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Los 82.680 empleados públicos que en la provincia de Málaga suman Estado, Junta de Andalucía y ayuntamientos verán reflejada en su nómina de noviembre ... la subida adicional del 1,5% que, con carácter retroactivo a enero de 2022, aprobó el Gobierno a mediados de octubre. Pero será de aquí a finales de año (el decreto contempla como medida excepcional la posibilidad de hacerlo durante el primer trimestre de 2023) cuando cobrarán una especie de 'paga extra' correspondiente al incremento aplicable desde comienzos de año hasta octubre, que se abonará en concepto de atrasos.
Esta medida, que se suma al alza del 2% de las retribuciones básicas que entró en vigor el 1 de enero de este año, tiene un carácter excepcional ya que es la primera vez que se produce, y quedará consolidada cara a 2023, cuando también se producirá un aumento fijo del 2,5% y posiblemente otro 1% más en función de la evolución de la inflación (IPC) y del Producto Interior Bruto (PIB). Y sobre esa base, otra subida de al menos el 2% en 2024.
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Una buena noticia para funcionarios y personal laboral de todas las administraciones para poder hacer frente a la escalada de precios. Pero también un quebradero de cabeza más para las entidades públicas, especialmente para muchos ayuntamientos a los que difícilmente le salen los números. Por un lado, por el incremento de los costes de la energía (electricidad y combustible), el encarecimiento de las licitaciones o el mantenimiento de servicios públicos cuya demanda aún no se ha recuperado plenamente desde la pandemia (como el transporte urbano). Y por otro, la caída de los ingresos que ha traído consigo la rebaja obligada del impuesto de la plusvalía.
Ante esta realidad, algunos municipios están haciendo verdadera ingeniería financiera para encajar este gasto sin descuadrar sus presupuestos al cierre de este ejercicio. Y también para reajustar la elaboración de las cuentas de 2023, algunas ya muy avanzadas, para incorporar ambas subidas (la consolidada con carácter retroactivo y la prevista para el próximo ejercicio). Para hacerse una idea, sólo el impacto del incremento del 1,5% entre los 20.700 trabajadores de las entidades locales de la provincia (19.068 en los 103 ayuntamientos y los 1.632 en la Diputación) alcanza los 18 millones de euros. Poniendo esta cifra en su contexto, el coste salarial de estos 20.700 servidores públicos ronda los 1.200 millones de euros anuales, según las partidas que tienen recogidas en sus respectivos presupuestos.
Decreto. El decreto aprobado a mediados de octubre tras el pacto alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la Función Pública (UGT y CC OO) contempla una subida salarial de hasta el 9,5% durante el periodo 2022-2024 repartida durante estos tres años con distintos porcentajes.
2022. Al 2% de incremento aplicado desde el 1 de enero se sumará otro adicional y retroactivo del 1,5% que deberá hacerse efectiva antes de que acabe el año.
2023. Además de consolidarse ese 1,5% adicional de 2022, se producirá un alza fija del 2,5%. Este porcentaje podría verse incrementado en un 1% si el IPC (0,5%) es superior al aumento consolidado entre 2022 y 2023 y si el aumento del PIB nominal (0,5%) fuera igual o superior al previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
2024. Subida del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas el ejercicio anterior. Además, puede añadirse otro 0,5% en el caso de que el IPC entre 2022 y 2024 acabe siendo superior a las alzas acumuladas en ese periodo. Este incremento adicional tendría efectos desde el 1 de enero de 2024.
Con vistas a 2023, ese incremento del 4% (el citado 1,5% más el 2,5% añadido) respecto a los números de este año supone elevar el capítulo de personal en 48 millones más: los citados 18 millones incorporados a la base retributiva y otros 30 por la subida fija prevista para 2023. ¿Cómo lo están encajando en las cuentas? A través de modificaciones de crédito extraordinarias, tirando del remanente e incluso del fondo de contingencia que se deja reservado para imprevistos.
En el caso de la capital, el Ayuntamiento ha cubierto con dinero sobrante de horas extras o vacantes presupuestadas que no han llegado a ocuparse los 2,5 millones que necesita para abonar este incremento salarial en la nómina de este mes a sus 2.810 trabajadores. Pero también ha tenido que inyectar dinero a algunas de las empresas y organismos que conforman el 'holding' municipal, que suman otros tres mil empleados y que, en su conjunto, elevan el importe hasta los 6,3 millones.
De este modo, en la última modificación de crédito aprobada por el Consistorio se ha destinado un millón de euros a distintas sociedades municipales, entre las que destaca la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) con 715.484 euros; pero también hay 141.549 para el personal de Limposam (la empresa que se encarga de la limpieza de colegios y dependencias municipales), 74.519 para los de la entidad social Más Cerca, 24.605 para los de Canal Málaga, 68.583 para los del Teatro Cervantes y 17.839 para los de Málaga Deporte y Eventos.
Cara al próximo ejercicio, el impacto en todo el conglomerado municipal será de 17 millones de euros. «Teníamos el presupuesto del año que viene muy avanzado, pero de golpe y porrazo el decreto de la subida salarial nos ha descabalado a todos. Somos como una casa, con sus ingresos y sus gastos, así que ahora debemos volver a ajustar los ingresos para adaptarnos a los gastos, pero con la premisa de que no vamos a subir los impuestos», apunta el concejal de Economía, Carlos Conde, quien como miembro también de la comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) denuncia que el acuerdo entre Gobierno y sindicatos «se haya hecho sin contar con los ayuntamientos».
«A diferencia del Estado y las comunidades autónomas, los ayuntamientos no podemos cerrar las cuentas con déficit, así que estos crecimientos tan fuertes del gasto que llevamos por el encarecimiento de la energía y los suministros junto a la bajada de los ingresos como los de la plusvalía sin que se haya contemplado una compensación nos dejan en una situación dramática», critica Conde. En este sentido, también subraya que sólo los costes de la Seguridad Social extra que afrontará el Ayuntamiento –«por tanto, ingresos para el Estado», remarca el edil– suponen dos millones de euros adicionales.
Por el volumen de su plantilla, también destacan los cinco millones de más que tendrá que abonar el Ayuntamiento de Marbella para ponerse al día con sus 3.400 trabajadores. En este sentido, cabe remarcar que todos los servicios públicos (limpieza, recogida de residuos, mantenimiento de zonas verdes,…) son gestionados directamente por el Consistorio, a diferencia de otros municipios que los tienen externalizados a empresas privadas. «Lo vamos a financiar con recursos propios sin necesidad de acudir a mecanismos externos de financiación, a pesar de que el Estado no ha colaborado en nada para hacer frente a este incremento y mitigar la carga de las administraciones locales», exponen desde el Área de Hacienda, donde avanzan que los atrasos se abonarán en la nómina de diciembre.
Donde sí que se han visto obligados a hacer uso del fondo de contingencia es en el Ayuntamiento de Fuengirola, que cuenta con una plantilla de 786 trabajadores que cada ejercicio suponen un desembolso de 40,5 millones de euros. Una partida que se verá incrementada este año en algo más de medio millón de euros por ese 1,5%, que se pagará en la nómina de este mes. En cuanto a 2023, desde el Consistorio fuengiroleño aseguran que también se extraerá del fondo consignado para imprevistos.
Por su parte, en Vélez todavía están haciendo números para concretar de dónde saldrán esos 800.000 euros que necesitan para abonar la subida al personal del Ayuntamiento y demás organismos municipales. «De momento, lo vamos a afrontar con modificaciones presupuestarias, pero todavía no tenemos cerrado si será con dinero del remanente o de alguna otra partida que no se haya gastado este año», indica el concejal de Hacienda, David Vilches quien afirma que la idea es pagarlo a lo largo del mes de diciembre. «Aunque el decreto da la posibilidad de posponerlo hasta no más del 31 de marzo de 2023, nos interesa más quitárnoslo en el presupuesto de este año», precisa el edil veleño.
En el caso de Benalmádena, la previsión es hacer efectivo el incremento de sueldo de sus 793 trabajadores en la nómina de enero de 2023. Para ello, en las cuentas municipales del próximo ejercicio que acaban de ser aprobadas de forma inicial se ha contemplado elevar el capítulo de personal en algo más de 4 millones de euros respecto a los 49,2 consignados en los presupuestos vigentes, incluidos las empresas y organismos dependientes.
En cuanto a la Diputación, el alza retroactivo del 1,5% para los 1.632 empleados (los 1.280 de la entidad más los del resto de organismos y consorcios) supondrá un sobrecoste de 1,5 millones de euros, a los que ya se les ha dado encaje, según afirman desde la institución supramunicipal.
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