Málaga es una de las provincias andaluzas que más está creciendo en la generación eléctrica con energías renovables. A día de hoy, son 25 los parques eólicos distribuidos por territorio malagueño, cuyos aerogeneradores aportan a la red 628 megavatios (MW). Menos desarrollada está la solar, ... aunque los dos grandes parques fotovoltaicos en Teba; la decena de huertos (aquellos que no llegan a 10 MW) como los de Ardales, Antequera, Campillos o Casabermeja; y los paneles conectados a red en tejados de edificios públicos y privados inyectan otros 211,5 MW, según las estadísticas de la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de Hacienda de la Junta. Una potencia que podría multiplicarse por hasta 28 en el caso de que prosperen el centenar de proyectos de parques fotovoltaicos que empresas energéticas y fondos de inversión tienen presentados en la provincia.
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En su conjunto, sumarían casi 5.900 MW y ocuparían unas diez mil hectáreas, concentradas fundamentalmente por las comarcas de la Serranía de Ronda, Guadalteba, Antequera y el Valle del Guadalhorce. A modo de referencia, Gaucín tiene ocho proyectos sobre la mesa, Almogía otros seis y Cañete la Real, cinco.
Ante tal aluvión propiciado por las horas de sol, la orografía del terreno y la llegada de fondos europeos para financiar la construcción de plantas de generación eléctrica con energías renovables, los ayuntamientos piden tener voz y voto para decidir. Y sobre todo, moderación, porque con la legislación en la mano, poco margen de maniobra tienen cuando los terrenos elegidos, mayoritariamente de uso agrícola, son aptos para la instalación de estos parques.
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¿Quién tiene la última palabra? La competencia es estatal, aunque cuando la potencia eléctrica no llega a los 50 MW el Gobierno la delega en las administraciones autonómicas, con una tramitación más ágil, de ahí que la fórmula habitual de los promotores sea la reparcelación. A modo de ejemplo, en Ronda, Cuevas del Becerro, Teba o Cañete la Real hay cinco propuestas de instalaciones con 49,9 MW cada uno.
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«Estamos a favor de las renovables y estamos dispuestos a aportar lo que nos corresponda, pero no estamos a aceptar esta proliferación desmesurada y que quieran convertir el municipio en un huerto solar con ocho grandes parques», expone el alcalde de Gaucín, Pedro Godino (PP), quien pese a los ingresos que generarían a la localidad a través del IBI y de la creación de empleo durante su construcción pone el acento en el impacto ambiental.
pedro godino (pp). alcalde de gaucín
mari carmen romero (IU). Alcaldesa de almargen
En la misma línea se expresa su homóloga en Almargen, una localidad de apenas 34 kilómetros cuadrados donde los proyectos presentados, unidos a los parques eólicos ya instalados, harían que casi una cuarta parte de su territorio estuviese ocupado por este tipo de instalaciones. «No estamos en contra de las renovables, como lo demuestran los parques eólicos que tenemos, pero estamos rodeados de aerogeneradores y paneles solares situados en el límite de otros municipios vecinos, así que si todo sale adelante nos quedaríamos enterrados en placas», denuncia la alcaldesa, Mari Carmen Romero (IU). «Lo que pedimos es que no vaya todo al mismo sitio y que esté mejor repartido, porque nosotros ya hemos contribuido lo suficiente», remarca la regidora almargeña, cuyo ayuntamiento ha aprobado un avance de modificación del PGOU, pendiente de validación autonómica, para intentar ganar tiempo y poner algo de orden para «evitar poner en riesgo la huerta de cereal y un programa para la recuperación de la perdiz roja».
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Los intentos municipales para controlarlo pasan por cambiar sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) y por alegar con informes de afección ambiental. Ante su escasez de recursos, nueve de los más afectados (Gaucín, Cañete, Almargen, Álora, Casarabonela, Nerja, Cartajima, Cuevas del Becerro y Campillos) han pedido ayuda técnica a la Diputación, que en los últimos meses ha elaborado expedientes sobre una treintena de proyectos que supondrían 2.945 MW (la mitad de los previstos), además de casi 500 kilómetros de líneas de alta tensión.
Estos informes abordan la afección territorial y ambiental de los proyectos en relación a los hábitats, la avifauna, los montes públicos, los espacios naturales protegidos, las vías pecuarias, el paisaje o el dominio público hidráulico.
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En este sentido, los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente de la institución provincial han encontrado situaciones como la de Cartajima, cuyo núcleo urbano se encontraría entre dos tendidos eléctricos; la de Almargen, donde el 25% de su territorio quedaría ocupado por infraestructuras además de estar rodeado de otras plantas en los municipios vecinos de Teba y Cañete; o el de otras localidades que se verían afectadas de forma indirecta por los trazados de las líneas de evacuación de la energía hasta la subestación eléctrica.
El caso más llamativo es el de las tres plantas previstas entre Ronda y las localidades gaditanas de Setenil y Alcalá del Valle, con 102,7 MW cada una, y que incluyen para la evacuación de la electricidad 69,81 km de línea aérea que discurriría por Ronda, Atajate, Jimera de Líbar, Benadalid, Benalauría, Algatocín, Benarrabá, Gaucín y, ya en Cádiz, Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera y San Roque.
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