La Policía pone fin al encierro del comité de Limasa en el Ayuntamiento

La Policía Local ha puesto fin a primera hora de este jueves al encierro que desde la tarde-noche de ayer mantenían en el Ayuntamiento los 23 miembros del comité de empresa de Limasa. Tras pasar la noche en uno de los salones de la Casona del Parque, tres furgones del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) han llegado al Consistorio como refuerzo para proceder al desalojo, que se ha llevado a cabo sin incidencias una vez que los agentes han pedido a los empleados de Limasa que salieran de forma voluntaria.

Aunque se les ha dejado pasar la noche en el Ayuntamiento, la consigna era aguardar hasta primera hora de la mañana para ver si salían por iniciativa propia o, en caso contrario, intervenir antes de que empezara la actividad diaria en la Casona, donde hoy se celebra el pleno ordinario. Finalmente, a las 7.40 horas se ha procedido al desalojo. El comité ha salido por la puerta principal criticando que les traten como «delincuentes».

«Parece que quieren que haya conflicto cuando hemos venido en busca de una solución. El alcalde prefiere estar en cualquier acto en lugar de llegar a un acuerdo. Hasta aquí hemos llegado, la plantilla está encabronada y se siente engañada», ha afirmado el presidente del comité, Manuel Belmonte, a las puertas del Consistorio. Respecto a posibles movilizaciones, el dirigente sindical ha incidido en la idea de apurar la vía del diálogo, pero insistiendo en el malestar existente en la plantilla en referencia al recurso judicial presentado por la empresa contra la sentencia que tumba sus pretensiones de mantener los recortes aplicados a la plantilla durante la crisis. «No pedimos más dinero, sólo lo que dice la sentencia». «Vamos a seguir así para que el conflicto no vaya a más», ha reiterado Belmonte, quien respecto a la advertencia del alcalde de que este conflicto puede afectar a la municipalización del servicio de limpieza ha apuntado que «no tiene nada que ver, porque la municipalización es para mejorar el servicio en los barrios con los 12 millones anuales de ahorro que supone».

De nuevo, las condiciones laborales de la plantilla y los atrasos que les corresponden tras la sentencia que declara que el único convenio vigente es el de 2010-2012, previo a los recortes. El conflicto se viene arrastrando desde 2015, pero la diferencia ahora está en que sobre la mesa hay un pronunciamiento del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga que tumba las pretensiones de la entidad de consolidar los recortes aplicados a la plantilla durante la crisis (salario, vacaciones repartidas durante todo el año, dejar de descansar todos los fines de semana o la imposibilidad de trabajar los festivos) que fueron pactados entre 2012 y 2013 para desconvocar hasta tres convocatorias de huelga.

Aunque unos y otros acordaron acatar el fallo en primera instancia para no dilatar más el litigio, la empresa ha optado finalmente por recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a pesar de que el alto tribunal andaluz ya se pronunció en esta misma línea en un procedimiento paralelo.

Ambas partes coinciden en que a la hora de negociar el nuevo marco laboral debe partirse de las condiciones laborales previas a estos recortes. Sin embargo, la discrepancias surgen al interpretar si los 1.800 trabajadores deben recuperar esos derechos perdidos con carácter retroactivo. La empresa mixta de limpieza (y el Ayuntamiento como titular del 49% de las acciones) acepta que tiene que pagar y así se lo reconoció a los sindicatos el pasado día 15 en una reunión en la que les trasladó su intención de abonar entre 1.000 y 1.500 euros a los trabajadores en concepto de atrasos en la primera quincena de noviembre, una cuantía que se queda muy corta respecto a los más de diez mil que reclaman los trabajadores. El comité de empresa quería que fuera el alcalde «en persona» quien les confirmara que ésa es la postura municipal. Y así lo hizo el alcalde. «No podemos dejar de recurrir porque estamos hablando de recursos públicos y del interés general de la ciudad», apuntaba dando a la sentencia una interpretación radicalmente opuesta a la de los sindicatos.

De momento, a lo único que accede la empresa es a abonarles en la primera quincena de noviembre los atrasos derivados de la actualización de la paga de productividad (2014-2017) y de la paga de septiembre (2015-2017), así como los 68 euros de la cesta de Navidad desde 2014 a 2017, lo que en su conjunto supondrá un montante de 2,8 millones de euros para la plantilla. La cuantía media será de 1.550 euros, aunque variará en función de la categoría profesional de cada empleado. Sin embargo, para la plantilla debe ser bastante superior. En materia salarial, exigen una subida del 1,5% ya que el convenio recogía un incremento del 2% aunque para desconvocar la huelga en febrero de 2012 se pactó dejarlo en un 0,5%. Igualmente, también piden la recuperación íntegra de la paga de productividad (han venido cobrando una parte). En su conjunto, el montante que consideran que les corresponde rondaría los diez mil euros por trabajador sólo en estos conceptos.

Del mismo modo, los sindicatos también entienden que la empresa debe compensar a la plantilla por el ahorro obtenido en los últimos años por otras modificaciones del convenio como fueron la eliminación de los descansos los fines de semana, el reparto de las vacaciones durante todo el año en lugar de concentrarlas en verano (ambos ya recuperados este año) o la imposibilidad de trabajar los festivos, que se pagan a 140 euros.

Ante estas discrepancias, una posibilidad que barajan los trabajadores es presentar demandas individuales para exigir los atrasos que reclaman. En total, 1.800 denuncias. «El reloj ya está en marcha y no podemos prolongar más esta situación», advierten.