Los pueblos dan calidad de vida, dicen. Los pequeños municipios tienen indudables ventajas: los niños pueden jugar en la calle, abres la ventana y respiras aire puro, estás cerca de la Naturaleza, sabes quién cultivó los tomates de tu ensalada, conoces a tus vecinos... Pero ... la vida de pueblo en 2021 también es tener un infarto y que la ambulancia tarde media hora en llegar desde otra localidad (si hay suerte y no está ocupada con otra urgencia). No tener acceso a un simple cajero automático. Enviar a tus hijos cada día al instituto en autobús por una carretera peligrosa. Depender del coche para la gestión más nimia. ¿Todo esto es calidad de vida?
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Los atractivos de la vida rural, que la pandemia ha puesto en evidencia, quedan eclipsados por la larga lista de incomodidades a las que se enfrentan los vecinos de municipios pequeños como consecuencia del desmantelamiento de servicios públicos y privados. Los pueblos libran desarmados la batalla contra la despoblación. Las iniciativas para atraer habitantes y empleo –desde programas culturales y artísticos hasta incentivos fiscales o subvenciones– no pueden tener más que un efecto modesto al existir una brecha tan profunda en la accesibilidad a servicios básicos como los de salud, educación, banca o transporte.
El estudio 'Distribución de la población y accesibilidad a los servicios en España', elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones económicas (IVIE), revela que la progresiva desaparición de servicios está empezando a generar situaciones de «vulnerabilidad» en los habitantes de algunos pequeños pueblos que tardan ya más de 20 minutos en acceder al centro de salud, colegio u oficina bancaria más cercana o incluso más de 45 minutos en llegar a un hospital. Estas 'zonas oscuras' se concentran sobre todo en la Meseta (Teruel, Cuenca, Guadalajara, Soria y Ávila son las provincias con peor accesibilidad a dichos servicios), pero en la provincia de Málaga, concretamente en la Axarquía y la Serranía, también se detectan casos preocupantes.
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Según esta investigación, realizada en 2019, en la provincia hay ya 28 municipios que carecen de oficina bancaria, casi un tercio del total. El acceso a los servicios financieros es el que más ha empeorado en la última década. Desde 2008, en Málaga han desaparecido más de la mitad (el 55%) de las sucursales, el número de localidades sin ninguna oficina ha aumentado un 133% y la población sin acceso a servicios bancarios en su municipio se ha triplicado, superando ya las 19.000 personas.
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El estudio revela el tiempo que tarda un ciudadano que vive en un municipio sin oficina bancaria en llegar al municipio con oficina más cercano. La media nacional es de 10,6 minutos, pero Málaga está muy por encima; de hecho, es la provincia que más tiempo exige de toda España: 17,8 minutos.
En cuanto a los servicios sanitarios, no hay ningún pueblo de la provincia que carezca por completo de ellos, pero sí son 74 (el 72% de los 103 municipios malagueños) los que no tienen centro de salud, sino sólo un consultorio que suele abrir durante una serie de horas, dos o tres días a la semana.
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El IVIE cifra en 16 los municipios malagueños que carecen de centro de educación infantil y primaria, pero hay que matizar este dato, ya que todos estos pueblos a excepción de uno (Cútar) tienen al menos un aula perteneciente a un colegio público rural que se comparte entre varios municipios. La accesibilidad disminuye al llegar a la educación secundaria: hay 28 municipios sin instituto.
El informe no analiza los servicios de transporte público, que concentran las mayores quejas de los vecinos de pueblos pequeños. La frecuencia de las líneas ha quedado reducida en muchos casos a un solo autobús al día.
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Natacha Rivas es la diputada provincial responsable de Ciudadanía y Atención a la Despoblación. En su opinión, la falta de servicios es sólo una de las razones que dificultan la atracción de población. «Las oportunidades de empleo son tan importantes o más. Si hay empleo y la gente vuelve al pueblo, los servicios van a volver también», argumenta. También reconoce que las comunicaciones también son fundamentales. «Este año Diputación va a poner en marcha un plan de mejoras de las carreteras que conectan entre sí los pueblos con el fin de reducir los tiempos para ir al banco, al médico o al instituto», afirma. «Y no nos olvidamos de las comunicaciones digitales. En esto dependemos de las operadoras y estamos en conversaciones con ellas», añade.
natacha rivas, diputada provincial responsable de ciudadanía y atención a la despoblación
La Diputación también está actuando para paliar el riesgo de exclusión financiera. En la Serranía, donde varios municipios se han quedado sin oficina en los últimos meses, se ha puesto un servicio de transporte para llevar a las mayores a las sucursales bancarias más cercanas. Y en Cútar y Júzcar se está desarrollando un proyecto piloto para convertir las farmacias en puntos de obtención de dinero en efectivo.
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miguel ángel herrera, alcalde de genalguacil
El alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, es una de las voces más críticas contra el «abandono» al que, dice, se está sometiendo a los pueblos pequeños. «Somos víctimas del desmantelamiento de los servicios en los pueblos y de la centralización de esos servicios en los grandes municipios. A la hora de repartir dinero, las Administraciones se basan en criterios de población... O sea, de votos», argumenta.
Herrera no se cree «nada» de los proyectos anunciados por Diputación para luchar contra la despoblación. «Yo sólo creo en el presupuesto. Cuando en vez de llegarnos 300.000 euros nos lleguen 500.000, me lo creeré. Esto son más estudios, más chiringuitos. Déjate de estudios y arréglame la carretera», argumenta.
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