Veinte mil empresas malagueñas, pendientes de una prórroga en los préstamos estatales por la pandemia

«Hay que comprar tiempo y si se pudieran conseguir seis meses más, sería muy importante, porque creemos que el año 2021 y probablemente también 2022, van a ser de transición hasta que se estabilice la situación con el virus», comparte la vicepresidenta ejecutiva y secretaría general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez. «Estamos en un proceso de recuperación. Hay por parte de muchos autónomos una serie de compromisos de pago que se están afrontando ahora, derivados de aplazamientos durante la pandemia, pero sabemos el momento que tenemos, con el aumento de contagios y el incremento de los costes energéticos, así que pasar de abril a octubre sería muy importante», apostilla el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Ambos representantes empresariales coinciden en la petición de una nueva moratoria en la devolución de los créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y concedidos a las empresas para hacer frente a los efectos del Covid-19 en su actividad. A esta fórmula se han acogido 21.169 empresas de la provincia, de las que 1.104 se han sumado durante el año recién concluido, tal y como se desprende de las últimas estadísticas elaboradas por el ICO. De este modo, el Estado ha favorecido avales en Málaga por valor de 2.272 millones de euros, con una financiación media por préstamo de 86.799 euros.

Los informes del ICO concretan además que la inmensa mayoría de los beneficiarios de esta línea de avales son pequeños empresarios y autónomos. En concreto, el 41,6% son micropymes (empresas con menos de diez trabajadores), el 32,4% son autónomos y el 24,1% del respaldo estatal ha ido destinado a pymes. La fórmula aplicada en este caso consiste en que las empresas pueden pedir a las entidades financieras un préstamo a bajo interés, en el que el Estado –a través del ICO– avala hasta el 80% de la cantidad total de cada operación.

El Gobierno y las entidades financieras firmaron un acuerdo para desarrollar esta línea de crédito, que prevé hasta dos años de carencia e incluso la quita en determinados casos muy concretos. «La última solución es la quita, lo que están pidiendo los empresarios es ganar tiempo y es lo que nosotros también pedimos», reitera la vicepresidenta de la CEM. Acto seguido, Sánchez recuerda que ya se han aplicado tres ampliaciones del plazo para iniciar la devolución de estos préstamos y que una nueva moratoria sería providencial para el tejido productivo malagueño.

«De los informes del ICO se desprende que el 43% de las operaciones formalizadas ya había pedido una prórroga en el plazo, con lo cual esa moratoria parece necesaria», apostilla Sánchez, que añade otro elemento de incertidumbre para los empresarios: «A partir del segundo semestre de 2021 hemos vivido un importante incremento en los costes de actividad. Ha habido una recuperación en la actividad que a todos nos generaba muchas expectativas, pero nos encontramos con que hay un incremento de los costes energéticos para las empresas, que se deja notar con más intensidad en los autónomos y en las pymes. A eso se le suma una sexta ola, con lo que nos encontramos que cualquier empresa que pidió esos préstamos ICO necesita ganar tiempo».

«Esos seis meses no son sólo un colchón para los autónomos, sino también para el propio ICO y para las entidades financieras, porque puede significar evitar morosidad», esgrime Amor antes de cerrar: «En estos momentos el diálogo es continuo con el Gobierno. Ha habido aplazamientos en otras materias. ¿Es factible la moratoria? Sí. Esperamos que haya voluntad, porque creemos que es bueno para todos».