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María Bravo, agricultora de Ardales, participó en la primera tractorada que irrumpió en Málaga el pasado 6 de febrero. Ella y su marido se desplazaron hasta la capital con un tractor y un vehículo 'pick up'. Ambos estuvieron en el bloqueo del puerto para llamar ... la atención sobre la mala situación que vive el campo. Un día después, los manifestantes decidieron levantar las protestas y retornar a sus pueblos. Estas 24 horas le pueden salir ahora muy caras a María Bravo y al resto de agricultores que estuvieron en esta movilización o en alguna otra de las que se organizaba al margen de las asociaciones agrarias. La Subdelegación del Gobierno ya avisó entonces que iba a proponer sanciones. Es ahora, un mes después de las primeras movilizaciones del campo, cuando están llegando también las primeras multas.
María Bravo acumula tres. Cada una por un importe de 800 euros. «La sensación es de impotencia absoluta. Nos sentimos tratados como delincuentes, cuando lo único que hemos querido es protestar por una situación que afecta no solo a nosotros, sino que es algo que debería preocupar a toda la sociedad», explica la agricultora de Ardales. Los expedientes de sanción se fundamentan en una infracción contra la Ley Orgánica 4/2015.
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En la formulación de las multas se alude a la «alteración de la seguridad ciudadana» por obstaculizar las vías. «En ningún momento se puso en riesgo a nadie. La protesta discurrió de manera pacífica y nosotros colaboramos con los agentes de la Policía Nacional y Local», asegura María Bravo. Una de las multas le crea una especial indignación. Según detalla, en esta sanción, también de 899 euros, se le acusa de obstaculizar el tráfico frente al edificio de la Subdelegación del Gobierno en Málaga que se encuentra en el Paseo de Sancha. «Es falso. Nosotros no obstaculizamos nada. Pasamos por ahí y pitamos en señal de protesta. Nada más», repite.
María Bravo y su marido no son los únicos agricultores que han recibido una multa estos días. Solo el primer día de la protesta, la Subdelegación de Málaga ya habló de que se habían efectuado unas 400 propuestas de sanción.
Las manifestaciones, que al principio se organizaban por grupos de WhatsApp, se sucedieron en los días siguientes. El epicentro del malestar se trasladó luego a Antequera, donde los agricultores pusieron en su foco a las plataformas logísticas que tienen aquí supermercados como Mercadona o Día.
Este periódico también ha recabado testimonios de agricultores que estuvieron presentes en estas movilizaciones. El 7 de febrero fue el día de más tensión. Fue también el día en el que hubo cargas para dispersar a la masa congregada. Agentes antidisturbios lanzaron gases y dispararon pelotas de goma. Entre los agricultores presentes en las protestas de Antequera, hay profesionales del campo que han recibido multas que ascienden hasta los 1.000 euros.
En una de estas sanciones, que ha podido ser cotejada por SUR, se impone una multa por el valor de 1.000 euros por «obstaculizar la vía» y se describe la escena en la que un agricultor cruza un camión en la calzada para evitar el tránsito. Fue una de las imágenes más icónica que ha deja por ahora la protesta del campo. De nuevo, estas multas se ampara en la Ley Orgánica 4/2015. Además, se recuerda que una infracción por «poner en riesgo la seguridad ciudadana» o por «desobedecer a un agente» puede conllevar sanciones que se mueven en una horquilla de 601 a 30.000 euros.
María Bravo, una de las afectadas, señala que va a recurrir las multas porque «los motivos que se exponen en la sanción no corresponden a la realidad». Asegura que esa será la tónica entre los afectados. Además del perjuicio económico que le supondría saldar las multas, siente que representan un intento de «dar un escarmiento a los agricultores para aplacar las movilizaciones».
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