Limasa, otra vez bajo amenaza de movilizaciones ante la falta de acuerdo para la municipalización

«Compañeras y compañeros, estad preparados para futuras movilizaciones». Con esta frase concluye el comunicado que el comité de empresa de Limasa remitió ayer a la plantilla tras constatar, una vez más, los nulos avances entre sindicatos y Ayuntamiento para fijar las condiciones laborales del personal en el proceso de municipalización de la empresa de limpieza. Tras retomar el diálogo hace dos semanas en un nuevo intercambio de ofertas y contraofertas, la empresa movió ficha enviando un mensaje masivo a la totalidad de los trabajadores con la última propuesta municipal, en la que la principal novedad radica en que los 8.200 euros que había ofrecido a cada empleado en concepto de atrasos por las sentencias judiciales que dictan que el único convenio vigente es el de 2010-2012 (previo a los recortes) los computa ahora como variables a abonar en cinco años en función de la eficiencia del trabajador en su día a día.

Ante esta postura (cambio de oferta y envío de la misma a todos los trabajadores), el comité de empresa publicó otro comunicado en el que además de expresar su disconformidad y detallar su propuesta, denuncian «la tomadura de pelo» del equipo de gobierno con los trabajadores de Limasa. «No lo vamos a permitir, no lo tenemos que permitir», advierten.

Como viene ocurriendo desde que a mediados de 2018 el alcalde, Francisco de la Torre, dio marcha atrás al acuerdo con Ciudadanos de implantar un modelo mixto (limpieza privada y recogida de residuos pública) para apostar decididamente por una municipalización integral, el principal escollo está en la exigencia del regidor de que parte del sueldo sea variable y vaya ligada a la eficiencia del personal en su tarea diaria, aunque también hay discrepancias en cuanto al incremento salarial, las vacaciones, la duración del próximo convenio colectivo y en la conversión en fijos a jornada completa de trabajadores que sólo trabajan los fines de semana. Todo ello en un contexto en el que los sindicatos siguen reclamando el abono de unos 9.300 euros a la plantilla en concepto de los citados atrasos.

En materia de productividad la empresa establece una paga por objetivos de 2.500 euros anuales (867 euros de la antigua paga de productividad y otros 1.633 que aportaría la empresa a través de los citados atrasos), mientras en el comité mantienen que 1.693,88 euros son fijos para la plantilla a raíz de las resoluciones judiciales. En cuanto al salario, la propuesta municipal es, dado que pasarían al sector público, ligar los incrementos a los establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que este año sería del 2,25%. Sin embargo, los representantes sindicales también reclaman recuperar el incremento del IPC acumulado entre 2012 y 2018, amparándose en lo dictaminado en los tribunales de justicia.

Lo mismo ocurre con la paga de septiembre, que la empresa mantiene en 929,82 euros cuando para el comité deben ser 1.200. Respecto a las vacaciones, que actualmente se concentran en verano, el Ayuntamiento pretende que 21 días se tomen entre octubre y mayo y los 15 restantes entre junio y septiembre, una posibilidad que en el comité sólo contemplarían «a cambio de más días o dinero, de la misma manera que los convenios colectivos de otras empresas del Ayuntamiento y no por la cara». Por último, el comité pide la conversión en fijos de más de 150 trabajadores, mientras la empresa ofrece ampliaciones a jornada completa a un centenar de empleados contratados a tiempo parcial. Las discrepancias son tales que llegan incluso a la duración del hipotético acuerdo laboral, ya que los sindicatos plantean su vigencia hasta 2022 mientras el Consistorio quiere extenderlo hasta 2023.

Duración del convenio. Hasta 2023.

Subida salarial. La que recoja los Presupuestos Generales del Estado para el ámbito público. Este año sería del 2,25%.

Vacaciones. 15 días entre junio y septiembre y 21 de octubre a mayo.

Productividad. 2.500 euros anuales en función de objetivos (867 euros de la antigua paga y 1.633 procedentes de los atrasos de los últimos años). De esa cuantía, 1.500 euros irían ligados al absentismo y 1.000 en función de la eficiencia y calidad en el trabajo.

Paga de septiembre. Se mantienen en 923,82 euros

Conversión en fijos. Ampliación a jornada completa de un centenar de trabajadores que ahora sólo trabajan fines de semana y festivos.

Duración del convenio. Hasta 2022.

Subida salarial. Actualizar las tablas al IPC acumulado entre 2012 y 2018, y cara a 2019 un 3,1% (el 1,5% recogido en el convenio vigente más el 1,6% del IPC interanual).

Vacaciones. Aceptarían que una parte se disfrute fuera del verano, pero a cambio de más días o dinero.

Productividad. Consideran que 1.693,88 euros de los 2.500 que plantean la empresa y el Ayuntamiento ya les corresponde vía tribunales, por lo que no pueden ser variables.

Paga de septiembre. Se situarían en 1.200 euros.

Conversión en fijos. Ampliación a jornada completa de unos 150 trabajadores para que se cubran todos los servicios.