Uno de cada seis trabajadores en Málaga es funcionario

Y hablando de trabajo, en las oficinas des Servicio Público de Empleo (Sepe) hay 374 funcionarios, a los que hay que añadir 91 inspectores de trabajo y otros 684 pertenecientes a los distintos departamentos de la Seguridad Social. ¿Y profesores? Pues 2.570 en la Universidad y otros 20.959 en los colegios e institutos públicos, que conforman la plantilla más amplia casi a la par que hospitales y centros de salud (20.023). Nada que ver con el único funcionario adscrito al ICEX España Exportación e Inversiones, que es una entidad dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo cuya misión es promover la internacionalización de las empresas españolas y la promoción de la inversión extranjera.

La Administración es, con diferencia, el mayor empleador en la provincia, donde uno de cada seis trabajadores por cuenta ajena está en nómina del Estado, la Junta de Andalucía o los ayuntamientos. Entre funcionarios y laborales, Málaga cuenta con 82.368 servidores públicos (hay 518.000 afiliados a la Seguridad Social), de los que prácticamente la mitad son docentes y sanitarios. Así se desprende del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la Administraciones Públicas, actualizado a enero de 2021 y que sitúa a Málaga como el sexto territorio del país con más servidores públicos por detrás Madrid (411.781), Barcelona (225.865), Valencia (135.739), Sevilla (122.517) y Alicante (87.043).

Esos 82.368, ¿son suficientes? Las listas de espera en los hospitales, el tapón en la tramitación de expedientes de ayudas a la dependencia o de acceso a otros servicios sociales, el retraso que padece la justicia, el atasco de hasta seis meses para examinarse del práctico del carné de conducir o la suspensión de trenes del Cercanías por la falta de maquinistas pueden servir de respuesta.

Además, en lo que respecta a educación y sanidad, que fueron dos de los colectivos más mermados por la anterior crisis económica, conviene matizar que en esta tabla figuran las contrataciones de refuerzo que la Junta formalizó tanto en colegios como en hospitales para hacer frente a la pandemia. Aunque parte de estas incorporaciones han sido cortadas recientemente, lo cierto es que a efectos puramente estadísticos es la cifra más alta en la provincia desde que en los años 90 empezó a publicarse esta relación de empleados públicos que recopila el Gobierno. Prueba de este impacto es que si se compara con el informe del año anterior, las plantillas de profesores no universitarios y sanitarios sumaban el pasado enero 5.785 inscritos más que a comienzos de 2020, cuando la lista de funcionarios la conformaban 76.438 personas, mientras en 2019 eran 75.001.

Volviendo a la cuestión de si son muchos o pocos, la segunda apreciación es que Málaga tiene el dudoso honor de ser la provincia andaluza con peor cobertura de empleados públicos por habitante, con una ratio de un puesto por cada 20,4 ciudadanos, frente a los 16,9 de media regional o los 15,9 de Sevilla, que como capital autonómica tiene mayor peso al acaparar las estructuras de organismos regionales. Pero si se echa un vistazo al resto de la geografía andaluza, los malagueños tampoco salen precisamente bien parados puesto que en Granada, Cádiz o Jaén se sitúan en torno a los 15.

Si se comparan según cada administración, el panorama es similar. En la central, donde el grueso lo ocupan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Málaga se sitúa en el vagón de cola de Andalucía con un empleado público por cada 147 ciudadanos, una proporción que sólo empeora Jaén con 168. En cuanto a los servicios dependientes de la Junta, la provincia está en el último escalón con 33,7 efectivos por habitante mientras en la administración local ocupa la antepenúltima posición con un funcionario por cada 80 personas, delante de Almería (89) y Cádiz (85).

Todo ello, obviando que Málaga es la provincia con mayor población flotante, hasta el punto de que frente a los 1,68 millones de personas que aparecen en los padrones municipales la realidad que se deriva atendiendo a parámetros como el consumo de agua o la cantidad de basura que se recoge apunta a los dos millones debido a los miles de residentes extranjeros afincados en la Costa y aquellos ciudadanos que vienen de otras provincias por estudios o trabajo sin llegar a empadronarse.

«Obviamente, el número de empleados públicos tiene mucha relación con la calidad de los servicios que se prestan. Que Málaga siga siendo la que peor número tiene es lamentable, y más aún teniendo en cuenta el gran número de población flotante que no está censada, con lo cual se agrava más este problema porque la realidad es peor de lo que demuestran los números», advierte la presidenta de la organización de consumidores Facua en la provincia, María Dolores García, quien incide en que ahora que se está volviendo a la normalidad tras la pandemia «sería más deseable aún ese refuerzo de los servicios públicos».

En términos similares se expresan desde el sindicato CC OO. «Hay una carencia importante de personal público, y en Málaga se acentúa por la dispersidad del territorio y el elevado número de habitantes sin censar», afirma la secretaria provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Inmaculada Largo, quien también pone el acento en la alta tasa de temporalidad que hay en el ámbito público. «La excepción es la Administración del Estado, pero porque lo que se hace directamente es amortizar las plazas provocando un déficit sustancial en cuanto a personal. En la administración autonómica hay mucha temporalidad, pero sobre todo en los ayuntamientos porque han tenido que seguir prestando servicios pese a las limitaciones a la contratación y convocatoria de nuevas plazas», explica.

En cifras absolutas, la plantilla más amplia es la dependiente de la Junta de Andalucía, con 49.910 empleados públicos, destacando los 20.959 profesores no universitarios y los 20.023 adscritos al Servicio Andaluz de Salud (SAS). En el ámbito autonómico, también figuran 3.410 empleados de las distintas consejerías, 1.611 de los juzgados (jueces y fiscales dependen del Estado) y los 3.907 trabajadores que tiene en nómina la Universidad de Málaga, de los que 2.570 ejercen como docentes e investigadores y los 1.337 restantes realizan funciones administrativas y de servicios. En el ámbito local, los 103 ayuntamientos de la provincia suman 19.417 empleados mientras la Diputación tiene en plantilla a 1.617.

En cuanto al Estado, el boletín cifra en 11.424 el número de funcionarios radicados en Málaga, destacando los 4.956 pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (3.052 policías nacionales y 1.904 guardias civiles) además de los 1.213 de las Fuerzas Armadas. Escudriñando los datos al máximo detalle, resulta curioso que en la provincia haya 266 trabajadores dependientes de Adif y sólo 4 de Renfe, mientras figuran 144 en Enaire (navegación aérea), 11 en el Consorcio de Compensación de Seguros, 33 en la Demarcación de Carreteras o 74 en el Instituto Español de Oceanografía.