La construcción de VPO en Málaga: mucho ruido y poco ladrillo

La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de poner a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos 50.000 viviendas que la Sareb no había logrado vender para destinarlas a alquileres asequibles se desinfló pronto en el caso de Málaga, donde se comprobó que esta sociedad de capital mayoritario estatal apenas posee unas 167 en toda la provincia y 93 en la capital, de las que la mitad están habitadas.

Esta iniciativa ha fracasado por ahora en el caso de la provincia no solo por sus escasos números, sino por la letra pequeña que escondía el anuncio de Sánchez y que la Sareb aclaró a los ayuntamientos en una carta dirigida a la Federación Española de Municipios y Provincias el pasado mes de mayo. Lo que se vendió como una cesión de estos pisos desocupados a los ayuntamientos era en realidad una oferta de compra para que se convirtieran en clientes preferentes de esta sociedad dedicada a liquidar bienes inmuebles de la crisis económica. «Comprobamos que algunos de los pisos que ofrecían en Málaga rondaban los 180.000 euros, y como ayuntamiento no podemos hacer ese gasto porque a nosotros nos sale más barata la promoción de VPO», explica el concejal de Vivienda de Málaga, Francisco Pomares.

Desde la Sareb han confirmado que esta iniciativa depende del interés de las comunidades autónomas y los municipios por adquirir las viviendas que aún tienen por vender. «Tenemos abierta una línea de trabajo específica por la que ofrecemos de manera prioritaria a ayuntamientos y comunidades autónomas la compra de nuestras viviendas para que puedan incrementar su parque público de alquiler», han aclarado desde esta sociedad, que cifra en unos 97.000 euros el precio medio de esos pisos en el conjunto del país.

Consultados sobre si se había producido alguna venta de esas viviendas a administraciones públicas de Málaga admitieron que todavía no, y atribuyeron esa circunstancia a los cambios de gobiernos municipales producidos tras las elecciones del pasado mayo.

No obstante, desde la Sareb informaron de que tienen otras dos líneas de trabajo en marcha para facilitar el acceso a la vivienda a familias con pocos recursos. Por un lado, una vía social que se dedica a regularizar la situación de personas que ocupan los pisos de la Sareb de forma ilegal porque su situación económica es precaria. En ese caso, la sociedad procura estudiar el caso de cada familia y le ofrece un alquiler social con medidas de acompañamiento para que puedan salir de su situación de exclusión social. En la provincia de Málaga tienen contabilizadas 98 viviendas de este tipo, de las que ya han aprobado alquileres sociales para la mitad.

Por otro lado, la intención de la Sareb es sacar a concurso suelos de su propiedad para que sean promotores privados los que asuman la construcción en ellos de viviendas de alquiler asequible con unas determinadas condiciones. «Hay suelos identificados en Andalucía, y esperamos poder hacer público el detalle de las localizaciones en unas semanas», comentaron desde la Sareb. No obstante, no aclararon si parcelas de Málaga van a estar entre las que se van a ofertar en la primera de las convocatorias, prevista para este otoño, según apuntaron.

El otro de los planes anunciados por el Gobierno central para promover viviendas de alquileres bajos pasa por utilizar para ello suelos del Ministerio de Defensa que serían adquiridos por la Entidad Pública de Suelos (Sepes). Sánchez anunció que esta vía podría permitir la construcción de unos 20.000 pisos. Sin embargo, apenas si se ha avanzado en esta propuesta que, en el caso de Málaga, únicamente podría desarrollarse en dos terrenos, uno en la capital y otro en Ronda, con una capacidad total para 115 hogares.

A consultas de SUR, desde Sepes han informado de que han iniciado con el Ministerio de Defensa «el trabajo técnico de intercambio de información con el que precisaremos la situación urbanística de cada una de las 50 actuaciones contempladas en el acuerdo para el desarrollo de vivienda social por toda España». En definitiva, nada por ahora.

No obstante, Sepes ha adjudicado recientemente la redacción del proyecto de urbanización de un suelo en Buenavista, al oeste del espacio que ocupó la fábrica de Amoniaco, para la construcción de 1.362 viviendas protegidas. En unos cuatro meses podría estar el diseño de este futuro sector residencial de alquileres reducidos. Con todo, su ejecución se antoja aún lejana en el tiempo, y condicionada a que sea del interés de las promotoras, ya que la intención de la administración estatal es ceder las parcelas a privados para que construyan y gestionen estas viviendas.

En esa misma línea están la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. En el caso del Gobierno andaluz, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha vuelto a sacar a concurso este verano parcelas en el Centro de Málaga y varios municipios para dejar en manos de empresas privadas la construcción de 82 VPO. Así lo hizo el año pasado para impulsar la realización de 135, pero solo logró colocar un pequeño solar de la calle Ermitaño y un suelo para 84 VPO de alquiler en Lagunillas cuyas obras, a cargo de Lagoom Living, no comenzarán hasta bien entrado el año que viene, ya que están condicionadas a que se resuelvan trámites previos para la agrupación de fincas.

Las parcelas para VPO subastadas por AVRA están ubicadas en Cártama (41 viviendas), Algarrobo (11 viviendas y junto a la calle Gigantes de Málaga (30 VPO). En los próximos días se sabrá si estos suelos han concitado o no el interés de las promotoras, a las que siguen sin salir los números para la construcción de VPO por la imposible ecuación entre el precio limitado de estos pisos y los actuales costes del sector inmobiliario. De ahí que los concursos convocados hasta ahora por las administraciones públicas para pasar a los privados la pelota de la vivienda protegida hayan tenido poco o nulo éxito.

Para salvar esta coyuntura, la Consejería de Fomento está en conversaciones con Fadeco Promotores para analizar una subida de los precios de la vivienda protegida en Andalucía que los empresarios consideran fundamental para que les vuelva a resultar atractiva. Asimismo, la Junta estudia ampliar los límites salariales que se exigen a los adjudicatarios de estos pisos para que puedan abarcar un mayor número de aspirantes.

De que se tomen esas medidas para incorporar a las promotoras locales a la promoción de la VPO depende que prosperen los planes del Ayuntamiento de la capital para seguir dejando su construcción en manos de privados. No obstante, el Consistorio sigue siendo el principal motor de la vivienda protegida en Málaga, donde la iniciativa privada únicamente ha iniciado un proyecto de 68 en Teatinos, ya sorteadas para su adjudicación.

La Sociedad Municipal de Viviendas construye en los suelos urbanizados hace más de una década al oeste del campus de Teatinos un total de 476 VPO de alquiler, que posiblemente serán las siguientes en ser sorteadas, aunque todavía no hay fecha para ello. Esa cantidad se completará con otras 530 VPO en alquiler que se construirán próximamente en suelos de este mismo sector cedidos por el Ayuntamiento a la sociedad Lagoom Living, tras la que se encuentra un grupo de inversores suecos.