Junta y Estado sellan el pacto que garantiza la desaladora de la Axarquía, pero sin plazos

La mala es que ese acuerdo que garantiza su construcción deja en el aire los plazos. Obviamente, para afrontar el actual escenario de sequía tocará seguir mirando al cielo como solución, más allá de que, ahora sí, se estén reutilizando las aguas residuales tratadas en las depuradoras de la comarca para refrescar los cultivos con un volumen de 21 hectómetros cúbicos anuales que llegará a los 31.

Pero que no se haya fijado un horizonte temporal en ese convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Consejería de Agricultura y Agua no ayuda a despejar la incertidumbre, aunque ambas partes coinciden en calificar esta obra de prioritaria. Aun así, con toda la tramitación que queda por delante empezando por los estudios técnicos y continuando con la elección de su ubicación, la redacción de los proyectos, la obtención de los terrenos, las autorizaciones ambientales, la licitación del contrato y la ejecución de las obras, las miras apuntan a un periodo de cuatro años en el mejor de los casos.

Con este escenario, el reloj se acaba de poner en marcha con la firma el pasado 21 de julio del protocolo por parte del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (ahora en funciones) y la consejera andaluza de Agricultura y Agua, Carmen Crespo, para definir las líneas de coordinación y cooperación para la construcción de sendas desaladoras en la Axarquía y en el levante almeriense. La financiación correrá por cuenta del Estado, tal y como se comprometió el Gobierno el pasado mes de mayo al declarar la actuación de interés general del Estado y estimando la inversión en unos cien millones de euros, procedentes de fondos europeos Next Generation.

Por su parte, la Junta de Andalucía se compromete a aportar toda la documentación disponible para agilizar la ejecución de las obras, además de colaborar en la puesta a disposición de los terrenos donde finalmente se ubique la futura planta. En este sentido, la Ley de Aguas establece que las actuaciones vinculadas con la lucha contra la sequía llevarán implícita la declaración de utilidad pública a los efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la urgente necesidad de la ocupación.

¿Dónde será? La decisión saldrá del grupo de trabajo constituido a nivel técnico por ambas administraciones, aunque la previsión es que sea en Vélez, que es precisamente donde surgió el proyecto que, ante la parálisis de las administraciones, promovió el sector privado hace más de un año.

Tras el paso dado por Acciona al solicitar formalmente la concesión de aguas desalinizadas también se sumaron a la puja otras dos ofertas: la de Magtel y la de la alianza formada por Trops, Grupo Cobra y la Universidad de Málaga. La Junta debía decantarse por alguna de las tres propuestas y se comprometió a hacerlo antes de que acabara junio, pero todo se frenó tras el anuncio del Gobierno central de construir una desaladora pública.

¿Queda descartada la privada? En la Consejería de Agricultura y Agua no la entierran «al 100%» después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, dijera a mediados de mayo que en la Axarquía quería «no que haya una, sino dos», pero sí que dejan entrever que podría ser así, puesto que la intención a día de hoy es «conjugar y fusionar el trabajo técnico ya realizado» por parte privada para agilizar los plazos en el impulso de la planta pública. Un aprovechamiento que no sería gratuito, de ahí que se estén barajando distintas fórmulas para «compensar» a los privados.

Otro aspecto a tener en cuenta para defender el proyecto público será el precio final del agua desalada, puesto que al ser de titularidad pública se le podrían aplicar las bonificaciones que ofrece el Estado tanto a los municipios como a los regantes para que las tarifas sean lo suficientemente atractivas. En el caso de la iniciativa privada, sería los operadores los encargados de ofrecer un precio competitivo. En este sentido, el protocolo de colaboración sí que establece que antes de iniciar cada actuación concreta, se haga constar la fórmula más adecuada para que el usuario-beneficiario final garantice su puesta en servicio, así como la recuperación de los costes de inversión y explotación.