Luis Planas: «En los próximos meses el precio de los alimentos disminuirá»

–Las organizaciones agrarias y ganaderas siguen denunciando que la PAC es perjudicial para el campo andaluz y que no responde a sus necesidades.

–Entiendo que cualquier cambio suscita recelo y preocupación. Ha ocurrido en el pasado y ocurre esta vez, donde el cambio es más importante porque a diferencia del pasado, donde se aplicaba un reglamento europeo en España, esta vez hemos preparado un Plan Estratégico Nacional aprobado por Bruselas. Esta PAC tiene otra característica y es que tiene una orientación ambiental muy importante, el 43% de los fondos tiene una dedicación directa o indirecta, a los temas ambientales. Han sido tres años de reuniones y de trabajo para conseguir la PAC. Ahora estamos en un momento donde hay que pasar de las palabras a los hechos. No tiene ningún sentido continuar con polémicas. Lo que tiene sentido es aprovechar bien los fondos. Es dificilísimo lograr en Bruselas un euro y lo hemos logrado: 47.724 millones de euros. Lo hemos conseguido con un modelo que logrado el punto de equilibrio y que es muy favorable para España y Andalucía. Es una PAC mejor distribuida y esto es, quizás, uno de los elementos que pueda suscitar una cierta polémica o rechazo por parte de algunos. Esta PAC está dirigida a la inmensa clase media de nuestra agricultura y ganadería que son la agricultura familiar y profesional y los pequeños agricultores.

–En el caso de Málaga, el número actual de productores que reciben las ayudas ¿las van seguir recibiendo? ¿Se van a mantener las cuantías que perciben?

–Mi punto de partida y de llegada ha sido que quien percibe ahora la PAC, la siga percibiendo. En España son unos 630.000 perceptores, de ellos casi 220.000 en Andalucía. En cuanto a las ayudas, de acuerdo con los cálculos econométricos que tenemos en el ministerio una inmensa mayoría de los actuales beneficiarios o se quedarán igual o incrementarán su cuantía.

–Desde algunos sectores se ha pedido una moratoria en la aplicación de los ecoesquemas. ¿Es posible aplicarla?

–Estos ecoesquemas son una de las grandes novedades de esta PAC y son algo que en la discusión en Europa de los tres reglamentos fue la parte más complicada. ¿Por qué? Porque pretendiendo que la agricultura y la ganadería contribuyan también a la preservación del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, tenemos que mantener el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y económica. ¿Cómo ajustar eso en un país tan complicado como España? Hemos hecho un modelo de diferentes modelos de aplicación para el secano, el regadío y los pastos y con diferenciación de determinadas prácticas agrarias que permitan cobrar una cantidad adicional. ¿De dónde viene el debate o la petición que ha hecho reiteradamente la Junta de Andalucía? Que tiene en la cabeza el modelo antiguo, donde el pago verde era un pequeño suplemento a la ayuda a la renta, pero eso es del pasado. Lo que está vigente son los ecoesquemas. Me preocupa que se pida esa suspensión de la aplicación de los ecoesquemas porque se está pidiendo la suspensión de la aplicación del plan estratégico nacional cuya consecuencia sería que ningún agricultor y ganadero a partir del 1 de enero tendría asegurado su PAC y para mí, como ministro, mi primera responsabilidad es asegurar que los agricultores y ganaderos cobren. Antes decía que hay que pasar de las palabras a los hechos y la ejecución, y nos queda por delante una gran tarea de asesoramiento, información y de labor pedagógica sobre la nueva PAC.

–Otro de los grandes asuntos que preocupa a agricultores y ganaderos es el aumento de los costes de producción (electricidad, alimentación del ganado, fitosanitarios...), ¿se van a articular ayudas desde el Gobierno mediante subvenciones o medidas fiscales para ayudar a este sector?

–El Gobierno cuenta actualmente con instrumentos de ayudas basados en cuatro pilares. El primero es la Ley de Cadena Alimentaria para dar transparencia y equilibrar, que los esfuerzos no recaigan sobre el eslabón más débil del sector, que son los agricultores y ganaderos. La ley de Cadena Alimentaria es un instrumento de defensa en la medida en que los precios de venta no pueden ser inferiores a los costes de producción. El segundo pilar son los seguros agrarios, que lo hemos reforzado económicamente para afrontar las contingencias climáticas. A 30 de agosto, Agroseguro ha peritado 657 millones de euros de indemnizaciones como consecuencia de fenómenos climáticos, un 19% más que el año anterior en la misma fecha. El tercer pilar es la PAC, que es un seguro de rentas. Y el cuarto pilar son las ayudas directas del Estado. En total entre los tres decretos leyes (el de sequía y los dos de las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Ucrania) se destinan más de 1.000 millones de ayudas al sector primario. Además hemos conseguido que la UE autorice el uso del 5% de los fondos no ejecutados de Desarrollo Rural para ayudas directas; están las ayudas de veinte céntimos al gasóleo que ha tenido una repercusión de 146 millones en el sector agrario; se ha bajado el régimen fiscal de los módulos por los que tributan agricultores y ganaderos; y hay medidas suplementarias como la condonación del IBI, que lo tienen que hacer los ayuntamientos, para las explotaciones que como consecuencia de la sequía hayan perdido un 30% del valor de lo producido. Hay un paquete muy potente de ayudas al sector primario en el actual contexto y estamos atentos en esta situación a todo aquello que pueda atenuar o moderar los costes del sector primario.

–A todo esto se une la falta de agua para regadío por la sequía, ¿qué medidas prioritarias se van a poner en marcha en Andalucía para paliar esta situación desde el ministerio? En ese sentido, el plan de regadío sostenible ¿cómo va a afectar a Andalucía y a Málaga?

–A pesar de la sequía, soy optimista. La palabra clave es adaptación. Tenemos que ser 'darwinistas'. Darwin decía que el que sobrevive no es ni el más inteligente ni el más resistente, es el que mejor se adapta. La previsión científica es que en los próximos años, ya sea por cambio climático o por ciclo, habrá una menor pluviometría. Todo lo que podamos hacer para una mejor utilización del agua, en el caso agrícola para el regadío, es fundamental. A corto plazo tenemos que intentar llevar a cabo medidas para la mejor utilización tecnológica del agua y la disminución de los costes energéticos. Conseguir sacarle mayor producto a cada gota de agua. De hecho en el Plan de Recuperación hay una dotación de 165 millones de euros dedicada a agricultura de precisión, que también pueden ser financiados con cargo a la PAC, para mejorar el rendimiento. Un segundo aspecto es la factura de la luz y ahí la apuesta, sí o sí, son las energías renovables, particularmente la fotovoltaica. A medio y largo plazo hay que continuar en la tarea de hacer regadío sostenible, sí o sí. Dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia tenemos reservados en una primera fase 563 millones, que uniendo la financiación de las comunidades de regantes suponen más de 800 millones de euros para el conjunto de España. Es un esfuerzo que sumado a los fondos nacionales nos debe llevar al periodo de ahora a 2027 a hacer unas inversiones de 2.150 millones de euros en el conjunto de España. Por otro lado, las obras hidráulicas previstas para los próximos cinco años en Andalucía suman unos 2.000 millones de euros. Y no quiero excluir un tema que puede ser muy importante en la Axarquía como es el de las aguas no convencionales, las aguas recicladas, que están en condiciones de ser utilizadas para la agricultura. El último elemento que nos queda, es más costoso, es el de las desaladoras, que puedan dar respuestas puntuales.

–El PP pone encima de la mesa la opción de bajar el IVA del 10% al 4% a productos como la carne, el pescado u otros que son básicos en la cesta de la compra. ¿qué le parece esa propuesta?

–Primero. La inflación no es buena para la economía y no es buena para los ciudadanos. El que conociéramos hace unos días una disminución de la primera estimación de los datos de agosto con una bajada del 10,5 al 9%, es un dato positivo. Lo digo claramente. Lo mismo que hemos triunfado frente al Covid durante la pandemia, triunfaremos frente a la inflación, antes o después. Ahora, es verdad que los factores que nos llevan a esa inflación están fuera de nuestro control como la guerra de Ucrania. Segundo tema, el precio de los alimentos es motivo de preocupación para el Gobierno. Las medidas que hemos adoptado en materia de apoyo, los 30.000 millones que hemos gastado globalmente en apoyo a los distintos sectores productivos y a los ciudadanos, estimamos que pueden haber reducido la inflación en tres puntos y medio aproximadamente. Eso es una buena cuestión. Creo que el precio de los alimentos en los próximos meses se estabilizará a la baja, es decir, disminuirá. Así lo proyectan datos de mercados internacionales como el de la Bolsa de Chicago en cuanto a la disminución del precio de los cereales o el índice FAO de productos alimentarios que lleva varios meses bajando. En España y la UE se ha conseguido que todos los ciudadanos tengan alimentos y bebidas en cantidad y calidad suficientes. El segundo objetivo es que lo sean a un precio razonable. Y ahí tenemos un elemento fundamental, la Ley de Cadena Alimentaria. Si no tuviéramos esta ley, estoy convencido de que en estos momentos agricultores y ganaderos estarían pagando el coste del incremento de los precios alimentarios. Con esta ley, el esfuerzo se está repartiendo. Respecto al IVA tenemos un esquema racional desde el punto de vista alimentario basado en tres niveles de aplicación a los productos (4%, 10% y 21%). La bajada del IVA de los alimentos no es una medida de apoyo a los ciudadanos en la medida en que evidentemente el impacto es mínimo y el coste muy elevado. Por tanto, ahí las medidas son las que se refieren, por una parte, a esa llamada a la responsabilidad y a mantener transparencia y equilibrio en la cadena alimentaria y a un esfuerzo de las grandes superficies y supermercados y de la distribución, y, por otra parte, las medidas de apoyo a la renta que se están articulando por parte del Gobierno

–Las previsiones apuntan a una fuerte caída de la producción de aceituna para esta campaña en el campo andaluz, lo que afectará al empleo por la disminución de los jornales, ¿están estudiando alguna medida?

–El último año hemos tenido una campaña magnífica. Estamos en niveles de precios de la AOVE de hace una semana de 3,92 euros por litro. Era lo que venía reivindicando el sector. Este año hemos conseguido vender en el mercado nacional 575.000 toneladas, hemos conseguido sacar fuera, al mercado exterior, más de un millón de toneladas. ¿Cuál es el tema de esta campaña? Tenemos 577.000 toneladas estocadas y tenemos la incógnita de cuál va a ser la producción. Creo que va a ser significativamente inferior y de esa producción se deriva el gran reto de esta campaña, que es cómo asegurar la comercialización con precios altos, evitar el riesgo de que una campaña corta dispare los precios a niveles inasumibles…

–En ese sentido, ¿temen que esta bajada de la producción dispare el precio del aceite de oliva?

–No soy muy dado a las predicciones y mucho menos a ser agorero, pero sí que es cierto que el gran reto del sector es cómo vender con precios altos. Sobre el capítulo de las peonadas, que en Andalucía son 20 millones, tendremos que ver cuál es el aforamiento de esta campaña y en función de ello haremos una propuesta a los ministerios de Trabajo y al de Inclusión Social y Seguridad Social que son los competentes, sobre la reducción de las peonadas necesarias.

–¿Los agricultores y ganaderos van a poder quemar residuos vegetales en el campo como hasta ahora se hace en invierno?

–En 2005 se adoptó una norma similar para los restos de cosecha (quema de rastrojos) que al principio sorprendió mucho pero después ha sido perfectamente integrada y hoy está asumida. En el caso de los restos de poda lo que hay es una normativa europea que transcribe la Ley de Residuos Vegetales. Por tanto, la norma hay que cumplirla para evitar emisiones a la atmósfera. En el marco de la PAC esos restos de poda son una de las prácticas agrarias que fomentamos, es decir, por enterrar restos de poda se podrá cobrar una cantidad suplementaria. Lo que estamos estudiando es un mecanismo de flexibilidad para autorizar la quema de manera excepcional por razones fitosanitarias.