Limasa vuelve a estallar

Limasa vuelve a estallar como consecuencia de un conflicto laboral que lleva años enquistado y al que de momento se le ven pocos visos de solución. Todo ello en un contexto en el que el Ayuntamiento tiene en marcha el procedimiento para municipalizar el servicio de limpieza, al menos por ahora porque el alcalde ya ha dejado entrever que el clima actual no es el más favorable.

Los 23 representantes sindicales que conforman el comité de empresa se plantaron ayer por la tarde en el Ayuntamiento dispuestos a zanjar de una vez el asunto. Se reunieron durante más de tres horas con Francisco de la Torre, pero sin ningún acercamiento más allá del ofrecimiento del regidor a negociar un nuevo convenio laboral de una forma más pausada. Una calma que contrastaba con la urgencia que los sindicatos querían darle. «Nos nos vamos hasta que haya acuerdo», advertía el presidente del comité, Manuel Belmonte, quien ya al inicio de la reunión había mostrado al alcalde el cepillo de dientes que traía.

Toda una declaración de intenciones que empezó a plasmarse en un encierro cuando a las ocho de la tarde, De la Torre abandonaba el Consistorio para acudir a un acto en la Catedral. En vista de como iba evolucionando la noche, el regidor regresó, pero con la intención de volver a marcharse. «Espero que se vayan. Les he ofrecido seguir negociando, pero no ahora», explicaba el alcalde mientras iban llegando agentes de la Policía Local.

Una hora después, cerca de las once de la noche, el primer edil abandonaba la Casona del Parque reiterando su ofrecimiento de diálogo, pero afeando a los sindicatos su maniobra. «No han respetado el acuerdo de vernos un par de horas. Han venido con el propósito de hacer lo que han hecho», exponía el regidor, quien también ha advertido de que esta situación puede afectar a la municipalización de Limasa. «Creo en ella, pero este tipo de gestos crean una imagen que no es positiva. Les he llamado a la responsabilidad porque este proceso debe darse en términos que no den una imagen negativa de Limasa», ha remarcado.

Igualmente crítica se mostraba la concejala de Limpieza, Teresa Porras: «Es una guerra sindical y han pillado al Ayuntamiento en medio. Han venido a hacerse la foto». Mientras tanto, los representantes sindicales decidían hacer noche en el Salón Azul del Ayuntamiento, contiguo al Salón de los Espejos, 'acompañados' por policías locales a la espera de acontecimientos. A primera hora de la mañana de este jueves se procedía al desalojo, que se ha llevado a cabo sin incidencias.

¿Y cuál es el origen del conflicto? De nuevo, las condiciones laborales de la plantilla y los atrasos que les corresponden tras la sentencia que declara que el único convenio vigente es el de 2010-2012, previo a los recortes. El conflicto se viene arrastrando desde 2015, pero la diferencia ahora está en que sobre la mesa hay un pronunciamiento del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga que tumba las pretensiones de la entidad de consolidar los recortes aplicados a la plantilla durante la crisis (salario, vacaciones repartidas durante todo el año, dejar de descansar todos los fines de semana o la imposibilidad de trabajar los festivos) que fueron pactados entre 2012 y 2013 para desconvocar hasta tres convocatorias de huelga.

Aunque unos y otros acordaron acatar el fallo en primera instancia para no dilatar más el litigio, la empresa ha optado finalmente por recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a pesar de que el alto tribunal andaluz ya se pronunció en esta misma línea en un procedimiento paralelo.

Ambas partes coinciden en que a la hora de negociar el nuevo marco laboral debe partirse de las condiciones laborales previas a estos recortes. Sin embargo, la discrepancias surgen al interpretar si los 1.800 trabajadores deben recuperar esos derechos perdidos con carácter retroactivo. La empresa mixta de limpieza (y el Ayuntamiento como titular del 49% de las acciones) acepta que tiene que pagar y así se lo reconoció a los sindicatos el pasado día 15 en una reunión en la que les trasladó su intención de abonar entre 1.000 y 1.500 euros a los trabajadores en concepto de atrasos en la primera quincena de noviembre, una cuantía que se queda muy corta respecto a los más de diez mil que reclaman los trabajadores. El comité de empresa quería que fuera el alcalde «en persona» quien les confirmara que ésa es la postura municipal. Y así lo hizo el alcalde. «No podemos dejar de recurrir porque estamos hablando de recursos públicos y del interés general de la ciudad», apuntaba dando a la sentencia una interpretación radicalmente opuesta a la de los sindicatos.

De momento, a lo único que accede la empresa es a abonarles en la primera quincena de noviembre los atrasos derivados de la actualización de la paga de productividad (2014-2017) y de la paga de septiembre (2015-2017), así como los 68 euros de la cesta de Navidad desde 2014 a 2017, lo que en su conjunto supondrá un montante de 2,8 millones de euros para la plantilla. La cuantía media será de 1.550 euros, aunque variará en función de la categoría profesional de cada empleado. Sin embargo, para la plantilla debe ser bastante superior. En materia salarial, exigen una subida del 1,5% ya que el convenio recogía un incremento del 2% aunque para desconvocar la huelga en febrero de 2012 se pactó dejarlo en un 0,5%. Igualmente, también piden la recuperación íntegra de la paga de productividad (han venido cobrando una parte). En su conjunto, el montante que consideran que les corresponde rondaría los diez mil euros por trabajador sólo en estos conceptos.

Del mismo modo, los sindicatos también entienden que la empresa debe compensar a la plantilla por el ahorro obtenido en los últimos años por otras modificaciones del convenio como fueron la eliminación de los descansos los fines de semana, el reparto de las vacaciones durante todo el año en lugar de concentrarlas en verano (ambos ya recuperados este año) o la imposibilidad de trabajar los festivos, que se pagan a 140 euros.

Ante estas discrepancias, una posibilidad que barajan los trabajadores es presentar demandas individuales para exigir los atrasos que reclaman. En total, 1.800 denuncias. «El reloj ya está en marcha y no podemos prolongar más esta situación», advierten.