El mapa de los ajustes de cuentas en Málaga

Es el segundo asesinato del mes, tras el crimen del pasado día 3 en Cabopino, donde mataron a balazos a un ciudadano francés de 60 años. El asesinato fue presenciado en directo por una patrulla de la Guardia Civil que pasaba casualmente por allí. El pistolero se montó en un Renault Megane de color azul donde le esperaba, al volante, su cómplice. Los agentes los persiguieron (en un Nissan Patrol), pero los criminales les dieron esquinazo. Poco después, el coche de los sicarios era pasto de las llamas.

Las estadísticas oficiales hablan de ocho asesinatos motivados por ajustes de cuentas en lo que va de año, curiosamente, los mismos que en 2018. Pero los episodios violentos, si se incluyen intentos de homicidio, lesiones, secuestros, o daños –como las explosiones del año pasado, que fueron los primeros casos de narcoterrorismo registrado en Málaga– la cifra se acerca más al medio centenar.

De momento, los crímenes, ejecutados generalmente por sicarios profesionales que en cuestión de horas están fuera del país (de hecho, en ocasiones, los casos se resuelven, pero las detenciones se producen en el extranjero) quedan circunscritos al ámbito del crimen organizado. Un pistolero, por encargo o no, mata a un miembro de una banda rival. O le da un aviso. Y hasta ahí. Pero no siempre ha sido así. En 2004, un niño sevillano de siete años que estaba de visita en Marbella con su familia murió tras ser alcanzado por una bala perdida. En aquel ajuste, en el que se dispararon más de 100 proyectiles, también falleció un peluquero que le cortaba el pelo al verdadero objetivo de las balas, que salió ileso.

Cualquier agente de cualquier unidad especializada en la lucha contra el crimen organizado reconoce ya abiertamente que la situación es inédita y muchos de ellos reclaman para la Costa del Sol un plan especial como el que se puso en marcha hace un año y medio en el Campo de Gibraltar, donde el Gobierno anunció una inversión de siete millones de euros para reforzar la seguridad. Y lo han hecho hasta por escrito: el año pasado, la Comisaría Provincial de Málaga elevó al Ministerio del Interior un informe de la Udyco-Costa del Sol donde se pedían medidas urgentes para frenar la espiral violenta, reforzando la labor de inteligencia.

A ese ruego policial se sumó ayer públicamente la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ha enviado una carta a la subdelegada del Gobierno, María Gámez, en la que le ofrece la colaboración de las policías locales y le pide que convoque una reunión con todos los regidores de la Costa para compartir información. Consultada al respecto, la representante del Ejecutivo asegura que lo que está sucediendo en la Costa no demanda un plan como el del Campo de Gibraltar, ya que cada zona tiene sus particularidades. «Estamos teniendo una concentración de crímenes en un momento muy concreto del año; las cifras obviamente no son buenas, pero lo que está pasando en la Costa del Sol no solo tiene que ver con la Costa del Sol. El crimen organizado es muy complejo, es una amenaza transnacional y un reto para cualquier país». Gámez advierte de que no puede entrar en detalles, ya que las causas están secretas, pero aporta un dato: «Alrededor de un 70% de los casos de 2018 y 2019 están ya esclarecidos. Se resuelven rápido, más de lo que pueda pensarse, lo que pasa es que, con frecuencia, las detenciones se producen en otros países. La colaboración internacional es clave».

La subdelegada recuerda que la Policía Nacional ha creado en Málaga un equipo multidisciplinar para investigar estos crímenes, tal y como adelantó este periódico la semana pasada. Diez agentes cuidadosamente seleccionados que pertenecían a Udyco o a Homicidios y cuyo día a día se ha convertido ahora en desentrañar la historia que hay tras el baño de sangre de cada ajuste de cuentas.

En el Campo de Gibraltar, el plan especial ha acarreado cambios mucho más profundos. La Policía Nacional reforzó sus estructuras y la Guardia Civil creó el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON), una unidad transversal para desmantelar las organizaciones desde la raíz. Aunque inicialmente el grupo estaba pensado para el Estrecho, finalmente se extendió a Málaga y Huelva. Y ahora, a todo el litoral andaluz.

En año y medio llevan casi 3.000 detenidos y han desmantelado o al menos descabezado las principales bandas que se dedicaban a introducir hachís por el Estrecho. Como muestra, un botón. Los hermanos Tejón, más conocidos como 'los Castaña', clan al que se atribuía el control del 70% del hachís que entraba por La Línea, están entre rejas; Abdellah El Haj, apodado el 'messi del hachís', escribió una carta a los medios anunciando que se iba de España por la presión policial sobre él y su entorno (al que se le puso cerco por blanqueo); el último en caer ha sido el conocido como 'El señor del puerto', un hombre al que, según la investigación, recurrían los grandes narcos para sacar la cocaína que entra por Algeciras.

El trabajo de OCON, una unidad de élite integrada por agentes escogidos por cualidades muy concretas, y de la Policía Nacional en el Campo de Gibraltar ha modificado en muy poco tiempo el hábitat del narco. «Antes, por La Línea podían entrar 8.000 o 10.000 kilos de hachís diarios; 10 embarcaciones dando, a veces, hasta tres viajes en una noche. Eso generaba muchos 'puestos' de trabajo. Ahora entra muchísimo menos. Como mucho una 'goma' al día, o ninguna», explica un agente destinado a la lucha contra el tráfico de drogas.

Uno de los cambios que han observado los investigadores es que los cargamentos son más pequeños para minimizar pérdidas, de 300, 500 o como mucho 1.000 kilos, salvo excepciones. «Meter un alijo está ahora mucho más cotizado que antes. El hachís sigue entrando, pero ahora más en dobles fondos a través de los puertos, en helicópteros... [y hasta submarinos, como ha ocurrido recientemente en Galicia]», revela otra fuente policial, que asegura que hay «menos droga» en la calle. «Antes cogíamos más en los controles rutinarios».

Dicho de otro modo, el narcotráfico en el Estrecho está siendo estrangulado por la labor policial. Y eso tiene consecuencias: rutas más largas, costes (y riesgos) más elevados y la necesidad de establecer alianzas entre organizaciones o, al menos, usar mano de obra ajena. Y eso, en el mundo del narco, se traduce en desconfianza. «Con la dificultad que entraña meter un alijo, sale mucho más rentable robarlo», apunta otro agente. Es lo que en el argot se denomina un 'vuelco', que no es otra cosa que asaltar el transporte o la 'guardería' (escondite) donde una organización custodia la droga para robársela.

En algunos de estos atracos, los 'paleros' (nombre con el que se conoce a estos ladrones) actúan disfrazados de policías o guardias civiles, lo que genera otra forma de inseguridad para el narco: ahora, cuando el guardián de la mercancía ve una placa al otro lado de la puerta, no sabe distinguir si es de verdad, y vienen a intervenírsela, o son unos impostores que vienen a robársela. Por eso, a veces, se enfrentan, embisten con sus coches e incluso amenazan con abrir fuego.

Varios de los agentes entrevistados recuerdan la vieja teoría policial del globo: si ejerces presión en una zona, el aire se desplaza hacia otra. Lo mismo, afirman, ocurre con el narco. «Los hemos movido de su hábitat y eso los hace menos fuertes. Ya no entra tanta droga por La Línea; ahora se están yendo a Huelva o a Almería». El temor a los 'vuelcos', las redadas y las incautaciones –la Udyco de Málaga pulverizó en 2018 todos sus récords, con 40 toneladas intervenidas, entre ellas un alijo de 6.300 kilos de cocaína– han generado un clima de conflictividad entre las bandas.

Con este panorama, los investigadores han observado que algunos productores marroquíes ya no utilizan a los clanes locales para la logística del alijo, sino que envían a su propia gente para custodiarlo y distribuirlo a los grandes grupos importadores del continente. Y el precio, lógicamente, también sube. Si en España el kilo de hachís está, dependiendo de la calidad, en torno a los 2.000 euros, en algunos países europeos ya se está vendiendo a 8.000 o 10.000 euros, lo que también está incrementado la violencia entre las mafias de esos lugares, como ha ocurrido en Suecia, país de donde, curiosamente, era originaria la banda que protagonizó los ataques con explosivos en la Costa del Sol, que fue desmantelada el año pasado por las Fuerzas de Seguridad. El «fenómeno transnacional» al que se refería la subdelegada del Gobierno.

Otra consecuencia, subraya un agente, es que están apareciendo más «desertores» en las bandas, arrepentidos que están dispuestos a suministrar información a las Fuerzas de Seguridad –«cada vez hay más gente dispuesta a hablar con nosotros desde la cárcel», señala un agente– o a otras organizaciones. Y de aquellos barros, estos lodos. Este mismo jueves, en Barcelona, un encapuchado mataba a un supuesto confidente mientras éste hablaba con un policía local, que resultó herido. Para los investigadores, no hay duda: la espiral violenta de la Costa es fruto de la inestabilidad en el mundo del narco. Y las muertes tienen un móvil muy claro, la venganza: «Si hay un robo de droga o una fuga de información, alguien tiene que responder. Aquí no hay facturas».