y puertos siempre que lo hagan bajo precontratación.

Tarifas

Los VTC ofrecen un precio cerrado antes de formalizar la contratación del servicio, pero estas tarifas pueden variar porque no están reguladas, como sí lo están los de los taxi que tienen unos precios máximos. De esta forma, aplicaciones como Uber, Cabify o Bolt funcionan con precios dinámicos, partiendo de unas tarifas base aunque pudiendo multiplicarse incluso por tres en picos de alta demanda como puede ser la feria, la Semana Santa o las noches de los fines de semana. Ante esta realidad, la Junta de Andalucía tiene previsto tomar medidas para limitar los precios abusivos. Aunque será en el desarrollo reglamentario del decreto que entró en vigor el 1 de octubre de 2022.

Lejos de puntos de gran demanda de viajeros

El citado decreto autonómico, aprobado para permitir que los VTC pudieran seguir realizando trayectos íntegramente urbanos en las ciudades, remarca que estos vehículos no podrán estacionar ni circular para la captación de clientes en puntos de gran demanda de viajeros. Así, se propone una distancia mínima de estacionamiento de 300 metros para aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses y de 150 metros desde la puerta de otros espacios como hospitales, hoteles de al menos cuatro estrellas con más de cien plazas, juzgados o lugares donde se celebren eventos. Esta limitación geográfica no impide al cliente pedir a través de la 'app' un coche de Uber, Cabify o Bolt en cualquiera de estos espacios. Lo que no podría hacer el chófer es estacionar dentro de esta zona con las aplicaciones abiertas ni circular propiciando la captación. En cambio, un VTC con un servicio precontratado sí que podría moverse con total libertad por estos puntos para recoger o dejar a sus clientes.

Geolocalización del vehículo

La normativa andaluza obliga a las aplicaciones móviles a suprimir la geolocalización previa a la contratación para tratar de impedir la captación de usuarios. Lo que se pretende es evitar que aparezca en la 'app' y el usuario, al comprobar que alguno de estos coches está cerca, solicite sus servicios mientras va circulando por la zona.

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