Los municipios más castigados por la sequía deben ponerse en la cola ya para pedir desaladoras portátiles

Cada día que pasa, la urgencia de los plazos se vuelve más acuciante. «Los municipios interesados en una desaladora portátil debería pedir ya la autorización para la captación de agua marina», insistió Merino. Para la regeneración de agua para el uso humano, recordó el experto, esta autorización tiene que pasar el trámite de la exposición pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). «Es un proceso que tarde entre uno y tres meses», subrayó. Los trámites pertinentes habría que realizarlos, según Merino, a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul.

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Matías Stuber

Merino, una de las voces con más competencia para hablar sobre la gestión de agua en la provincia, ratificó, en este sentido, que la mayoría de municipios ya «va tarde». Al margen de Estepona, que fue pionera en mover ficha, a través de su alcalde, José María García Urbano, el resto de municipios han mostrado su intención de apostar por las desaladoras portátiles, pero aún tendrían que formalizar los pasos burocráticos. Librar la batalla contra la sequía, dejó claro Merino, es de absoluta urgencia. «La situación es delicada», dijo.

A pesar de algunas restricciones, el consumo no se habría reducido de manera notable. «Vamos bastante tarde, sinceramente», añadió. El experto explicó, acto seguido, que las desaladoras portátiles no son algo novedoso ni experimental. «Se usan desde hace años. Que funcionan se ha podido comprobar en Las Palmas de Gran Canaria, donde se emplearon para garantizar el riego de los plátanos después del estallido del volcán», señaló. La realidad de las desaladoras portátiles también habría evolucionado a través del uso de la energía solar. «Eran devoradoras de energía, algo que se ha solucionado con el uso de la energía fotovoltaica», detalló.

Merino también hizo referencia a la necesidad de buscar soluciones que sean estructurales. En este sentido, apunto a la construcción de desaladoras fijas. El coste de una infraestructura así ascendería a los 160 millones de euros. «Es el precio aproximado de una desaladora fija con su estación de bombeo y planta fotovoltaica», precisó.

Si hay comunidades como Baleares donde las desaladoras han probado su utilidad, el experto lamentó que normativa, en general, dificulta la lucha contra la sequía: «El primer problema que tenemos en España es una ley de agua. Exige lo mismo para un pozo que para coger agua del mar. Así se produce lo que llamamos el síndrome del náufrago. Estamos rodeados de agua, pero nos morimos de sed».