Los institutos, satisfechos con el «respaldo legal» de la Junta para limitar el móvil: «Nos da cobertura para quitarlos»

En concreto, esta instrucción dispone limitar el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, entendida ésta como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos debidamente justificados, teniendo en cuenta en todo caso la edad del alumnado, su maduración y sus características psicoevolutivas.

Esta misma instrucción incluye una salvedad a esta limitación genérica, de la que queda excluido el uso por parte del alumnado que lo requiera atendiendo a sus circunstancias personales que tendrán que ser debidamente acreditadas ante la dirección del centro por los representantes legales del alumnado.

Esta limitación deberá quedar recogida en los reglamentos de organización y funcionamiento de los diferentes centros docentes de las enseñanzas básicas, algo que ya muchos centros venían haciendo de manera expresa.

El documento de la viceconsejería de Educación aborda también las medidas correctoras en caso de incumplimiento: podrá contemplarse retirar al alumnado los dispositivos móviles. La retirada del dispositivo se deberá efectuar en las dependencias administrativas del centro o en alguna otra de cualquier miembro del equipo directivo en presencia de, al menos, dos miembros del mismo y solicitando al alumnado que proceda a apagar el teléfono móvil. El teléfono móvil retirado será depositado en el despacho de la dirección del centro que procederá a su custodia hasta que sea devuelto a los representantes legales del alumnado afectado. Las correcciones que hayan de aplicarse al alumnado por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un enfoque educativo y recuperador y deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado.

Finalmente, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional diseñará y ofertará, a través de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, a lo largo del segundo y tercer trimestre de este curso escolar programas formativos específicos dirigidos a los docentes andaluces y equipos directivos sobre la educación en seguridad y privacidad digital y tamibén jornadas dirigidas a las familias sobre uso seguro y responsable de internet, dispositivos móviles y redes sociales de sus hijos e hijas.

La comunidad educativa ha recibido con satisfacción esta normativa. Desde la Asociación de Directoras y Directores de Institutos de Andalucía, Adián, su presidenta provincial, Esther Luque, valora la «buena disposición para regular el mal uso del móvil en aspectos que no sean pedagógicos dentro del centro como respaldo si bien es cierto que ya había una regulación en los planes de centro de un buen uso adecuado al contexto educativo y las necesidades de los mismos, aprobados por el consejo escolar con representación de todos los sectores de la comunidad educativa».

La presidenta regional de esta misma asociación, Virginia Rodríguez, señala además que los centros educativos, cada vez más, «están dotados a nivel tecnológico para evitar la necesidad del uso personal de dispositivos» y que «nos hubiera gustado que se contara con nuestra experiencia del día a día para resolver de la mejor manera posible los problemas reales con los que nos encontramos, dar ideas y aportar soluciones no solo del uso de teléfonos móviles sino de cualquier otro dispositivo».

Según Esther Luque, la instrucción «es muy general en cuanto a las situaciones de prohibición y demasiado exhaustiva en cuanto a la forma, se regula la retirada del dispositivo, la presencia de dos miembros del equipo directivo, el espacio donde debe ser custodiado y esas cuestiones creemos que deberían dejarse a la autonomía del centro que debe arbitrarlas y que, como ya decimos, las tienen reguladas».

Por otra parte, considera «muy acertado proponer jornadas dirigidas a las familias sobre uso seguro y responsable de internet, dispositivos móviles y redes sociales y programas formativos específicos dirigidos a los docentes andaluces y equipos directivos sobre la educación en seguridad y privacidad digital, habrá que ver la manera de articular ambos programas. Esperamos que esta medida solucione en parte el ciberbullying aunque, en la mayoría de los casos, no se produce en horario lectivo sino más bien en horario no lectivo».

Juan Jesús Larrubia, director del IES n.º 1 Universidad Laboral, señala que «en lo fundamental coincide con lo que ya tenemos recogido en el reglamento de organización y aplicamos desde hace años. La efectividad con lo que teníamos o con estas instrucciones dependerá de la implicación e interés del profesorado en su aplicación», apunta.

Por su parte, Diego Palacios, director del IES Nuestra Señora de la Victoria (Martiricos) coincide en que la instrucción «no es una novedad, porque, salvo excepciones, el uso del móvil está prohibido dentro del instituto en todo momento. Es cierto que ahora se permite de forma expresa su retirada».

También el IES María Victoria Atencia tenía limitado y regulado el uso del móvil «por los problemas de convivencia que estaba generando», indica su directora, María Ángeles Narváez. Sin embargo, «para mi estas instrucciones nos dan cobertura legal para poder 'quitar' los móviles en casos necesarios, que antes no la teníamos».

El colegio Maristas lleva unos años regulando el uso de los móviles en el horario escolar, sobre todo a partir de Secundaria. En las clases hay unas taquillas donde se guardan los dispositivos al comienzo de la jornada y se utilizan «como herramienta pedagógica. Es muy potente y beneficiosa si se utiliza bien», señala el profesor Jesús Martín Béjar.

La Federación de AMPA de Málaga, FDAPA, recuerda que en su día se sumaron al movimiento Adolescencia Libre de Móviles y «entendemos que las instrucciones pueden venir a ayudar a resolver los problemas que se están ocasionando por el acceso y el mal uso de muchos niños y adolescentes a internet y a redes sociales. Vamos a ver cómo se desarrollan porque realmente pone en manos de los centros educativos que se modifiquen los reglamentos y eso necesariamente pasa por ser aprobados en los consejos escolares», apunta su portavoz, Pilar Triguero.

Guillermo Hernández, del sindicato ANPE, señala que la instrucción habla de 'limitar', pero considera que se debería haber incluido la prohibición expresa y solo se debería permitir «en casos muy limitados, relacionados, por ejemplo, con enfermedades. Si hay una urgencia, se acude a secretaría a llamar a los padres sin ningún problema», indica.