Cambios en los próximos proyectos de VPO: estas son las novedades

Desde la Consejería de Fomento han atendido el grueso de las reivindicaciones que les han trasladado en los últimos meses Fadeco Promotores, la federación regional de las empresas del sector inmobiliario, dirigida por el malagueño Ignacio Peinado, y otras asociaciones de empresarios provinciales, entre ellas la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, que ha tenido un papel protagonista en este asunto. Finalmente, estos son los cambios introducidos para los nuevos proyectos de VPO, unas novedades para cuya aplicación la Junta ha dado un plazo de tres meses, desde que entre en vigor el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de este martes.

Una de las principales reivindicaciones de los promotores era que se incrementaran los límites de precio establecidos para las viviendas protegidas, de forma que se pueda compensar el aumento de costes experimentado en los últimos años por el sector de la construcción. Los empresarios pidieron una subida del 15% en los módulos de precios, a la que añadieron un 5% adicional para los proyectos en los que se requiera una calificación energética especial. Finalmente, el decreto de la Junta sube los precios un 14,5%, un porcentaje que se actualizará cada año en función de la evolución del IPC y que los promotores consideran suficiente.

«Consideramos que es acertado», ha asegurado a SUR Ignacio Peinado. Por su parte, desde la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga han señalado que «solo los materiales de construcción experimentaron subidas por encima del 20%, incrementos que han sido todavía mayores en el coste de financiación», por lo que han indicado que«la actualización del módulo y rentas de alquiler viene a equilibrar, en parte, esa inflación, favoreciendo la viabilidad de desarrollo de estas viviendas protegidas». «Con esta medida Andalucía gana en competitividad con otras comunidades autónomas que contaban con condiciones más favorecedoras al desarrollo de vivienda asequible en venta y alquiler«, han remarcado.

Otra de las demandas de los promotores era que se revisen los topes salariales para acceder a una vivienda protegida, de forma que más familias de clase media puedan adquirirlas sin verse limitadas porque sus ingresos exceden lo permitido. Para ello, pidieron que el límite actual de 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para las viviendas públicas a precio limitado se incremente al 7. En la Comunidad de Madrid, el tope salarial ya está a 7,5 veces el IPREM.

Finalmente, la Junta ha accedido a ese 7, pero solo para los casos en los que, tras tirar de una primera lista de aspirantes para una promoción de VPO y las correspondientes listas de suplentes, queden viviendas por adjudicar. De esta forma, la Consejería de Fomento ha procurado mantener la función social de la vivienda protegida. A juicio de Ignacio Peinado, esto va a favorecer que las promociones de pisos a precio limitado sean «viables» y «tengan un alcance social más amplio».

En el mismo sentido, desde la ACP, han señalado que esta medida que incluye el decreto de la Junta aumenta en un 25% el colectivo de población que puede acceder a las VPO, que «mantienen sus tres regímenes según nivel de ingresos». «Se consigue así, incluir a una parte de la clase media que había quedado fuera del acceso a una vivienda, por no alcanzar los precios del mercado libre y tampoco calificar como beneficiario de una vivienda protegida», han argumentado desde la asociación malagueña de promotores.

Hasta ahora, para determinar el precio de la renta de las viviendas protegidas en alquiler se hacía una distinción en función de que estuvieran o no amuebladas. Así, para las no amuebladas, la renta máxima anual tenía que ser el 4% del precio de referencia del piso en cuestión, un porcentaje que subía al 4,5% para las amuebladas. «En la práctica esta distinción no siempre es fácil de aplicar, suponiendo la ralentización del proceso, por lo que se estima establecer un único precio máximo, del 4,5%, como precio de referencia, sin perjuicio de que el precio final se ajuste a las características concretas de las viviendas», se argumenta en el decreto.

Otro cambio que introduce la Junta en la regulación de las viviendas protegidas es en relación al cálculo de los ingresos familiares en función del número de miembros de la unidad de convivencia. Así, se tocan los coeficientes de ponderación que se aplican a los ingresos para las unidades de dos o más miembros. «Con esta medida, se viene a facilitar el acceso a la vivienda protegida a unidades familiares, especialmente jóvenes, que con los criterios de ponderación anteriores habrían visto reducidas sus posibilidades de acceso», se justifica desde el Gobierno andaluz.

La consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado que «es necesario hacer que la vivienda protegida sea atractiva para que los promotores inviertan y apuesten por ella, más aún en un escenario en el que se han disparado los costes de la producción». «Dentro del Plan Andalucía Simplifica, aprobado para reducir la burocracia de la Junta, hemos revisado el módulo de vivienda protegida para animar a los empresarios a embarcarse en la construcción de nuevas promociones. Además, hemos flexibilizado los requisitos para que las familias puedan acceder a estas viviendas, con cambios en la fórmula de cálculo de los ingresos», ha señalado la consejera, quien ha remarcado que actualmente resulta «fundamental contar con el sector para atender la demanda de viviendas a precio asequible».