La Subdelegación del Gobierno no aclara si el centro de inmigrantes estará en Churriana

La posibilidad de que se traslade el actual centro de atención a los inmigrantes ubicado en un edificio de El Palo a un inmueble en Churriana que hasta ahora había albergado una residencia de la comunidad de religiosas que regenta el colegio de La Asunción ha generado inquietud y rechazo entre los vecinos. Más de 750 familias de El Olivar y Cortijo de Maza ha dirigido un escrito al alcalde en el que alertan de las «tensiones y conflictos» que podría generar este espacio de acogida. Por el momento, Francisco de la Torre ha desvelado en redes sociales que hace dos días habló con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y este viernes le ha remitido una carta "planteándole que las ciudades españolas acojamos solidariamente, sí, pero equitativamente, en proporción a la población". Mientras que entre los grupos políticos del Ayuntamiento hay división de posturas: PSOE y Con Málaga respaldan el centro, mientras que Vox se opone.

Desde el equipo de gobierno del PP, fuentes consultadas sostuvieron que el Ayuntamiento tuvo conocimiento «a través de los medios de comunicación» del uso que se le iba a dar al inmueble como centro de acogida de inmigrantes.

«Este tipo de equipamiento es gestionado de forma directa por entidades que colaboran con el Gobierno. Las ciudades, como es nuestro caso, desconocen el número de personas y plazas que el Gobierno asigna a cada municipio. Por tanto, si este inmueble se destina a este uso concreto, del que el Ayuntamiento ha tenido noticias a través de los medios, se corresponde con un acuerdo entre el propietario del edificio o arrendatario y el Gobierno central», sostuvieron las fuentes, que no entraron a valorar la carta remitida por los vecinos.

Desde el punto de vista urbanístico, según agregaron las fuentes, este uso estaría permitido porque es compatible con el Plan General y añadieron que consta en el registro de la Gerencia de Urbanismo la expedición de una declaración responsable para la instalación de una cuba para escombros derivados de una reforma de los baños de estas instalaciones, obras que no requieren de licencia.

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno, las fuentes no quisieron entrar a valorar la carta de los vecinos e insistieron en que la actuación en materia de acogida y atención a inmigrantes «está perfectamente definida y lleva funcionando muchos años» con la colaboración entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas a través de las conferencias sectoriales y rigiéndose bajo «los criterios de los Derechos Humanos y de la atención humanitaria».

El portavoz del PSOE en el Consistorio, Dani Pérez, recordó que se está analizando el traslado del centro para estar de forma provisional en Churriana «para dar respuesta a la red estatal de la migración» y que «no está aún cerrado». «Somos un país y una provincia solidaria y estamos comprometidos con una respuesta humanitaria a las crisis que salpican el mundo. No nos olvidemos que estos centros son para personas que han llegado a nuestro país por diversa índole, muchos de ellos huyendo del terror en sus países, huyendo de las mafias y de una muerte segura, que ven en Europa la posibilidad de una vida mejor. Nadie les puede culpar, como tampoco se les podía culpar a los españoles que protagonizaban esos capítulos algunas décadas atrás», afirmó.

Pérez no entró en valorar la carta de los residentes en la urbanización, pero sí pidió «no generar alarma ni alimentar discursos de odio, seamos solidarios con estas personas» y pidió al alcalde que si al final se llevara a cabo ese traslado «atienda las demandas de los vecinos para mejorar los servicios en la zona».

En la misma línea, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, mostró su respaldo a la apertura del centro «ante la necesidad de dar una respuesta al creciente número de refugiados existente» y recordó que CEAR ya cuenta con un centro similar en calle Ollerías «desde hace años y no se ha generado ningún problema de convivencia».

Sobre la carta de los vecinos consideró necesario que desde las diversas instituciones públicas se informe al detalle y se implica a los residentes «sobre el funcionamiento y organización del centro y de la atención profesional que se presta». «Seguro que con transparencia, participación e información precisa prevalecerá la solidaridad vecinal. El discurso de la ultraderecha y la derecha, criminalizando de forma permanente a las personas migrantes y refugiadas, es muy peligroso y un caldo de cultivo de odios y prejuicios que no representan a los malagueños», dijo.

Desde Vox, su portavoz, Antonio Alcázar, denunció la «falta de transparencia» sobre el centro de inmigrantes y anunció que llegarán «hasta donde haya que llegar para evitar su apertura». «Nuestro máximo apoyo a los vecinos que han realizado el escrito y estaremos con ellos en todo aquello que les haga falta para evitar esta apertura», remarcó.

Francisco Cansino, de CEAR, dijo entender la inquietud de los vecinos pero consideró que se ha creado una alarma «innecesaria» porque aún no está cerrada la apertura y porque la ciudad lleva años acogiendo a inmigrantes y refugiados, un gran número de ellos en situación de vulnerabilidad, «sin que haya habido problemas».