Tirón de orejas de los promotores a las administraciones públicas por abandonar la VPO en Málaga

Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores (la federación andaluza del sector inmobiliario), llega a preguntarse qué será lo siguiente, si la situación no se revierte con urgencia: «¿Veremos tiendas de campaña y caravanas en las plazas, en las calles y en los parques?», reflexiona el también directivo de Urbania. Peinado alerta de que las administraciones públicas destinan menos del 1% de su gasto a vivienda, «y eso no es darle prioridad».

Frente a la «hiperregulación», que considera insostenible, el presidente de Fadeco defiende que la única solución es «hacer más viviendas y más rápido, pero de verdad; no decirlo, sino hacerlo». «¡Qué cantidad de solares vemos en Málaga, abandonados desde hace 30 años, y que sólo sirven como aparcamientos clandestinos!», critica el representante de los promotores andaluces, quien se lamenta que ahora está en la calle un asunto sobre el que «los promotores llevamos muchos años predicando en el desierto y pidiendo medidas». «Las políticas de vivienda y suelo han sido abandonadas de los presupuestos públicos. Además, una cuarta parte de lo que paga un ciudadano por una vivienda son impuestos. Si la vivienda es un bien escaso, habrá que quitarle el IVA, como al aceite de oliva», reflexiona.

A su juicio, parte del problema es que las soluciones estructurales pueden tardar hasta dos legislaturas, y por eso no son una prioridad política. «Y eso lo sufren los ciudadanos, con los que nosotros nos solidarizamos porque nos preocupa mucho el problema de la falta de viviendas, igual que a todos».

Uno de los asistentes al foro, el director territorial de Vía Célere, José Ortiz, coincide en que los empresarios del sector llevan «muchos años preocupados» con el problema del acceso a la vivienda en Málaga. No obstante, asegura que ellos tienen poco margen de maniobra para dar una solución a esta coyuntura que les viene dada por la escasez de suelos listos para construir, lo que hace que los precios se disparen. «Nosotros podemos ayudar, pero esto lo tienen que solventar los políticos, porque el tiempo es dinero y la burocracia es cada vez más lenta. En el mejor de los casos, podemos estar de media un año y medio esperando para conseguir una licencia de obras, sin contar con los meses previos de preparación de los proyectos. Es decir, que las viviendas que hoy planeemos no estarán listas al menos hasta dentro de cuatro años», argumenta Ortiz.

Asimismo, al igual que otros profesionales del sector, insiste en la necesidad de que las administraciones bajen los impuestos a la construcción porque es otra de las cuestiones que termina repercutiendo en el precio de la vivienda, junto con la escasez de mano de obra cualificada. «El precio de la vivienda se podría reducir en un 15% solo si se quitaran cargas fiscales», apunta el director territorial de Vía Célere para la zona sur del país.

En el mismo sentido, Miguel Rodríguez, responsable del grupo Myramar, asegura que entre el 25% y el 30% del precio final de la vivienda depende de los impuestos a la construcción. A su jucio, las administraciones públicas están demostrando «poca implicación real» con el problema de la vivienda. «¿Por qué se tarda diez años en aprobar el plan urbanístico para un suelo? Además, hay un atasco brutal con los informes ambientales», remarca este promotor, quien coincide con sus compañeros del sector en señalar como principales causas de la situación actual la escasez de suelo disponible para construir, y una escasa apuesta de las administraciones públicas por la VPO.

«Hace treinta años, la vivienda protegida suponía más de la mitad de la que se construía en Málaga, pero las instituciones no están haciendo lo que hacían en los años 80 y 90, ya que cortaron el grifo de las ayudas a fondo perdido que facilitaban que la VPO fuera para la clase media», sostiene Rodríguez, quien echa sobre los responsables políticos todo el peso de la actual ausencia de la vivienda protegida. «O se recupera ese apoyo decidido de las administraciones a la VPO, o esto no tendrá solución», remarca Miguel Rodríguez, quien considera positiva pero no suficiente la medida de la Junta de incrementar el precio de estas viviendas y los márgenes salariales de sus adjudicatarios para animar a los empresarios a regresar a esta tipología residencial que actualmente tienen abandonada porque difícilmente les reporta beneficios.

Sobre el escenario del foro de la ACP, los responsables políticos que han participado de la Junta y el Ayuntamiento admiten que tienen que reforzar sus políticas de vivienda, pero también aprovechan para atacar a la Ley de Vivienda del Gobierno central. «El alquiler está sumido en el caos y el desastre absoluto de la ley estatal de vivienda, que ha retirado viviendas del mercado por parte de los propietarios y ha aumentado el precio. El Gobierno de España no quiere asumirlo y sentarse con el sector, pero hay un problema extremo de inseguridad jurídica, da más seguridad al que ocupa la vivienda que al propietario», afirma la consejera de Fomento, Rocío Díaz, quien asegura que el anteproyecto de la nueva ley andaluza de vivienda irá al Consejo de Gobierno este mes de julio y fomentará los pisos a precios asequibles.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sostiene que la Gerencia Municipal de Urbanismo «está en el camino para ser más ágil» y hará lo necesario para que «cada urbanización sea viable para poder tener suelo finalista y poder construir». «El Ayuntamiento va a ayudar a los agentes urbanizadores a ir más rápido», insiste.

Por su lado, Juan Ignacio Zafra, director territorial Andalucía de CaixaBank, entidad patrocinadora del encuentro, puntualiza que «el suelo tiene problemas de desarrollo y de financiación por la falta de certidumbre en cuanto a los tiempos». «Hay un problema de plazos», concluye.