La okupación de viviendas aumenta en Málaga a cargo de mafias organizadas

Durante el año 2019 se denunciaron en dependencias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de la provincia de Málaga un total de 350 okupaciones de viviendas, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Desde enero hasta junio de 2020 el número de notificaciones es de 170. En términos regionales, en Andalucía se han reportado 1.183 casos en este último intervalo.

No obstante, desde el ministerio reconocen que estos datos únicamente corresponden a episodios denunciados ante las dos principales fuerzas policiales, sin incluirse las que se resuelven directamente a través de negociaciones directas o con intermediarios, ni las que llegan a los juzgados o son gestionados por policías autonómicas.

Ahí es donde entra en escena el próspero negocio de la 'desokupación' extrajudicial, que está en pleno auge. Salvador Palazón, propietario de Desokupa Exprés, pone de relieve que este verano se ha duplicado la demanda: si antes del confinamiento hacían 12-15 servicios mensuales en la provincia, ahora son entre 20 y 25, especialmente en Málaga capital y localidades de la Costa del Sol como Marbella, Torremolinos y Benalmádena. Y esta es sólo una de las empresas que ofrecen el servicio, por lo que el sector estima en más de medio centenar los encargos que se firman cada mes.

En torno a la okupación y su gestión legal existen múltiples creencias que en muchos casos multiplica la sensación de alarma e impunidad ante la ley. Javier Morales, abogado especialista en estos casos, explica que el término 'okupación' puede responder a los delitos de usurpación o allanamiento de morada. En el primer caso, tipificado en el artículo 245.2 del Código Penal, se persigue a quienes, sin permiso, ocupan o utilizan un inmueble o edificio del que no son propietarios. El tratamiento de este delito es diferente (se considera menos grave) que el de allanamiento de morada (artículo 202.1 del Código Penal), que se produce cuando una persona entra en una vivienda que se considera fundamental para el desarrollo de la intimidad de su propietario.

Uno de los grandes temores de los particulares con respecto a que su vivienda sea okupada está en las demoras a la hora de su desalojo (que no desahucio). El juez decano de Málaga, José María Páez, reconoce en declaraciones a SUR que es un problema «complejo y cambiante» que se hace especialmente difícil de perseguir en muchos de los casos que llegan a los juzgados, lo que se traduce en una demora que supone un gran perjuicio para los propietarios. Este hecho motiva esa sensación generalizada en la opinión pública de indefensión ante este delito.

Por otro lado, Páez aborda la idea de que la okupación está instrumentalizada y sistematizada en manos de mafias y organizaciones que facilitan estos procesos, en muchos casos engañando a quienes realmente necesitan un techo, a quienes se les dice que pertenece a un banco o que está abandonada, cuando en realidad es de un ciudadano particular.

«Hay auténticas inmobiliarias 'underground', clandestinas», corrobora Luis Quiñones, abogado y fundador de Recupro (Recuperación Profesional de Propiedades). En estos grupos intervienen ojeadores, que localizan las propiedades vacías; los que las okupan, los que que las revenden, el electricista y el fontanero para los enganches de luz y agua, y el cerrajero para cambiar las llaves.

Javier Morales, acostumbrado a representar legalmente a las diferentes partes en los procesos legales por usurpación (propietarios, okupas y grandes tenedores), explica que, con la ley en la mano, si alguien se cuela en una casa que representa la morada de su propietario, el proceso de desalojo debería ser «rápido». «Es importante denunciar bien asesorado para que el proceso sea eficaz, ya que se produce una violación de la intimidad y es un delito flagrante que permite a la policía intervenir». No obstante, el letrado reconoce que en muchos casos los agentes que acuden a esta denuncia no siempre pueden actuar ni identificar a quienes han entrado en la casa.

Además, el proceso se ve afectado por el ya mencionado atasco judicial. Esto hace que lo que debería ser un desalojo ejecutado en cuestión de días pueda prolongarse en el tiempo durante semanas o meses. «Si la policía no consigue identificar a los okupas, porque saben que deben tratar de evitarlo el máximo tiempo posible, la cosa se complica».

«Lo de España es brutal, en derecho comparado, en Alemania o Italia el ocupante sale detenido», critica el abogado Luis Quiñones. «La ley antes o después cambiará, ya es un clamor popular contra las okupaciones. Soy consciente de que a mucha gente hay que ayudarla, pero no darle los pisos que son de otros».

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga (PAH) aseguran que en torno al 80% de las okupaciones (ellos utilizan el término «recuperaciones») se hace en viviendas que están en manos de bancos, grandes tenedores y fondos buitre. «No apoyamos la okupación de viviendas de particulares, pero sí defendemos el derecho a la recuperación si está deshabitada y pertenece a quienes especulan con un derecho fundamental», indican las portavoces Isabel Jiménez, Mónica Pérez y Paqui Pascual. De hecho, en la PAH no ofrecen sus servicios jurídicos y sociales a quienes actúan contra la propiedad individual. El colectivo también condena la existencia de estas organizaciones mafiosas: «Son una gran parte del problema, se deshacen de la parte social de la okupación, especulan y engañan».

Como apunta el juez decano, existen verdaderos manuales en Internet con consejos no sólo para elegir y entrar en una vivienda, también sobre cómo declarar ante la policía o el juez, «incluso hasta qué tipo de abogado contratar». SUR ha localizado fácilmente varios de estos documentos en Google. En estos se explican cuáles son las posibles estrategias a seguir en caso de que la situación llegue a los juzgados. Además, se fijan para retrasar el proceso al máximo.

El negocio al alza de la okupación en Málaga se ha traducido paralelamente en un auge de las empresas dedicadas a desalojarlos de manera extrajudicial. En la provincia operan media docena de firmas especializadas, que tienen en común la estrategia, que suele ser doble: de una parte, un control de acceso en la puerta de la vivienda, con un vigilante jurado –con placa– y el apoyo de miembros de la firma. De esta manera, se trata de que el ocupante ilegal que sale no vuelva a entrar. En paralelo, se establece una negociación para un desalojo lo más rápido y pacífico posible. El precio ronda los 2.000 a 3.000 euros, en función de factores como la peligrosidad y los efectivos necesarios. No suelen intervenir cuando afecta a niños.

A entidades como Desokupa Exprés, Evictions Staff y Recupro se han sumado otras como Antiokupas Group, que se ha constituido recientemente en Marbella, al calor del boom de la demanda. «He tenido que cambiar de negocio por la crisis, y en esto hay trabajo», indica su fundador. En un mes ha hecho una decena de servicios con éxito en Málaga y Sevilla.

La okupación es un problema social que tiene múltiples aristas. Para la PAH, este es el resultado del aumento del precio del alquiler y la falta de viviendas sociales. Salvando que existen muchos casos de verdadera necesidad, para los propietarios afectados y para quienes luchan contra el fenómeno, el principal problema es el nicho de mercado que han encontrado auténticas mafias organizadas para lucrarse con la propiedad ajena.