Los primeros compases de las protestas agrarias se nutrían de movilizaciones convocadas a través de grupos de WhatsApp, sin el correspondiente permiso por parte de la Subdelegación del Gobierno en Málaga. El 6 de febrero, una tractorada irrumpió en la capital para bloquear el acceso ... al puerto. Al día siguiente, el núcleo de la protesta se trasladó a Antequera, donde se intentó cortar el acceso a las plataformas logísticas de los grandes supermercados. Un mes después, esos actos están teniendo sus consecuencias en forma de multas. Las primeras sanciones están llegando a manos de los agricultores y ganaderos que participaron en estas movilizaciones. Multas que se mueven entre los 800 y los 1.000 euros, fundamentadas, todas, en la vulneración de la Ley Orgánica 4/2015, mejor conocida como 'ley mordaza'. Ante esta situación, Asaja, Coag y UPA, las principales asociaciones agrarias, han confirmado a SUR que tratarán de mediar con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, para ver si estas multas se pueden anular o, al menos, aminorar el impacto de las que están por llegar.
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«Nosotros nos hemos puesto en contacto con la Subdelegación de Gobierno para hablar sobre el tema de las multas. Hemos pedido que, en la medida que se pueda, se muestre cierta flexibilidad. Sobre todo, en aquellos casos en los que queda claro que nos han producido daños materiales ni nada por el estilo», señala a SUR el presidente de Asaja, Baldomero Bellido.
Las principales asociaciones agrarias mantienen una interlocución directa con el Gobierno. En Málaga, Asaja, Coag y UPA acaban de perfilar las nuevas movilizaciones del sector. En la provincia, serán los próximos 7 y 13 de marzo. Estas protestas, al contrario que las que han dado lugar a las multas, sí cuentan con las correspondientes autorizaciones y están notificadas.
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El secretario general de Coag en Málaga, Antonio Rodríguez, señala a este periódico que «tratamos de ayudar y ver lo que se puede hacer con las multas». Sin embargo, reconoce que interferir en un proceso administrativo que ya está en marcha es complejo. Rodríguez siempre ha defendido la protesta, pero por los causes legales.
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En todo caso, invita a los asociados de Coag que hayan recibido una multa a que acudan a la oficina de la asociación. «Trataremos de recurrir lo que se pueda, nosotros no dejamos tirados a nuestra gente». En la misma línea se muestra el presidente de UPA, Francisco Moscoso. «Estamos viendo qué se puede hacer e insistiremos en el tema de las multas», expresa.
La Subdelegación del Gobierno en Málaga, a consultas de este periódico, declinó realizar una valoración sobre este asunto.
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