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Subastas desiertas, sin recabar oferta alguna, o con tan solo una promotora interesada, como sucedió con el último suelo que la Junta sacó a concurso en el Centro de Málaga para la construcción de medio centenar de viviendas protegidas en alquiler. Esa es la realidad ... de la colaboración público-privada para relanzar el mercado de la VPO en un momento en el que urge más que nunca por la escalada de precios que se mantiene en la venta y el alquiler. Las administraciones públicas han apostado una gran parte de los planes de viviendas públicas para los próximos años a que su construcción y gestión sea asumida por promotores privados, pero la realidad es que a las empresas del sector inmobiliario no les interesa porque siguen vendiendo pisos a unos precios cada vez más altos y porque los actuales condicionantes que rodean a la construcción de VPO les impiden obtener beneficios.
Para ello, la Consejería de Fomento lleva trabajando desde este verano en una revisión al alza de los precios marcados para la vivienda protegida en Andalucía y una ampliación de los límites salariales para los adjudicatarios de estos pisos, de forma que puedan abarcar a un mayor número de familias, como demandan los empresarios de la construcción, representados por Fadeco Promotores. Sin embargo, a mediados de noviembre ya, todavía no hay noticias del decreto de simplificación administrativa en el que la Junta prevé recoger estas medidas para resucitar la VPO.
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A preguntas de SUR, el viceconsejero de Fomento y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet, que este jueves ha participado en la inauguración de la 19 edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), en el Palacio de Ferias de Málaga, no ha concretado cuándo va a ser aprobado el decreto que va a contener las medidas. «Estamos trabajando en ello, espero que sea pronto», se ha limitado a apuntar. En su intervención en un foro sobre la colaboración público-privada para el fomento de la vivienda protegida, se ha limitado a señalar que, en ese decreto, «se van a incorporar medidas relevantes para agilizar la actividad promotora y la construcción de viviendas de VPO».
«Necesitamos actualizar los precios de la vivienda protegida», ha señalado Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, moderadora de este foro. En el mismo sentido, Javier Braza, de la promotora Lagoom Living, la única que se ha presentado a las subastas de suelos de la Junta para VPO en Lagunillas y Carretería, ha sido claro: «Subida de los precios de la VPO ya, y de un 25%». Desde Fadeco se pidió a la Junta un 15% de aumento ampliable al 20% para las viviendas con una mayor calificación energética. Sin embargo, los responsables del Gobierno andaluz no han dado a conocer aún su decisión respecto a esa subida, que quieren que no reste función social a la vivienda protegida.
«Lo vamos a hacer, estamos trabajando en ello, esperamos que sea más pronto que tarde», se ha limitado a señalar la secretaria general de Vivienda de la Junta, Alicia Martínez. Esta responsable autonómica ha admitido que actualmente hay unas mil viviendas en alquiler en Málaga capital y, de ellas, tan solo 15 por debajo de 600 euros al mes. «Muy pronto vamos a tener mil viviendas de alquiler a precio por debajo de los 600 euros, estamos en el camino», ha asegurado.
Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido tajante en apremiar a la Junta a tomar medidas para facilitar la disposición de suelo y la promoción de viviendas protegidas. «La gente nos pide rapidez, eficacia, cooperación y tenemos que responder, tenemos que trabajar con esa presión», ha apuntado dirigiéndose al viceconsejero de Fomento. De la Torre ha reconocido que las administraciones necesitan «que la capacidad de los promotores privados se sume a este reto de promover viviendas asequibles para ir con más rapidez». Asimismo, ha apuntado que el Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga tiene actualmente capacidad para desarrollar unas 17.000 viviendas a corto o medio plazo, de las que unas 6.000 serían protegidas; y que a largo plazo se podrían añadir unas 6.000 viviendas más de las que 3.000 serían VPO.
No obstante, no parece que las tensiones que genera la escalada de los precios de la vivienda en Málaga se vayan a resolver a corto plazo. Así lo ha admitido en el primer foro celebrado en el Simed Antonio de la Fuente, director general de Finanzas Corporativas de Colliers International. «En Málaga hay crecimiento demografico y no se va a solucionar ese problema a corto plazo, no se va a crear rápido un parque de viviendas en alquiler asequible», ha reconocido este experto, que ha pedido a las administraciones que preparen bien las subastas de suelo para la construcción de VPO, pensando en que los privados tienen que tener una rentabilidad económica. «Es imposible que una vivienda a 300 euros de alquiler pueda pagar los costes de construcción», ha dicho.
En ese sentido, Antonio de la Fuente ha vaticinado que, si no se toman medidas para incentivar a los promotores privados a sumarse al carro de la VPO, «vamos a ver mucha menos concurrencia en las licitaciones y va a haber muchos proyectos que se van a quedar desiertos, porque los inversores van a exigir más rentabilidad».
Desde Lagoom Living, Javier Braza ha apuntado que la apuesta de su promotora, que ya tiene en cartera suelos para un millar de viviendas en alquiler en Málaga gracias al respaldo económico de un fondo inversor sueco, se basa en operaciones «diseñadas para un capital con capacidad de permanencia, ya que los retornos económicos están por debajo del 15% ó del 10%, así que la rentabilidad se genera a largo plazo». «Si esto sigue así, no es rentable», ha subrayado.
Lagoom Living es la promotora a la que el Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado la construcción y explotación de 530 VPO en alquiler al oeste del campus de Teatinos. El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, y el gerente de la Sociedad Municipal de Viviendas, José María López Cerezo, recientemente elegido presidente de la Asociación Andaluza de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, han destacado la importancia de esta operación y han apostado por seguir en la misma línea en los próximos años, para lo que resulta clave también la agilización de los trámites urbanísticos.
En ese sentido, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha anunciado que «en pocas semanas pondremos suelo a disposición del Instituto Municipal de la Vivienda y la Sociedad Municipal de Viviendas para poner en carga más viviendas protegidas en alquiler». La intención del Ayuntamiento es dejar en manos de privados la construcción y explotación de buena parte de esas viviendas, pero está claro que el sector inmobiliario pide más incentivos para subirse a ese carro.
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