De la Torre amenaza al comité de Limasa con replantearse la municipalización de la empresa

Francisco de la Torre mantiene su convencimiento de que lo mejor para la limpieza de la ciudad pasa por la municipalización de Limasa, pero ante el rechazo del comité de empresa a la última oferta del Ayuntamiento sobre las condiciones laborales de la plantilla y la amenaza de «futuras movilizaciones», el alcalde Málaga se mostró tajante ayer al asegurar que la gestión pública de la limpieza viaria sólo se consumará si se acepta esta última propuesta, en la que los 8.200 euros que se les ofrecía a cada trabajador en concepto de atrasos de los últimos años ganados en los tribunales pasarían a ser variables a cobrar en cinco años en función de la eficiencia en el trabajo. «Si de verdad se quiere municipalizar en el ámbito del comité y no hay otra estrategia detrás, se puede y se debe aceptar esta oferta», afirmó De la Torre, para quien «no hay mayor capacidad de convicción que el análisis sobre la oferta que se plantea».

«Espero que estén en la reflexión, porque la oferta es magnífica, y que también el personal la conozca y que conduzca a su aceptación», apuntó el primer edil, quien sin «querer presionar» a la plantilla, sí que advirtió de que la decisión «hay que tomarla» en estos días «para que el tema no se alargue innecesariamente». Cuestionado sobre el tiempo de maniobra teniendo en cuenta que él mismo dio de plazo hasta finales de este mes, De la Torre se mostró abierto a esperar «cinco o siete días», pero lanzando el siguiente aviso: «Si no hay respuesta en un tiempo razonable, reflexionaremos nosotros», en referencia a la posibilidad de dar marcha atrás en su apuesta por municipalizar la limpieza viaria y la recogida de residuos en la capital. En este sentido, incidió en la necesidad de dar el paso definitivo cuanto antes: «No podemos mantenerlo indefinidamente, tenemos que tomar una decisión».

Mientras tanto, la concejala responsable de Limasa, Teresa Porras, está visitando estos días los distintos centros de trabajo de la compañía para trasladar personalmente a los empleados la propuesta que ya ha comunicado al comité. De momento, el principal escollo está en la exigencia municipal de que parte del sueldo sea variable y vaya ligada a la eficiencia del personal en su tarea diaria, aunque también hay discrepancias en cuanto al incremento salarial, las vacaciones, la duración del próximo convenio colectivo y en la conversión en fijos a jornada completa de trabajadores que sólo trabajan los fines de semana.

En materia de productividad la empresa establece una paga por objetivos de 2.500 euros anuales (867 euros de la antigua paga de productividad y otros 1.633 que aportaría la empresa a través de los citados atrasos repartidos en cinco años, con el compromiso de consolidarlos a partir de 2023), mientras en el comité mantienen que 1.693,88 euros son fijos para la plantilla a raíz de las resoluciones judiciales. En cuanto al salario, la propuesta municipal es, dado que pasarían al sector público, ligar los incrementos a los establecidos en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, los representantes sindicales también reclaman recuperar el incremento del IPC acumulado entre 2012 y 2018, amparándose en lo dictaminado en los tribunales. Respecto a las vacaciones, que actualmente se concentran en verano, el Ayuntamiento pretende que 21 días se tomen entre octubre y mayo y los 15 restantes entre junio y septiembre, una posibilidad que en el comité sólo contemplarían «a cambio de más días o dinero, de la misma manera que los convenios colectivos de otras empresas del Ayuntamiento».

Duración del convenio. Hasta 2023.

Subida salarial. La que recoja los Presupuestos Generales del Estado para el ámbito público. Este año sería del 2,25%.

Vacaciones. 15 días entre junio y septiembre y 21 de octubre a mayo.

Productividad. 2.500 euros anuales en función de objetivos (867 euros de la antigua paga y 1.633 procedentes de los atrasos de los últimos años). De esa cuantía, 1.500 euros irían ligados al absentismo y 1.000 en función de la eficiencia y calidad en el trabajo.

Paga de septiembre. Se mantienen en 923,82 euros

Conversión en fijos. Ampliación a jornada completa de un centenar de trabajadores que ahora sólo trabajan fines de semana y festivos.

Duración del convenio. Hasta 2022.

Subida salarial. Actualizar las tablas al IPC acumulado entre 2012 y 2018, y cara a 2019 un 3,1% (el 1,5% recogido en el convenio vigente más el 1,6% del IPC interanual).

Vacaciones. Aceptarían que una parte se disfrute fuera del verano, pero a cambio de más días o dinero.

Productividad. Consideran que 1.693,88 euros de los 2.500 que plantean la empresa y el Ayuntamiento ya les corresponde vía tribunales, por lo que no pueden ser variables.

Paga de septiembre. Se situarían en 1.200 euros.

Conversión en fijos. Ampliación a jornada completa de unos 150 trabajadores para que se cubran todos los servicios.