García Urbano: «Queremos usar nuestro dinero de manera inmediata y libre»

-Fue la crónica de una votación anunciada. Cuando un gobierno tiene una actitud prepotente y soberbia como ha sido en esta ocasión, cuando pretende imponer un documento que es completamente contrario a lo que la unanimidad de los grupos políticos había decidido fuera del parlamento, era de esperar pasara esto.

-¿El único punto de conflicto era la obligación de prestar los fondos o había otros?

-Hay varios. Uno es el sistema que nunca hemos terminado de entender que para disponer nosotros del 35 por ciento de los fondos tenemos que entregarlo todo. Esto nunca se nos ha explicado y por eso no lo podemos entender. Pero hay otros: la condicionalidad de los fondos. Nosotros queremos tener autonomía, porque somos mayores de edad, para utilizarlos según nuestras necesidades y el decreto nos imponía unas políticas determinadas, que puedes compartirlas todas o algunas de ellas. Otro punto de divergencia es el que generó más insolidaridad, los 5.000 millones que a última hora el Gobierno incorporó a ese decreto y decía que se repartirían entre aquellos ayuntamientos que aporten al estado 15.000. Y los que no quisieran o no pudiesen porque no tengan remanente no recibían nada. Un fondo de todos que se repartiría de forma insolidaria.

-Ese punto se cambió a última hora antes del debate en el Congreso

-De manera verbal. El decreto se tenía que convalidar o no convalidar como estaba. Otra cosa es que la ministra dijo es que si había una tramitación de ley eso podía cambiar. Ese ofrecimiento no estaba en el decreto.

-¿El tratamiento a los ayuntamientos como menores de edad no viene de antes, cuando con la llamada 'ley Montoro' se les impuso una regla de gasto que les impedía gastar el superávit?

-En el 2012 venimos de una crisis económica muy profunda donde España necesita un ajuste presupuestario y económico brutal. Y en ese momento es Europa la que dicta lo que tienes que hacer. Se impuso una reforma constitucional que fue exprés y se hizo en 24 horas consensuada entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El desarrollo de esa norma constitucional se hizo con la Ley de estabilidad en 2012. En aquel contexto económico se tomaron las decisiones que en ese momento había que tomar. Hoy, en un contexto totalmente diferente, el propio Montoro está diciendo que hay que reinterpretar la ley y el Partido Popular, que es el momento de cambiarla. En cambio, los partidos que se opusieron, ahora que pueden hacerlo no la modifican.

-Parece una cuestión de control. El que tiene el poder quiere ejercerlo

-No. El Partido Popular no hizo esa ley para controlar el dinero. Lo hizo para evitar que la deuda pública de las administraciones se siguiera ahondado. Impuso un techo de gasto, pero no para administrar el dinero de los ayuntamientos. Nunca el Partido Popular quiso quedarse con el dinero de los ayuntamientos ni administrárselo. Simplemente les obligó a que lo conservaran en caja. ¿Esperando a qué? Esperando a un momento como éste en el que hay que utilizarlo.

-¿No se reduce todo el problema a una cuestión de confianza en la que los ayuntamientos se resisten a prestar su dinero porque no tienen la certeza que se les vaya a devolver?

-Tiene más que ver con nuestra confianza personal en nuestros propios criterios y en nuestra autonomía. La autonomía municipal es como la democracia, usted cree o no cree. Si cree en la democracia, eso tiene sus consecuencias y si cree en la autonomía municipal tiene sus consecuencias también. Al amparo de esa autonomía podemos desarrollar nuestros criterios y nuestras políticas.

-¿Y no hay también un plus de desconfianza?

-Lo que hay es un sistema propuesto por el Gobierno que no está explicado. ¿Si usted puede usar el 35 por ciento, por qué tiene que entregar el 100 por cien? Eso hay que explicarlo. ¿Por qué para devolver el 65 por ciento restante tiene que ser en diez años, como dijeron al principio, o en 15 como apareció después en el decreto? ¿Por qué no puede ser en cinco, en cuatro o en dos? Como no está explicado, es lógico que uno tenga un cierto recelo.

-Ahora el problema sigue. Los fondos están bloqueados y los ayuntamientos no tienen recursos para afrontar todo lo que tienen que hacer en esta situación.

-Estamos en la casilla de salida. El Gobierno no se ha salido con la suya de quedarse con el dinero del Ayuntamiento pero al día de hoy los ayuntamientos seguimos sin poder disponer del dinero que tenemos en caja. Por lo tanto, es el momento de dar un paso atrás temporal y decirle al Gobierno que en mayo, en la FEMP, formulados a petición del Gobierno unas peticiones por unanimidad. Hay que volver a ese documento.

-¿Qué se plantea ahí?

-Nosotros queremos usar nuestro dinero, de manera inmediata, de manera íntegra y de manera libre. Es nuestro y queremos usarlo ya. Cada día que se tarda en tomar esta decisión se retrasa la recuperación económica. Cada millón de euros bien invertido en la economía real son 15 puestos de trabajo directos. Multiplicando miles de millones que tenemos por 15 podemos llegar a medio millón de puestos de trabajo creados de manera real e inmediata. Queremos usar nuestro dinero de manera completa, si tenemos 100 queremos usar 100. Y además, de manera incondicionada. Nadie mejor que cada municipio sabe a qué tiene que destinar su dinero.

-Eso implica la derogación de la ley Montoro

-Hay varios métidos jurídicos para hacerlo. El más fácil es un nuevo decreto que sería convalidado con toda facilidad. La otra opción es ir a la modificación de la ley de estabilidad, que seguro que tendría un gran consenso en el Congreso.

-¿Se puede volver a empezar el debate con los mismos actores? ¿Abel Caballero puede seguir encabezando la FEMP en esta nueva etapa?

-El documento está aprobado por todos, no es cuestión de personalismos. Hay que retomarlo tal cual. El sentido común y la experiencia dicen que si ese documento no es aceptado por el Gobierno íntegramente esa negociación no puede ser unilateral entre el Gobierno y Abel Caballero porque nadie puede decir que el decreto que ha sido derogado fuese fruto del consenso entre el Gobierno y la FEMP. Fue fruto de conversaciones unipersonales del Gobierno con Abel Caballero. Yo me ofrecí varias veces para participar de esas conversaciones con el Gobierno. No fui invitado a ninguna.

-¿Cree que Abel Caballero debería dimitir?

-Son decisiones personales y del grupo político que lo puso. Lo que está claro es que él ha sido cómplice de esta situación y que no apoyó el documento que previamente había aprobado en el seno de la FEMP. Se desmarcó unilateralmente de ese documento unitario y estas son las consecuencias.

-¿La iniciativa ahora corresponde al Gobierno o a la FEMP?

-La FEMP va a proponer el documento de mayo. Esperemos que esta vez el Gobierno actúe con diálogo y no con prepotencia. Si el Gobierno quiere tomar la iniciativa, aquí estamos. Lo que no es aceptable es que en el Congreso la ministra dejara caer que 'ahora o nunca'. Esas amenazas veladas no son presentables.

-¿En qué medida cree que la votación del jueves puede afectar al debate presupuestario?

-El jueves quedó de manifiesto que el Gobierno está solo. No tiene los apoyos parlamentarios que ha tenido hasta ahora y por lo tanto en un debate presupuestario que es el más importante de cada año, tiene que pactar con el PP. Los presupuestos que tenemos todavía vigentes en España son los de Montoro, esto hay que recordarlo, y el gobierno actual no ha sido todavía capaz de sacar unos presupuestos nuevos. El jueves se produjo una ruptura del apoyo parlamentario y eso va influir seguro en todo el calendario parlamentario de los próximos meses.