Málaga espera tener en un año la norma que permita acortar trámites urbanísticos

El Foro de Simplificación Administrativa organizado por SUR y patrocinado por Junta de Andalucía y Ayuntamiento ha bajado a lo más local en su tercera mesa, tras la apertura, el análisis del caso de Madrid y del marco normativo andaluz. Momento para analizar los pasos que está dando la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga para adaptar sus ordenanzas a estos nuevos mecanismos de agilización administrativa y llevarlos a la práctica. A la mesa, pilotada por el periodista Jesús Hinojosa, se han incorporado José María Morente, coordinador general de Urbanismo del Ayuntamiento; Gracia Díaz, jefa del servicio de Licencias de Obra, y Carlos Ruiz, técnico de gestión y responsable de transformación digital de la Gerencia.

En este panel, ha estado sobre la mesa la modificación de la OMLU (ordenanza municipal de Málaga en tramitación). La nueva ordenanza de Málaga podría estar en un año. Ya hay en marcha, en contratación, un sistema de 'ticketing' para que los colegios profesionales puedan consultar a los técnicos. Las respuestas quedan grabadas y se queda una guía y ahorra tiempos para las dos partes.

Morente ha defendido la proactividad de la Administración y el control tan sólo de lo estrictamente necesario. En este punto ha puesto el ejemplo del Juego de la Oca en comparación con el procedimiento administrativo, con todo tipo de avatares. «Si te toca la calavera vuelves al principio. El urbanismo es peor. Las últimas seis casillas son calaveras. Te toca sí o sí. No podemos tardar nueve años en un plan general», ha manifestado. «Tenemos un problema común a todos los ayuntamientos. Estamos con el problema de compartir y de las normas farragosas», ha apostillado. Y ha puesto el ejemplo de Barcelona, que tarda tres veces más de lo que marca la ley en dar licencias.

Los informes sectoriales también son un freno, a juicio de Morente: «A veces se entra en vía muerta. Tenemos un modelo urbanístico del siglo XIX. Necesitamos clarificar criterios y normas que vayan a lo mollar». Morente también ha recalcado la importancia de la trazabilidad, al igual que había hecho Violeta Aragón, de la ACP, en la anterior comparecencia: saber en cada momento en qué fase está el proyecto.

También ha abogado por acceso directo a los técnicos para asesoramiento y atención a dudas; el refuerzo de medios administrativos; la simplificación de trámites, y la digitalización. «Los funcionarios no pueden estar centrados en trámites y trámites, en requerimientos, sino a pensar en la ciudad», ha reflexionado.

Ha concluido diciendo que «Málaga tiene el mejor equipo administrativo» y eso da potencial para adaptarse a los cambios normativos.

Gracia Díaz se ha referido a la ordenanza de 2019 que daba pie a la declaración responsable: «Recién parida quedó obsoleta. Se modificó la LOUA y vino la LISTA que abría más el campo para las declaraciones responsables». Ha valorado el Decreto de Simplificación de la Junta y en este contexto se trabaja en la nueva ordenanza municipal. «Queremos que sea un manual para los ciudadanos. Definiciones de conceptos en primer lugar que no hay que dar por sabidos. Tenemos que saberlos. Hemos querido hacer un resumen de cada actuación por qué camino va, si por licencia, declaración responsable o sin control. No es una repetición de la normativa autonómica, es una cosa más desarrollada. En un documento único lo recogemos todo», ha concretado.

«Queremos que esta norma sea el motor de nuestra economía. Nos hemos apoyado mucho en la declaración responsable. Si tú cumples, puedes ir por muchos caminos que antes eran por licencias. Eso da agilidad pero exige responsabilidad», ha enfatizado.

La futura normativa malagueña incide en la edificación existente y en las entidades colaboradoras, no sólo las entidades certificadoras, también los colegios profesionales. «Será el ciudadano quien decida a quien recurre», ha avanzado. Y habrá tres tipos de implicación externa: verificación documental; ejecución (con valor de informe técnico), y el certificado de adecuación al título, ya en la fase de comprobación.

«Lo que sí es clave, clave, es que todo el planeamiento esté digitalizado. Todo tiene que estar al alcance del ciudadano y del proyectista. Falta información, claridad... Necesitamos directrices únicas, normas claras para poder trabajar en equipo», ha considerado.

Carlos Ruiz ha subrayado la importancia clave de los datos compartidos. En 2018, la digitalización de licencias era nivel 1 en Málaga: todo en papel y sellos físicos. Se pasó al asistente virtual basado en la referencia catastral y los tipos de obra y orienta sobre los requisitos al promotor y genera la tasa urbanística. Luego, el nivel 3, empezó a incluir la parte técnica y no sólo la administrativa. Y se introdujo la tecnología BIM (Building Information Modeling). Ahora se va a pasar al nivel 4, con los parámetros georreferenciados e inteligencia artificial. «Ahora mismo tenemos que ir al pdf y leer los datos. Pero cuando tengamos esto la inteligencia artificial extraerá los metros cuadrados o el dato que necesitemos», ha avanzado. Esta «revolución informática» se va a poder articular con la ordenanza y el Ayuntamiento va a ofrecer un software gratuito para que quien trabaje en BIM lo suba y quien no lo pueda hacer en esta plataforma. Todo está ya en fase piloto. Y al principio se irá incorporando por zonas, no todo Málaga en global.

Ruiz ha hablado de «entrenar» al Chat GPT y de la robotización y automatización de tareas.

Sobre el equilibrio de lo público y lo privado, Gracia Díaz, ha explicado que al principio tendrá que haber trabajo conjunto con las entidades de certificación. «La certificadora será la que responda. Pero partimos de que estas entidades tienen técnicos serios y van a querer hacer las cosas bien», ha indicado.

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